La jueza que instruye la construcción y reforma de institutos de secundaria durante el anterior gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha rechazado la personación de la Comunidad de Madrid en la causa. Era lógica esta resolución, pero, tal y como están los juzgados en estos momentos, cualquier decisión, por muy sorprendente que parezca, es posible.
En esta causa se investigan los fraccionamientos de pagos de obras de centros de formación profesional por existir la sospecha de que mediante este sistema se pretendía adjudicarlas directamente sin necesidad de pasar por concurso público. El consejero de Educación, al que se señala como principal responsable, era, entonces, Enrique Ossorio, en la actualidad presidente de la Asamblea regional. La maniobra pretendida por los servicios jurídicos de la CAM consistía en personarse como acusación particular, en calidad de perjudicada, para librarse de cualquier responsabilidad penal. No es la primera vez que una persona jurídica intenta evitar, mediante este sistema, tener que sentarse en el banquillo de los acusados y más después de que se haya reformado el Código Penal para permitir acusar a entidades colectivas. Sucedió con el Partido Popular en la Gürtel y el partido acabó siendo condenado.
El fraccionamiento de los contratos públicos para evitar la concurrencia de ofertas es una práctica extendida en las administraciones. Pero la justicia ha decidido tomar cartas en el asunto y perseguirla tipificándola como delito de prevaricación. La condena que ha tenido mayor repercusión en la opinión pública acaba de ser ratificada por el Tribunal Supremo y es la de la expresidenta de Junts Per Catalunya, Laura Borrás, a cuatro años y medio de cárcel y trece de inhabilitación, además de una multa de 36.000 euros, por haber fraccionado el contrato de elaboración de la página web de la Institución de las Letras Catalanas cuando era presidenta.
Se han abierto más sumarios. El de mayor repercusión jurídica, por ahora, tiene que ver con el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía. Entre 2021 y 2023, el gobierno de Moreno Bonilla adjudicó a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, 226,7 millones de euros a clínicas privadas para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas, acogiéndose al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia. El juzgado número 13 de Sevilla tiene imputados a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, por un delito de prevaricación administrativa.
El caso de las obras en los institutos de la Comunidad de Madrid tiene ese denominador común de adjudicar contratos a privados sin pasar por el correspondiente concurso que se establece en la ley de Contratos del Estado para lo cual se fraccionaban los importes de los servicios hasta el límite establecido en la norma. El primer caso saltó a la luz pública en 2023 con las obras en un edificio en la llamada Ciudad Escolar, cuyo coste total superaba los dos millones de euros, que no se sacó a concurso y se adjudicó directamente a un constructor. Para que no saltaran las alarmas se fraccionó toda la obra en facturas de un máximo de 40.000 euros. Fue el propio constructor quien alertó a la Consejería de la obra, ya que no le habían pagado casi la mitad de la misma. La adjudicación directa de las obras le costó el puesto a Alfonso Mateos, subdirector general de Secundaria y Formación Profesional de la CAM y, al mismo tiempo, fueron expedientados dos directores de centro a través de los cuales se fueron pagando las reformas.
Pero lo que, en principio, parecía un caso aislado pasó a convertirse en una lista de diez centros algunas de cuyas obras también fueron millonarias como es la Escuela de Arte de Alcalá. La última ha sido la del instituto de Formación Profesional a Distancia, una obra que Ayuso consideró emblemática y que inauguró personalmente. En su gobierno consideran que han sido perjudicados por estas operaciones y responsabilizan a los directores generales de la consejería. Pero todo parece indicar que existen documentos que acreditan el conocimiento de los altos cargos de la CAM, incluido el exconsejero Ossorio. Incluso hay correos sobre la modificación del sistema de aire acondicionado de la Escuela de Arte de Alcalá enviados por las altas instancias de la consejería. El fiscal del juzgado de instrucción número 39 de Madrid, que instruye la causa, apunta a una “grosera y palmaria omisión del procedimiento”.
Está claro que, en la consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, que entonces ya presidía Isabel Díaz Ayuso, se llevaban a cabo los fraccionamientos de los pagos para poder contratar directamente a los constructores. En las administraciones públicas se quejan de que el concurso público, además de costoso, alarga excesivamente el trámite. Pero es la fórmula más transparente a la hora de ejecutar un proyecto otorgándoselo al sujeto que presenta la mejor oferta en lo que se refiere a la relación precio y calidad, incluyendo tiempos de ejecución y otras variables que se deben de tener en cuenta. Y lo más importante. Mediante este sistema se evita cualquier tentación de enchufismo o de adjudicación a empresas o entidades con intereses directos en los gobiernos que efectúan la oferta.
Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid saben que la investigación que lleva a cabo la titular de instrucción número 39 de Madrid puede acabar por salpicar al gobierno regional. De ahí su interés en personarse como acusación particular, es decir, como perjudicada. Es la manera más sencilla de evitar cualquier implicación según vaya avanzando la investigación. Repetimos, que sólo hay que recordar como empezó el asunto de la pieza separada de la Gürtel sobre las obras de la sede central del PP de Génova. Todo parecía indicar que el partido se personaría como parte perjudicada y, al final, acabó siendo el primer partido condenado como persona jurídica. Y, a partir de ahí, es cuando se empieza a constatar que las personaciones en las causas judiciales obedecen a algo más que a intereses altruistas. Y eso es precisamente con lo que quiere acabar el ministro Félix Bolaños con la reforma de la Lecrim que, desgraciadamente, no saldrá adelante por las discrepancias en sede parlamentaria.