El Plan de Regeneración Democrática aprobado ayer por el Consejo de Ministros incluye medidas que, desde un punto de vista legal, ya tenían encaje en el ordenamiento jurídico actual. En principio, en lo referido a los medios de comunicación, se pisan elementos muy delicados porque entran en confrontación diferentes tipos de derechos fundamentales.
En principio, la utilización como base de la legislación europea, demuestra que, hasta ahora, Pedro Sánchez había hecho abandono de sus obligaciones, puesto que el derecho comunitario es obligatorio en todos los países miembros. El problema está en que lo está aplicando porque le conviene en este momento.
Se dice, se cuenta, se narra, que Sánchez tuvo la epifanía de estas medidas en aquellos cinco días en los que mintió a toda la ciudadanía española, desde el propio Jefe de Estado, a quien utilizó vilmente para sostener su farsa, hasta a su propia militancia. Días más tarde, él mismo, sin ningún rubor ni escrúpulo, reconoció públicamente que en ningún momento había tenido la intención de presentar su dimisión. Para Pedro Sánchez, la palabra «dimitir» sigue siendo un nombre ruso.
Está muy bien que se quiera regular la financiación pública para evitar que los diferentes organismos utilicen la publicidad como herramienta de financiación de medios afines, despreciando a los que son críticos. A lo mejor los partidos del gobierno han reflexionado sobre lo que ellos mismos hacen con aquellos medios, sobre todo con los más independientes, que tienen la osadía de ser críticos con el presidente porque no son un órgano de propaganda de nadie.
También está muy bien delimitar la financiación con dinero público de medios de comunicación para evitar la concentración en los grandes medios y que esa publicidad institucional pueda servir de soporte económico a aquellos medios libres e independientes que sufren las consecuencias de sus líneas editoriales no sectarias ni marcadas por una ideología de partido. Tal vez, aunque es dudoso de que así sea, Sánchez tuvo en aquellos días de infamia otra epifanía en los que se quiso poner como el adalid de la pluralidad. Sin embargo, conociendo al personaje, ¿pretenderá realmente controlar a los medios críticos con su serenísima persona? Eso sólo se verá con el modo de aplicación o si los tiempos políticos, que son muy inciertos, demuestran que este paquete de medidas no ha sido más que una operación de marketing personal de Sánchez. Nada es descartable con este hombre.
Uno de los puntos que también trata el Plan de Regeneración Democrática aprobado en el Consejo de Ministros es el relacionado con la comisión de delitos de injurias o la difamación contra instituciones del Estado. Esto ya genera aristas, puesto que la delimitación de lo que es una injuria y el derecho a la libertad de expresión es muy compleja.
Evidentemente, esta parte del proyecto de Sánchez va orientado contra lo que él denominó «máquina del fango», expresión que, como bien indica el manual de la propaganda de Goebbels (porque la izquierda también lo utiliza, aunque la derecha y los ultras abusan de él) ha repetido hasta la saciedad.
El presidente del Gobierno y todo su coro de palmeros sanchistas (tanto los pata negra como los conversos 23J) no se han cansado de hablar de la «máquina del fango» y de los pseudomedios. Sin embargo, Sánchez nunca ha tenido el valor de dar nombres concretos de cuáles son esos pseudomedios. Aunque todo el mundo debería reconocer la diferencia entre un medio de comunicación y una página web, la indefinición de las acusaciones de Sánchez daba a entender que todo aquel que fuera crítico con él o que sacara noticias que le afectaban ya era un pseudomedio.
El Código Penal en vigor tiene herramientas suficientes como para atacar las fake news, las noticias no contrastadas o sin contraste documental y los bulos. Existe un delito de injurias (artículo 208), otro de calumnias (artículos 205 y 207). También el ordenamiento jurídico actual recoge el derecho a la rectificación (Ley 2/1984). Entonces, ¿qué se pretende con el Plan Sánchez de Regeneración Democrática? ¿Acabar con los periodistas que han publicado, publican y publicarán información contrastada y veraz que sea contraria a Sánchez, como denuncia la derecha? Esa es una cuestión que queda en el aire, porque todos los medios de comunicación, de línea conservadora o progresista, han tenido que rectificar informaciones. ¿Eso los convierte en pseudomedios?
