Los medios de comunicación conservadores están llevando a cabo todo un juicio paralelo para que el Tribunal Constitucional acepte que los jueces puedan ir a Europa y sus tribunales se pronuncien sobre la legalidad de la sentencia de los Eres de Andalucía. Y lo peor no es eso. Apuntan directamente contra el presidente, Cándido Conde-Pumpido, al que acusan de querer vetar esta iniciativa cuando ni siquiera se ha debatido en el pleno de la corte de garantías. Sólo existen los informes de los letrados y fiscales. Y nada más. Pero la derecha judicial ha puesto la venda antes de producirse la herida y ha generado un debate estéril que lo único que pretende es poner en la picota a una de sus bestias negras. Conde-Pumpido es el enemigo a batir y para ello vale todo. Además, el propio presidente del Constitucional afirmó ayer que respeta la autonomía de los órganos judiciales para elevar prejudiciales, aunque no lo comparta.
El asunto figura en el orden del día del pleno del tribunal de este martes. Y todo lo que se diga con anterioridad, lo único que hace es presionar o disuadir a los jueces que se van a encontrar encima de la mesa cinco informes de los letrados de la institución en algunos de los cuales se asegura que la cuestión prejudicial que piensa plantear la Audiencia de Sevilla al TJUE es imparable. Pero también se van a encontrar con los dictámenes de la fiscalía que desaconseja que el caso vaya a Europa argumentando que "la primacía del Derecho de la Unión no dispensa a los órganos jurisdiccionales de la obligación de respetar el principio de legalidad", señalan el informe los representantes del ministerio público, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, quienes echan más leña al fuego al dejar claro que su posición sobre este asunto la realizan"siguiendo las instrucciones recibidas a tal efecto". Y, lógicamente, la derecha se ha echado encima del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusándole de interferir en el trabajo de sus subordinados, como si fuese la primera vez que se imparten órdenes. La fiscalía de este país está fuertemente jerarquizada. Y las órdenes “de arriba” no son ninguna novedad. Las han utilizado todos los fiscales generales de la democracia, desde los tiempos de Adolfo Suárez hasta la actualidad.
Es un nuevo paso de la derecha judicial para neutralizar a sus “bestias negras”. Cándido Conde-Pumpido es “el mayor exponente de la izquierda radical” y manda en el Constitucional aplicando la férrea disciplina sobre los siete jueces progresistas, según la versión del sector conservador de la judicatura. Ese mismo sector que no le perdona que llevase a cabo lo que llaman “escisión” de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura para crear la progresista Juezas y Jueces para la Democracia que en realidad no fue así, y Conde-Pumpido lo único que hizo fue acompañar a un grupo de jueces disconformes con la deriva de la APM. Pero nunca lideró esa salida.
Como tampoco es, tal y como le acusan, el dirigente en la sombra de ese “grupo” de jueces y fiscales que la derecha judicial considera está a las órdenes del PSOE y del que forman parte la que fue ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La fuerte inquina de los fiscales y jueces conservadores hacia estas dos personas obedece a intereses personales más que a antagonismos ideológicos.
La derecha acusa a Conde- Pumpido de seguir las órdenes de Moncloa. Un criterio que sería perfectamente rebatible ya que el Tribunal Constitucional siempre ha sido una institución con fuerte influencia del poder ejecutivo. Todavía hoy se recuerda como uno de los episodios más bochornosos de la transición el protagonizado por el anterior presidente Pedro González-Trevijano apoyado por la mayoría conservadora del anterior mandato, en el que suspendió la votación que se estaba llevando a cabo en el parlamento para modificar el sistema de elección de la corte de garantías. El hecho llegó a ser calificado como un verdadero “golpe de mano” contra la democracia.
Conde-Pumpido todavía no ha tenido que llegar a esos extremos. Pero la derecha intenta establecer cierto paralelismo argumentando un inexistente abuso de poder. Hasta donde se conoce, ningún informe propone un correctivo a los miembros de la Audiencia Provincial de Sevilla. Es más. No están las cosas para llegar a tomar ese tipo de decisiones. La derecha se ha encargado de caldear los ánimos y comienzan a lanzarse amenazas de “irregularidades” de las que serían responsables los que promuevan poner coto a la libertad de los jueces de acudir a la justicia europea.
Algunos analistas conservadores van más lejos. Creen que el debate que se va a producir en el pleno del TC es el principio del que tendrá lugar sobre la ley de amnistía. En el supuesto de que la interpretación de la malversación del Supremo en torno a los condenados del procès no sea avalada por el TC quedará la posibilidad de plantear la cuestión de prejudicialidad en la instancia de Luxemburgo. De hecho, ya hay antecedentes jurídicos sobre la interpretación de la malversación que debe estudiar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, luego no se puede reducir el debate a una mera prohibición puesto que este tipo de recurso ya está en marcha.
Por mucho que la derecha judicial intente argumentar que lo que pretende Conde-Pumpido es vetar a los jueces para acudir al TJUE, los hechos son tozudos. Son muchos los ejemplos de cuestiones prejudiciales presentadas por los juzgados de este país en Bruselas. Otra cosa diferente es que esta es la primera vez donde ha surgido un enfrentamiento. Pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras por esta situación. La polarización social que se ha instalado en este país salpica, también, a la carrera judicial, muy dividida en estos momentos. La derecha está utilizando todo tipo de argucias para acabar con las iniciativas de la izquierda. Y no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que estamos acudiendo a un enfrentamiento a cara de perro Y el mejor ejemplo es éste, la batalla en el seno del Constitucional en la que interviene la derecha mediática que ya no se corta un pelo a la hora de interferir en la labor de los jueces y magistrados.