La Generalitat de Carlos Mazón ha presentado, a bombo y platillo, al más puro estilo propagandístico del PP, el Plan Endavant para la reconstrucción de Valencia tras la dana del 29 de octubre. Los encargados de la puesta en escena, tras un Pleno extraordinario del Consell, han sido la portavoz y vicepresidenta primera, Susana Camarero, y el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, José Gan Pampols. El montante asciende a 29.000 millones de euros, de los cuales la Generalitat Valenciana pone 14.500 y el Gobierno de España 12.600 millones (ya se ha ocupado Mazón de que sus números superen a los de Sánchez para poder sacar pecho tras una nefasta gestión de la crisis plagada de incompetencias).
Pero más allá de las grandes cifras (está por ver si el plan se ejecuta en su totalidad, cuándo se ejecuta y cómo) cabe destacar que el Endavant nace rodeado de críticas de todo tipo. Así, El Ministerio de Transición Ecológica ha mostrado su escepticismo ante la propuesta de crear una empresa mixta para ejecutar inversiones, alegando que muchas obras ya están en marcha (por no hablar de que en los últimos meses algunas compañías adjudicatarias de las ayudas se han visto envueltas en casos de corrupción como la Gürtel). Además, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha presentado 47 alegaciones al plan, señalando que incluye actuaciones que son competencia estatal, como la Presa de Vilamarxant. Por su parte, el PSPV ha calificado el planeamiento como poco realista y ha criticado la falta de liderazgo en emergencias. Señalan, así mismo, que solo el documento técnico ha costado 2 millones de euros y que no ofrece soluciones concretas. En esa misma línea, los ecologistas se quejan de que se siguen aprobando medidas para construir en zonas inundables, lo que se contradice con el objetivo de fomentar infraestructuras seguras para minimizar los daños de futuras riadas. Y la plataforma Mai Més ha formalizado una treintena de alegaciones, acusando al Consell de elaborar el plan “de espaldas a la ciudadanía”. Por si fuera poco reclaman más transparencia, una auditoría económica y una plataforma de datos abiertos. Denuncian que el plan ha sido encargado sin concurso público.
En todo caso, parece claro que nos encontramos ante una “herramienta propagandística” más que no aborda los problemas reales de resiliencia climática ni vulnerabilidad social. Así es el mundo de los grandes fastos y eventos del PP valenciano, solo que esta vez no se trata de construir un circuito de Fórmula I, ni de organizar una competición de vela. Se trata de poner en juego todos los medios del Estado para sacar adelante a un territorio y una población devastada por la mayor catástrofe natural que se recuerda. ¿Está preparado Mazón y su partido, esa formación política de ideología ultraliberal que no cree en el intervencionismo estatal, para afrontar el reto con garantías? No parece.
Tras la reunión, el general en la reserva Gan Pampols ha subrayado que se trata de un plan “riguroso, ambicioso y uno de los más completos”. “Es un instrumento de carácter estratégico que está diseñado no solo para reparar únicamente daños de las riadas, sino para catalizar todo un proceso de transformación a largo plazo del territorio valenciano”.
El conseller ha destacado que para su desarrollo se han estudiado “a fondo” catástrofes pasadas en el país: “De la riada del año 57 hemos incorporado la audacia, la necesidad de tomar decisiones valientes y complejas para que transformen la realidad, como por ejemplo el desvío de un cauce. De la tragedia de Biescas, la lección más dura: bajo ningún concepto permitir reconstruir en una zona de riesgo mortal. Del volcán de La Palma, la importancia de la agilidad administrativa y de poner a las personas en el centro desde el minuto uno”, apuntó.
Según Pampols, las bases vertebradoras son el elemento sobre el que se sustenta “todo el desarrollo”. En ellas se incluye todo lo relativo a “infraestructuras, ordenación y planificación territorial” que, tal y como ha indicado, en el caso de la Comunitat, “son elementos determinantes” porque su configuración geográfica hace que “esa fachada mediterránea tenga unas vulnerabilidades que se derivan del cambio en la temperatura de la superficie del mar que genera un riesgo mucho mayor de precipitaciones tormentosas o de carácter catastrófico”.
Así, resaltó que las iniciativas relacionadas con las obras hidráulicas y con la redefinición y planificación urbana son las de “mayor impacto y coste” y que se van a llevar a cabo a través de la revisión del Plan Territorial contra Riesgos de Inundación de la Comunidad Valenciana del año 2015 que “entra en proceso de revisión con nueva cartografía”.
En este sentido, puso de relieve la necesidad de ejecutar obras de “gran envergadura” en los barrancos del Poyo, la Saleta, el Magro, el Turia, todo ello “sin desatender otras zonas de nuestra comunidad que, aunque en este caso no se hayan visto afectadas, pueden serlo en un futuro”.
Ayer, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mostró su respaldo al presidente de la Generalitat Valenciana. Y lo hace tras reunirse con las asociaciones de afectados por la dana, esas que, según el gallego, “no le han pedido la dimisión de Mazón”, sino que opinaron que “no debería seguir”. Feijóo aseguró que “respeta” todas las opiniones, aunque va a seguir respaldando al president. “Dejemos ver cómo avanza la reconstrucción para saber el futuro político de Mazón”, sentenció. Es decir, el PP otra vez de espaldas a las víctimas y al pueblo valenciano que pide dimisiones, tal como ya ocurrió con el accidente del Metro de Valencia. Son así.