Hay cuestiones en las que el juego ni el tacticismo político no se pueden utilizar. Uno de los fundamentales es todo lo relacionado con las pensiones y estos días tanto el PSOE como el Partido Popular han estado jugando con un fuego que, finalmente, les ha quemado.
El ya famoso decreto ómnibus que la semana pasada fue tumbado en el Congreso de los Diputados por Vox, PP y Junts es una muestra más de cómo en la política actual y con los dirigentes actuales se es capaz de cruzar líneas rojas que en una democracia ni siquiera se deberían vislumbrar. Tanto el Partido Popular como el PSOE intentaron sacar rédito político de esa situación y han sido derrotados. La rendición de Pedro Sánchez y de Alberto Núñez Feijóo es la mejor noticia para el pueblo español, para todo el pueblo español, no sólo para los que votan una cosa o la contraria.
«Tras una larga negociación, el Gobierno ha acordado aprobar un nuevo real decreto ley social que contiene la práctica totalidad del escudo social de diciembre, Un total de 29 medidas que incluyen la revalorización de pensiones conforme al IPC, mejora de las pensiones mínimas, ayudas a la terrible Dana de Valencia, ayudas al transporte público gratuito y los afectados por el volcán de la Palma", ha señalado Sánchez. En el decreto, además, se incluyen medidas adicionales para la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos, además de medidas para combatir "las ocupaciones delincuenciales», afirmó Sánchez en su comparecencia.
La respuesta del PP no se hizo esperar. Borja Semper lanzó su ataque porque el pacto hubiera llegado con Junts y no con el Partido Popular, además de arrogarse la razón. «Como decía Feijóo, se podía aprobar todo esto sin mayor problema. Pero ha sido nuevamente a la manera de Sánchez: con chantajes, cesiones, mentiras y trampas. Sánchez hace lo que pedía Feijóo: trocear el decreto. Y Sánchez hace también lo que le pedía Puigdemont: tramitar la PNL con la cuestión de confianza».
En el decreto ómnibus que no fue validado por el Congreso se mezclaron demasiadas cosas. Cuando han gobernado sin mayoría absoluta, Partido Popular y PSOE han recurrido a esta estrategia de colocar cuestiones de marcado carácter ideológico bajo el soporte de medidas troncales del estado del bienestar con la intención de obligar al contrario o a los dudosos a aprobar un pack completo bajo la amenaza de ser cuestionados por no haber aprobado, por ejemplo, cuestiones relacionadas con las pensiones, protección de los trabajadores o de los desempleados, por citar algunos ejemplos.
En esta ocasión, tras finalizar la votación, tanto el PP como el PSOE han dado una clase maestra de cómo instrumentalizar cuestiones que, hasta ahora, quedaban fuera del debate y el tacticismo político por una cuestión de dignidad democrática y de respeto hacia el pueblo español. Sin embargo, en el escenario actual, donde se quiere rascar apoyos del lugar que haga falta, los pactos no escritos se dejaron a un lado y se fue a la yugular del contrario. Todo por una cuestión de juego político y de buscar rentabilidad a costa de lo que hiciera falta.
El PSOE se equivocó al no desligar la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte público y a los afectados de la Dana de otras cuestiones que sabían de antemano que las derechas no iban a apoyar. El PP cometió el error de pretender sacar rédito al presentar proposiciones de ley alternativas casi a la misma hora en que se estaba produciendo la votación. Ambos se han echado la culpa de lo que los dos son culpables.
La ciudadanía no es idiota, por más que los políticos piensen que sí. Evidentemente, los sectarios de un lado y del otro seguirán como loros las consignas de Ferraz, Moncloa, Génova y la Puerta del Sol.
La culpa es del PP, decían desde el PSOE, olvidándose claramente de que la no validación fue consecuencia de la inclusión de medidas que se sabía que las derechas (la del Partido Popular, la extrema de Vox y la supremacista de Junts) no iban a aceptar.
La culpa es del PSOE y del gobierno, clamaban desde el PP, olvidándose de que por una cuestión ideológica o por una oposición absolutamente obstruccionista, votaron en contra de la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte y a los afectados de la Dana.
Ese echarse los trastos a la cabeza no es más que la demostración de que tanto los unos como los otros han estado jugando con elementos con los que no se puede jugar, gobierne quien gobierne. En democracia se puede discutir de muchas cosas, pero con las cosas del comer, ni una broma.
Este escenario absolutamente irresponsable, que ha tenido a los pensionistas en vilo durante una semana, ha calado y ha pasado factura a quien esperaba sacar rédito de ello. Durante estos últimos 7 días el gobierno, tanto la parte del PSOE como la de Sumar, estaba dispuesta a volver a aprobar el mismo decreto que no fue validado, sin ninguna modificación, sin ninguna negociación con otras fuerzas. Pretendían utilizar el voto negativo del PP para desgastar a la oposición. Todo ello, con las pensiones en juego.
Eso, la gente, lo ha visto y, salvo los sectarios, han culpado al gobierno de la caída del decreto. No se trata sólo de los votantes de derechas, no, sino que un tercio de los que apoyaron a Pedro Sánchez, también le culpaba de que no se hubiese aprobado el decreto ómnibus y calificaba la situación como estrategia política.
Esta puede haber sido una de las razones por las que Sánchez ha decidido cambiar la supuesta estrategia de atrasar la aprobación de un nuevo decreto. En Moncloa y en el PSOE se dieron cuenta de que la opinión pública se le estaba poniendo aún más en contra de lo que ya está. Porque, no hay que engañarse, en la agenda del Consejo de Ministros no se encontraba la aprobación de un nuevo decreto.
El nuevo decreto aprobado ayer, tras el pacto con Junts, es una derrota de Sánchez y Feijóo y, en consecuencia, supone una victoria para la ciudadanía que ninguno de los dos partidos puede ponerse en el «haber».