El Tribunal Supremo ha ratificado esta semana la condena a Laura Borrás, exdirigente de Junts Per Catalunya, a cuatro años y medio de prisión por corrupción en la adjudicación de contratos cuando estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Y ha ido más lejos. Borrás pidió acogerse a la ley de amnistía y los jueces la han contestado diciendo que el delito por el que se la condena nada tiene que ver con las acciones que desembocaron en el “procés”.
Aquí no hay lugar a dudas por mucho que los dirigentes de Junts se empeñen en incluir esta sentencia en el capítulo de los “lawfare” contra los independentistas catalanes. Borrás cometió un acto ilícito, fraccionar el contrato de adjudicación de la confección de una página web de la corporación para evitar el concurso público. Un delito que nada tiene que ver con las actuaciones que se llevaron a cabo para declarar la independencia unilateral de Catalunya. Es más, hay varios dirigentes políticos que están inmersos en investigaciones judiciales del mismo tipo. En la Comunidad Autónoma de Madrid, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso se encuentra en el punto de mira de la fiscalía por haber fraccionado los pagos de varias obras de centros públicos de formación profesional, entre otros, el de la Academia de las Artes de Alcalá de Henares.
En Diario16+ ya hemos hablado de que ésta es una práctica habitual en las administraciones públicas, o, al menos, lo era hasta que la justicia ha tomado cartas en el asunto. Consiste en dividir los importes de los convenios hasta el límite señalado por la ley 9/2017 de contratos públicos para evitar el trámite de tener que convocar el concurso. La Fiscalía de Madrid investiga los 300 contratos de la consejería de Educación de la CAM para ocho centros de formación profesional tras una denuncia presentada por el Partido Socialista.
En Andalucía, la Fiscalía Anticorrupción ha asumido la acusación en las diligencias que lleva a cabo el juzgado número 13 de Sevilla en torno a una denuncia del grupo socialista del Parlamento contra el gobierno de Juanma Moreno por prevaricación y malversación en la adjudicación, presuntamente irregular, de 300 millones de euros a clínicas privadas durante la pandemia. Y al alcalde de la localidad malagueña de Benalmádena la Fiscalía le investiga por los contratos de limpieza con agua ozonizada también fraccionados y de los que se beneficiaron tres empresas que, parece ser, están vinculadas entre sí, y detrás de las cuales está el marido de una concejala del equipo de gobierno.
Borrás cometió un delito común por mucho que se empeñe en argumentar que se debe a “una persecución política”. Es prevaricación y falsedad documental porque fraccionó pagos para un amigo suyo cuando era presidenta de la Institución de las Letras Catalanas con el propósito de adjudicarle a dedo la confección de la página web del organismo dependiente de la Generalitat. Y en ese sentido se han manifestado cualificados dirigentes de su partido. La ley de amnistía sólo afecta a las personas relacionadas con los hechos acontecidos en octubre de 2019. A lo más a lo que se puede llegar, y eso está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional, es a remontarse a actuaciones llevadas a cabo anteriormente. Y aunque todavía falta por dilucidar si la norma afecta a la malversación de caudales, extremo que el Supremo rechaza, el fraccionamiento de un contrato que nada tiene que ver con las acciones soberanistas no se puede incluir en el capítulo de las medidas de gracia.
Para condenar a Borrás, los magistrados se han apoyado, además de la confesión de los otros acusados, en varias pruebas que nada tuvieron que ver con la ideología de la expresidenta del Parlament de Catalunya: los reveladores correos electrónicos que se cruzaron Borrás e Isaías H, el amigo beneficiario de los contratos para la confección de la página web, en los que la exdirigente de Junts escribió “la cuestión es fraccionar”, los testimonios de los extrabajadores de la ILC que reflejaron las irregularidades cometidas, y los audios enviados a uno de sus funcionarios para preguntar por los expedientes.
Aunque Laura Borrás ha perdido peso dentro del partido, lo más probable es que el gobierno de Pedro Sánchez opte por indultarla. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que es el que sentenció en primera instancia, recomendó el indulto parcial y, ahora, es el ejecutor del fallo del que no cabe recurso salvo la presentación del amparo ante el Tribunal Constitucional.
En Barcelona están a la espera de la recepción de la sentencia del TS y lo más probable es que el TSJC la deje en suspenso por lo que Borrás podrá seguir ejerciendo su cátedra en la Universidad y la presidencia de la Fundación de Junts Per Catalunya ya que, aunque la pena lleva aparejada la de inhabilitación, casi con toda seguridad quedará en suspenso a la espera de ese indulto parcial que los mismos jueces solicitarán.
El asunto es otra patata caliente para el gobierno de Madrid ya que este indulto será, con toda probabilidad, una nueva excusa para el PP y Vox que volverán a acusar a Pedro Sánchez de perdonar la corrupción de sus socios parlamentarios. Demasiados asuntos pendientes en Madrid con los soberanistas de Junts. No sólo la resolución del Constitucional sobre la amnistía a Puigdemont y otros dirigentes soberanistas sino que ahora hay que añadir un delito que no entra dentro del capitulo de las acciones del procés que desembocó en el referéndum del 1 de octubre de 2019 pero que su manipulación puede acabar por confundir a la opinión pública a pesar de que en esta ocasión está claro que la actuación por la que Laura Borrás ha sido condenada, no tiene nada que ver con el independentismo por mucho que esté implicada una militante soberanista.