La extrema derecha mundial parte de un discurso económico basado en la supresión de cualquier tipo de regulación de los mercados, la eliminación de los impuestos y la abolición de cualquier tipo de gasto social. Todo ello lo venden bajo la coartada de una supuesta libertad del individuo que no es otra cosa que eliminar el concepto colectivo de las sociedades. Es una forma de generar un individualismo radical que, finalmente, sólo beneficia a las personas y familias de alta capacidad adquisitiva. Esas propuestas sólo conducen a un Armagedón más dañino que el pintado en la Biblia. Es la vuelta a la ley del más fuerte.
Personajes como Donald Trump, Javier Milei o Isabel Díaz Ayuso representan a ese perfil de dirigentes que, en algunos casos, han llegado al negacionismo de la justicia social para defender unas posiciones económicas que, tal y como hemos analizado en este Ágora, tiene unas consecuencias absolutamente destructivas para las clases medias y trabajadoras.
El presidente de la República Argentina, en el capítulo V de su libro El Camino del Libertario, afirma que «al investigar sobre la base de los reclamos por justicia social, encontramos que estos se apoyan en el descontento que el éxito de algunos hombres produce en los menos afortunados, o, para expresarlo directamente, en la envidia. De hecho, la moderna tendencia a complacer esa pasión disfrazándola bajo el respetable ropaje de la justicia social representa una seria amenaza para la libertad». Estas palabras se califican por sí mismas y delatan el pelaje moral y humano del personaje.
El negacionismo de la justicia social representa un fenómeno creciente en la sociedad contemporánea, donde ciertos individuos o grupos rechazan la existencia de inequidades estructurales y la necesidad de políticas para su corrección.
El término, en sí mismo, se refiere a la actitud o creencia que niega o minimiza la existencia de desigualdades sistémicas. Este fenómeno puede manifestarse en la oposición a iniciativas de inclusión y diversidad, lo que tiene consecuencias crueles en determinados aspectos y en el desarrollo de derechos fundamentales del ser humano.
El negacionismo de la justicia social se manifiesta de diversas maneras, desde la minimización de problemas como la discriminación racial y de género, hasta la oposición activa a medidas de inclusión y equidad. Los argumentos de quienes lo promueven suelen basarse en la idea de que todos los individuos tienen las mismas oportunidades y que las diferencias en el acceso a derechos y recursos son producto únicamente del esfuerzo individual.
Este tipo de discurso es reforzado por ciertos actores políticos, grupos de opinión y medios de comunicación que sostienen que las políticas de justicia social imponen una «dictadura ideológica» o favorecen a unos sectores sobre otros. En muchos casos, recurren a teorías conspirativas que desacreditan movimientos sociales y académicos que buscan evidenciar las desigualdades existentes.
Educación
El negacionismo de la justicia social en el ámbito educativo parte de la distorsión y la manipulación de la historia y las experiencias de grupos de población vulnerable. Esto perpetúa la ignorancia y los prejuicios, impidiendo que los estudiantes desarrollen una comprensión crítica de las desigualdades sociales. Además, la falta de políticas inclusivas en las instituciones educativas exacerba la exclusión y la discriminación.
Los estudiantes de grupos o clases vulnerables se sienten rebajados y alienados en entornos educativos que no reconocen ni respetan sus experiencias y contribuciones. Esto afecta negativamente su rendimiento académico y bienestar emocional, perpetuando el ciclo de desigualdad.
La educación es un derecho del ser humano que desempeña un papel crucial en la formación de ciudadanos conscientes y responsables. Un sistema educativo que ignora la justicia social no prepara adecuadamente a los estudiantes para participar en una sociedad diversa y equitativa, lo que puede llevar a una mayor polarización y conflicto social que, en esencia, es lo que busca la extrema derecha.
Mercado laboral
En el ámbito laboral, el negacionismo de la justicia social de la extrema derecha se traduce en prácticas de contratación y promoción que favorecen a ciertos grupos, perpetuando desigualdades sistémicas. La falta de políticas de diversidad e inclusión limita el acceso a oportunidades para grupos históricamente excluidos, afectando su desarrollo profesional y económico.
La negación de las disparidades salariales basadas en el género, la raza y otros factores puede impedir la implementación de medidas correctivas, perpetuando la brecha salarial y contribuyendo a la pobreza y la inseguridad económica de los grupos más vulnerables. En España, Vox se ha opuesto a importantes medidas en el ámbito laboral como la subida del salario mínimo o de carácter social como la revalorización de las pensiones.
La consecuencia de ese negacionismo de la justicia social es la creación de ámbitos laborales que no valoran la diversidad y la inclusión, lo que lleva a la hostilidad hacia los trabajadores de grupos vulnerables que, finalmente, deriva en una alta rotación de personal, pérdida de talento y una disminución en la productividad.
Políticas regresivas
El negacionismo de la justicia social en la política y la gobernanza lleva, inevitablemente, a la implementación de políticas regresivas que ignoran las necesidades de los más vulnerables y perpetúan las desigualdades. Esto alimenta la desconfianza en las instituciones y la polarización política, dificultando la gobernabilidad y la cohesión social.
Las políticas que niegan la existencia de desigualdades acaban derivando en un acceso limitado a servicios esenciales como la salud, la educación y la vivienda para los más vulnerables. Además, perpetúan el ciclo de pobreza y exclusión, dificultando el desarrollo social y económico.