Otra cuestión inquietante que no ha quedado clara es en lo referente al respeto al trabajo de los periodistas. Según ha indicado el gobierno, este plan estará enmarcado dentro de lo señalado por los reglamentos de la Unión Europea. Esta normativa comunitaria garantiza el secreto profesional en su artículo 4.3: «Los Estados miembros se asegurarán de que las fuentes periodísticas y las comunicaciones confidenciales son protegidas de manera efectiva». El gobierno, como no podía ser de otra manera en un Estado social y democrático de Derecho, ha afirmado que se garantizará ese secreto profesional y la protección de las fuentes de información.
En ese mismo artículo 4 del Reglamento (UE) 2024/1083, afirma que los Estados miembros tienen prohibido «instalar programas informáticos de vigilancia intrusiva en cualquier material, dispositivo digital, máquina o herramienta utilizados por prestadores de servicios de medios de comunicación, su personal editorial o cualquier persona que, debido a su relación habitual o profesional con un prestador de servicios de medios de comunicación o su personal editorial, pueda disponer de información relacionada con fuentes periodísticas o comunicaciones confidenciales o sea susceptible de identificarlas».
Sin embargo, el Reglamento, en esta cuestión hace excepciones y permite que los Estados puedan instalar este tipo de programas de espionaje «por una razón imperiosa de interés general y resulte proporcionada» o que se acuse al periodista o medio de comunicación de la presunta comisión de delitos con penas de cárcel de 3 años o más.
El Código Penal actual tiene penas para los delitos de calumnias o injurias de un máximo de dos años de prisión. Si el Plan de Regeneración de Sánchez tiene intención de endurecer este tipo de delitos y delimitarlos aún más a la acción de los medios de comunicación (aquí no se incluye a las páginas web, las redes sociales o las aplicaciones de mensajería porque esas herramientas no son medios), entonces se entraría dentro del ámbito que recoge la excepción del Reglamento europeo y, en consecuencia, el gobierno podría instalar este tipo de dispositivos o aplicaciones espía en las herramientas de trabajo de los periodistas.
Respecto a los canales de financiación, como ya se analizó en Diario16+, se encuentra en esta situación por no seguir las advertencias señaladas en estas páginas respecto a la auditoría de los medios.
Además, si la intención es cerrar esos pseudomedios, los que realmente lo son y que se enmascaran en páginas web que dan noticias, en el mundo digital no se pueden poner puertas al campo. Si, por ejemplo, se pretende cerrar una web de este tipo, una vez que se dé orden judicial para ello, sea a través de sentencia o de medidas cautelares, los responsables de esas páginas no tienen más que cambiar de dominio, alojar la web en otro país y la gente accederá a los mismos contenidos sólo con una VPN, una herramienta de fácil manejo y que, en algunos casos, ya está incorporada en los navegadores estándar que todo el mundo utiliza a diario.
Todo ello por no hablar de las aplicaciones de mensajería sobre las que no hay circunscripción para poder cerrar un canal concreto. En todo caso, se debería prohibir el acceso de la aplicación en su totalidad, lo que afectaría a toda la ciudadanía. Ya se vio lo que sucedió con el juez Pedraz y Telegram. ¿Cómo pretende resolver Sánchez esta cuestión?
En consecuencia, si este plan resulta en la mejora de la calidad de trabajo de los periodistas, de lograr más financiación para los medios independientes y libres y terminar con fake news y bulos, Sánchez habrá dado un buen paso, sin duda. Sin embargo, hay muchas cuestiones ocultas o no explicadas que afectan a derechos fundamentales, no sólo de los profesionales de la información, sino de toda la ciudadanía.
El presidente del Gobierno ya ha demostrado en múltiples ocasiones que no convive bien con la disidencia o con la crítica, tanto interna como externa. El periodismo tiene como función principal el control del poder, sea cual sea, y, en la actualidad, la información de política nacional está derivando a un escenario más parecido al del forofismo futbolístico. El control del poder incluye la crítica. Los medios no pueden convertirse en transmisores de los argumentarios de los partidos políticos sólo por el mero hecho de tener tal o cual línea editorial. El control del poder exige que no haya líneas ideológicas, aunque la cabecera de tal o el medio cual tenga tendencia conservadora o progresista, en las que se permita una cosa al propio y se critique lo mismo al contrario. Por el bien de la democracia, sólo hay que desear que el objetivo final de este Plan de Regeneración no sea callar al discrepante.