Tras la segunda fuga de Carles Puigdemont y el posicionamiento de Junts en la votación del tope de gasto, en el gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo en la parte sanchista del mismo, hay mucho miedo a que la legislatura termine este otoño. Esto, evidentemente, supondrá la caída del actual presidente porque los españoles, tras las cesiones irresponsables al independentismo catalán, no le van a votar en la medida suficiente que le permita la reelección.
Por esa razón, ahora están lanzando una nueva campaña de ataque contra los jueces del Tribunal Supremo que se han negado a aplicar la Ley Sánchez de Amnistía a Carles Puigdemont porque el delito de malversación no está incluido en esa norma.
El mejor para iniciar ese ataque no es otro que el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien, en una entrevista en Radio Nacional de España, no dudó en afirmar que «lo que no pueden hacer los tribunales es extralimitarse a la hora de interpretarla [la Ley Sánchez de Amnistía] diciendo, por ejemplo, que ha habido malversación porque los independentistas se ahorraron de su peculio el dinero que les hubiera costado la campaña de la independencia o el referéndum ilegal. Es que no hay por donde agarrar esa interpretación».
Además, ha añadido que «hay tribunales en España que se pronunciarán sobre esto», en clara referencia al Tribunal Constitucional. Esta afirmación de Puente, evidentemente, da alas a quienes afirman que el gobierno ha puesto al TC al servicio de Moncloa porque, al fin y al cabo, es lo que dice el ministro, que Cándido Conde-Pumpido actuará en base a las órdenes que reciba de Sánchez.
Esta nueva andanada contra los jueces que no están aplicando la Ley Sánchez de Amnistía demuestra que en el gobierno hay miedo a que Junts retire su apoyo parlamentario, miedo que se acrecienta tras la performance de Puigdemont en Barcelona el pasado día 8 de agosto y posterior fuga con todas las dudas existentes de que todo pudiera haber estado pactado.
Pero ahí no ha quedado la ofensiva del gobierno contra el Tribunal Supremo. El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmó que «mostramos nuestra discrepancia con los argumentos jurídicos y con las valoraciones políticas que hacía el Tribunal Supremo. Ahora lo que tenemos que estar es a esperar que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo se pronuncie y acoja los argumentos jurídicos muy potentes para la aplicación» de la Ley Sánchez de Amnistía.
La discrepancia con las decisiones judiciales es algo absolutamente lógico y legítimo. Sin embargo, un ministro de Justicia, por razón de su cargo, no puede atacar al Alto Tribunal de esta manera, además de hacer el ridículo más espantoso. El sectarismo sanchista de Bolaños le llevó a cometer un error de primero de carrera. No existe ninguna Sala de Apelación en el Supremo. Además, lo que el Alto Tribunal ha planteado es una cuestión de inconstitucionalidad de la Ley Sánchez de Amnistía, inconstitucionalidad que fue reconocida por el Letrado Mayor del Congreso, el que fue puesto por el Partido Sanchista, en su informe sobre si la ley era apta para ser tramitada.
Este pánico a la actuación de los jueces del Supremo, y de la Unión Europea, no lo olvidemos, resulta del convencimiento de que la Ley Sánchez de Amnistía no es legal, es claramente inconstitucional y el gobierno pretende que los jueces apliquen sin cuestionarse nada una norma ilegal. Eso sí sería prevaricación.
Tanto Bolaños como Puente olvidan una cosa: el poder judicial tiene la obligación de aplicar las leyes emanadas del poder legislativo, pero también están obligados a interpretar dichas leyes. No se escuchó a ningún ministro de los distintos gobiernos de Sánchez criticar a los jueces que se han negado a aplicar la jurisprudencia europea en los casos de IRPH o de los trabajadores interinos en situación de abuso de temporalidad. Tampoco los ministros de Sánchez han lanzado andanadas contra aquellos jueces que están vulnerando doctrinas jurídicas como la de los actos propios para favorecer los intereses de bancos y grandes empresas.
Tal vez, para el gobierno del Partido Sanchista, los jueces sólo actúan mal cuando desmontan las tramas organizadas para cumplir con los objetivos y cubrir los intereses de Pedro Sánchez.
Los acontecimientos y las declaraciones de los últimos días han demostrado que al gobierno Sánchez lo único que le importan son los 7 votos de Junts. Por eso acordaron una ley de amnistía absolutamente inconstitucional (salvo que Conde-Pumpido haga lo que le exige Óscar Puente y salve a Sánchez), una ley en la que al Partido Sanchista le importaba muy poco la situación de las personas que se podrían acoger a la Ley Sánchez de Amnistía, una norma prepara ad hoc para la situación de Carles Puigdemont.
En consecuencia, si Puigdemont no se beneficia de la misma, no hay 7 votos y el gobierno del Partido Sanchista caerá para no volver, porque a Sánchez ya se le ha terminado la baraka.
Más allá de la pedagogía buenista que se ha pretendido imponer como discurso único, por el cual esta ley que borra todos los delitos del procés es un paso a la concordia, la paz, la convivencia y un ejemplo de consenso democrático, la realidad es que los hechos están demostrando que la Ley Sánchez de Amnistía es una legislación hecha ad hoc que sólo beneficia a dos personas: Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. También hay que entender dos conceptos: a grandes palabras, grandes mentiras.
Carles Puigdemont es un prófugo de la Justicia, por más que ahora en determinados sectores del Partido Socialista o de la izquierda se pretenda blanquear su imagen o se sustenten las sospechas de que la performance del pasado día 8 de agosto se produjo gracias a un presunto acuerdo con el gobierno. Por cierto, se siguen esperando las explicaciones del presidente del Gobierno sobre el ridículo de dejar fugarse una segunda vez a un prófugo.
La Ley Sánchez de Amnistía está diseñada ad hoc para que sólo tenga dos beneficiados: el propio Pedro Sánchez, que contó con los votos de Junts para seguir siendo presidente, y Carles Puigdemont, que podría volver a España sin ningún tipo de responsabilidad legal pendiente.
Ese es el peligro de hacer leyes ad hoc. Generan muchos problemas y tienen muchas lagunas legales que llevan a la ilegalidad. No hay más que leer, por ejemplo, los votos particulares de la Doctrina Botín para entenderlo. Sin embargo, en el Partido Sanchista parece que se han dado cuenta de la situación crítica en la que se han metido, sobre todo después del dictamen demoledor de la Comisión de Venecia o de que ya se hayan elevado a Europa cuestiones prejudiciales sobre la legalidad de la Ley Sánchez de Amnistía.
Además, hay que recordar que esa norma sólo era parte de los acuerdos para la investidura. Junts no está obligado a apoyar al Partido Sanchista ni a su gobierno si no quiere y, al parecer, ese apoyo ya está terminado, sobre todo después de que desde el partido de Puigdemont calificaran de «cobarde» a un gobierno que sabe que tiene la misma fecha de caducidad que su presidente: la votación de los Presupuestos Generales del Estado.