¿Cómo se puede pedir respeto para los jueces si estos son los primeros que no garantizan el secreto de sus actuaciones? Son los mismos instructores los que, con su pasividad, están socavando los cimientos del estado de Derecho permitiendo lo que ya se llama “filtrocracia”. Nadie entiende cómo los informes de la policía judicial acaban, primero, en los medios de la caverna mediática que los difunden manipulados, sesgados, sometiendo a los investigados y aparecidos ocasionales a juicios paralelos y a expositores de la vergüenza. Eso cuando no son los interesados políticos los que manejan esa información cuando ni siquiera ha llegado al juzgado.
En España se ha roto definitivamente el principio de presunción de inocencia. Hay personas que ya han sido condenadas cuando la ley deja claro que ese acto no corresponde ni a los policías judiciales ni a los instructores. Sólo un tribunal tiene tal potestad. Por eso no hablemos de que se está vulnerando el estado de Derecho porque son ellos mismos los que lo están haciendo.
Aquí mismo se ha hablado hasta la saciedad de que hace falta una reforma en profundidad del procedimiento de enjuiciamiento criminal. Y hay que empezar por el primer paso que da un instructor cuando abre las diligencias previas sobre una causa penal. Encarga a la policía judicial la elaboración de los informes necesarios sobre los indicios que constan en el sumario. Hace unos días, un periódico digital ultraconservador anunciaba que Moncloa está preparando una maniobra para “descabezar la UCO”, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La maniobra, según la publicación, consistiría en ascender a general al coronel Rafael Yuste que el medio señala como responsable de las investigaciones que llevan a cabo en los casos Cerdán, Begoña Gómez y García Ortiz. De esa manera, Yuste tendría que dejar su actual cometido. El autor de esa información es el mismo que puso en manos del seudosindicato ultraderechista Manos Limpias las informaciones sobre Begoña Gómez que dieron lugar a las actuaciones abiertas por el juez número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, contra la mujer del presidente, informaciones que han tenido que ser matizadas por sus jefes en sede judicial.
La información es la punta del iceberg de la campaña que llevan a cabo en la extrema derecha en la cual denuncian una campaña de desprestigio contra la UCO. El gobierno en pleno, desde Moncloa hasta Interior y Justicia, han desmentido que estén orquestando una campaña de este tipo. Pero lo que sí es cierto es que muchos analistas no entienden una serie de actuaciones de la policía judicial. Se ha hablado hasta la saciedad de que el registro efectuado en la sede de la fiscalía general del Estado no se llevó a cabo con arreglo a las instrucciones del juez. El magistrado ordenó que se interviniesen los datos contenidos en lo soportes digitales correspondientes a la semana anterior y posterior al 13 de marzo de 2024, fecha en la que se produjo la filtración a los medios de comunicación del mensaje que dio origen a la denuncia por revelación de secretos. Los agentes fueron más lejos y volcaron toda la información de los seis meses posteriores.
Hay más cosas. El procedimiento policial para efectuar un registro prohíbe la presencia de terceros. Sólo pueden estar presentes en ellos los agentes y los investigados o sus representantes legales. Y el día del registro de Fortuny se encontraba un fiscal que lidera una de las acusaciones populares, el presidente de la Asociación Profesional de Fiscales, APIF, Salvador Viada, que lleva varios meses descalificando a García Ortiz en redes y medios de comunicación. Viada denunció al juez haber visto al fiscal general del Estado y a su segunda “manipulando unos teléfonos” durante el registro. ¿Quién le autorizó a estar ahí? Es responsabilidad de la UCO que un acto de este tipo se lleve a cabo con todas las garantías legales. No lo hubo.
Pero es que, además, la policía judicial debe limitarse a informar sobre las acciones que puedan tener relevancia en la investigación de la manera más objetiva posible. En el caso de García Ortiz, su informe señala “el papel preeminente” del fiscal general del Estado en la filtración del correo. Está prejuzgando y, repetimos, eso no lo puede hacer ni siquiera un juez. Aunque no es de extrañar. El propio magistrado instructor se ha permitido hacer juicios de valor parecidos en sus autos y, sobre todo en el que concluye con el procesamiento de los dos investigados.
En el caso Begoña Gómez, la UCO insiste en elaborar un informe que el juez Peinado ha pedido a pesar de que se lo han prohibido sus superiores. Se trata del asunto del rescate de Air Europa. Según otro digital ultraderechista, Libertad Digital, el informe está prácticamente ultimado y se entregará al juez en breve. Y el medio adelanta que puede acabar por poner en jaque al gobierno de Pedro Sánchez. Una periodista de otro medio vinculado a la ultraderecha, The Objective, en un programa de Telemadrid, la televisión de Díaz Ayuso, presume de tener buenos contactos en la UCO y adelanta que, además del informe sobre Air Europa, la policía judicial está elaborando tres más: uno sobre el patrimonio de Santos Cerdán y otros dos acerca de la compraventa de material sanitario durante la pandemia que “salpicaría” a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al exministro, Ángel Víctor Torres.
Como se puede comprobar la “filtrocracia” está ahí. Es evidente la existencia de un mercado de filtraciones que ya sobrepasa a las partes acusadoras en el sumario, que utilizan las informaciones documentales existentes en los mismos para llevar a cabo su persecución no ya contra Sánchez sino contra el PSOE. ¿De dónde salen esas filtraciones? Los periodistas que dicen poseerlas no se cortan y apuntan directamente a “informes de la UCO” que ni siquiera han llegado a los juzgados.
No se puede negar la evidencia. No es una campaña de desprestigio, es la cruda realidad.