El caso Begoña Gómez se ha convertido en una persecución política de la derecha contra Pedro Sánchez semejante a lo que ocurrió con los ERES de Andalucía. La ultraderecha, personada como acusación popular en cinco frentes distintos, está coordinándose con Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo para dar la mayor relevancia pública a este asunto. Y cuentan con inestimables colaboraciones como la del vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal Martínez del Peral. Cada uno, colaborando en un terreno concreto, están logrando que las acusaciones a la mujer del presidente Sánchez empiecen a preocupar en Bruselas.
Coello de Portugal es el vicerrector de relaciones institucionales de la UCM que sustituyó en el cargo a otro de los testigos, Juan Carlos Doadrio. Ante el juez, ambos se desligaron de las facturas de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía Gómez. Según el abogado de la mujer del presidente, Antonio Camacho, “Doadrio no ha puesto de manifiesto ninguna irregularidad en esa cátedra y negó que tuviese problemas en participar en el proyecto por ser miembro activo del PP”. Un día después de efectuadas estas declaraciones, se conoció que la institución había enviado un informe a Juan Carlos Peinado donde señala que una investigación interna llevada a cabo no consiguió alcanzar ninguna “conclusión definitiva”, entre otros motivos por la “falta de colaboración de determinados intervinientes”, reprocha el órgano docente, sin precisar quién. Por ello le pide al juez que se le permita actuar como acusación si él detecta una “apropiación indebida” a costa del centro docente. Ese mismo día se filtró la sospecha de que la cátedra de Begoña Gómez se había “apropiado indebidamente” de un software. La respuesta del magistrado ha sido imputar, también, al rector, Joaquín Goyache quien también testificó en el juzgado asegurando que se había reunido con Begoña Gómez en Moncloa.
Pocas horas después, en un debate plenario del congreso de los Diputados, Núñez Feijóo sacó a relucir este asunto exigiendo a Pedro Sánchez su dimisión. El Partido Popular prepara en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, una nueva comisión de investigación en la que pedirán la comparecencia de Begoña Gómez y si no acude, llamarán a declarar a Pedro Sánchez en una ofensiva tendente a acorralar al presidente. Paralelamente, el PP de Madrid va a promover la creación de una comisión de investigación en la asamblea de Madrid para estudiar los hechos ocurridos en la Universidad Complutense en torno a este caso. Hay que recordar que el juez Peinado ha dicho, en algunos de sus autos, que en los hechos delictivos que instruye no figura relación alguna con la UCM “en calidad de perjudicada”. Pero el magistrado cambia de opinión como de camisa. Rechazó, en un principio, la personación de las acusaciones populares de ultraderecha a excepción de la denunciante, Manos Limpias, y luego las aceptó. Y ahora decide imputar al máximo responsable de la institución no se sabe bien con qué intenciones.
Está claro que en estas iniciativas el equipo de Isabel Díaz Ayuso está jugando un importante papel y cunde la sospecha de que existe una coordinación entre el Partido Popular, Vox, que también está personada, y las acusaciones particulares. El dirigente del partido de Santiago Abascal, Jorge Buxadé, del ala más dura de la formación, pidió llamar a declarar a Pedro Sánchez en calidad de testigo si “Begoña Gómez insiste en no contestar a las preguntas en el juzgado”.
El juez, en una decisión inaudita porque el único elemento que tiene son las famosas reuniones en Moncloa ha decidido ir a la sede de presidencia e interrogar al presidente. Sánchez se puede negar a testificar porque el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que están exentos de declarar “los parientes del procesado en línea directa, ascendiente o descendiente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, y hermanos”, entre otros parientes. Por lo tanto, el presidente puede acogerse a su derecho a no declarar por ser su esposa una de las investigadas en la causa. El presidente, no obstante, parece haber aceptado el reto del juez. Está dispuesto a responder a su interrogatorio “donde sea y como sea”.
Lo que están buscando las acusaciones personadas en la causa es deteriorar la imagen de Pedro Sánchez, mostrar su debilidad hasta forzarle a dimitir. Poco les importa el resultado de las investigaciones judiciales que, tal y como dice el abogado de Gómez, “es un procedimiento que carece de objetivo alguno”. Porque el mayor error que cometió el presidente fue la famosa carta en la que se cuestionó su permanencia en Moncloa por este asunto. La ultraderecha y el PP la interpretaron como “signo de debilidad” y por ello intentan acorralarle a sabiendas del daño personal que para él supone la situación penal de su mujer y la de su hermano, investigado por un juzgado en Badajoz.
La derecha está retorciendo hasta la última coma de las declaraciones que se están llevando a cabo en el juzgado y que están siendo filtradas interesadamente. El PP manipuló las de Carlos Barrabés quien manifestó haber estado en Moncloa reunido con Begoña Gómez. El Partido Popular añade la “coletilla” de que en esas reuniones estuvo presente Pedro Sánchez. Efectivamente. Una vez para saludar protocolariamente ausentándose inmediatamente por una llamada telefónica y la segunda ni siquiera estuvo presente. Fue Begoña Gómez la que recibió a Juan Carlos Barrabés.
Ahora Núñez Feijóo recuerda a Sánchez que Mariano Rajoy acudió al juzgado en el caso Gürtel para testificar. Las comparaciones entre ambas causas son ridículas. En el asunto del PP se investigaba el pago con dinero negro de las obras de reforma de la sede central del Partido. Aquí se instruye una causa contra un familiar de un miembro del gobierno sin indicios de los delitos que se imputan: corrupción en los negocios y apropiación indebida, con el agravante de que los superiores del juez de la audiencia provincial han delimitado su actuación. Por la regla de tres que está aplicando Peinado, todos los asistentes a las invitaciones de Felipe González en la famosa “bodeguilla”, cuando era el inquilino de La Moncloa, deberían comparecer en el juzgado.
Pero la ofensiva de la derecha no va a parar por muchos matices que se incluyan en los hechos que se están conociendo. Recuerda a la que llevaron a cabo con los ERES de Andalucía. En este asunto, el TC ha puesto las cosas en su sitio, pero el daño es irreparable. El caso de Begoña Gómez lleva el mismo camino. Judicialmente quedará en poco o nada. Pero será demasiado tarde para reparar la imagen de la familia Sánchez Castejón.