La estrategia con la que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales fue diseñada para provocar indignación en lugar de brindar detalles de políticas. Por lo tanto, para entender lo que realmente se espera de su gobierno hay que analizar el historial de su primer mandato junto con las personas y organizaciones que influyeron o financiaron su campaña de 2024.
La victoria de Donald Trump se fundamentó principalmente en engañar a millones de trabajadores que serán víctimas de una estafa política y social que refleja lo que el actual presidente electo han sido la base de su trayectoria empresarial.
En lo que respecta a los derechos, ese historial es clarísimo: Trump ha sido un desastre desde los ataques a los sindicatos y la libertad de expresión de los trabajadores hasta la derogación de leyes que habrían aumentado los salarios o ampliado las protecciones de seguridad de los trabajadores.
De cara a su próximo mandato, con un violador crónico de los derechos de los trabajadores como Elon Musk a su lado, estos serán solo algunos de los principales cambios en las políticas que las clases medias y trabajadoras tendrán que sufrir.
En primer lugar, Trump eliminará el apoyo proactivo del gobierno al derecho a formar un sindicato. Una de las primeras y más fáciles medidas que se pueden esperar será la destitución de Jennifer Abruzzo, asesora general de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés).
Esta mujer es uno de los activos más eficaces para los trabajadores en la administración Biden y ha tomado muchas medidas proactivas para defender el derecho a formar y afiliarse a sindicatos. Su oficina ha puesto controles a los jefes que vigilan a los trabajadores, ha conseguido que se vuelva a contratar a los trabajadores cuando su empleador los despidió ilegalmente por intentar formar un sindicato y ha hecho que los empresarios rindan cuentas por la represión sindical ilegal, todo lo cual la ha puesto directamente en la mira del lobby empresarial.
El asesor multimillonario de Trump y contratista del gobierno federal Elon Musk, incluso ha desafiado la constitucionalidad de la NLRB en los tribunales, en lugar de rendir cuentas por los despidos ilegales de empleados de SpaceX que intentaron plantear preocupaciones en el lugar de trabajo.
Por otro lado, el gobierno de Trump aplicará más medidas represivas contra los inmigrantes en los centros de trabajo. El presidente electo y sus aliados supremacistas y de ultraderecha han prometido reactivar una agresiva ola de redadas de inmigración en los lugares de trabajo, deportaciones a gran escala y la eliminación de los estatus de autorización de trabajo temporal.
Estas acciones devastarán económicamente a los trabajadores inmigrantes, las industrias en las que trabajan y todos los que viven y trabajan junto a ellos. Hay 31 millones de inmigrantes en la fuerza laboral de Estados Unidos, lo que representa alrededor del 18,6% del total del país en 2023. Todos los trabajadores pierden cuando los inmigrantes son objeto de persecución en el trabajo y se los pone en riesgo de deportación. ¿Por qué? Porque los empresarios se aprovecharán del miedo sobre su estatus para explotarlos, reduciendo los salarios y las condiciones laborales para todos, incluidos los nacidos en Estados Unidos.
Tras un análisis de los aliados de Donald Trump, es casi una obviedad pensar que se revertirán las leyes que favorecen a los trabajadores y se dará más poder a los empleadores. Los sindicatos suelen conseguir que los salarios suban y se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores no sindicalizados.
Sin embargo, en el sistema laboral de los Estados Unidos no todos los trabajadores podrán obtener representación sindical, y algunos, como muchos trabajadores agrícolas, tienen prohibido explícitamente hacerlo. Por eso también son importantes las políticas amplias de protección de los empleados.
Los aliados supremacistas y de extrema derecha del presidente Trump han impulsado una cruzada contra las regulaciones que harán que los centros de trabajo sean menos seguros, eliminarán el pago de las horas extra, abrirán la puerta a nuevas reducciones de las leyes contra el trabajo infantil y atacarán la capacidad de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo para defender a las trabajadoras que se enfrentan al acoso sexual o a la discriminación racial en el trabajo.