Los poderes públicos se han servido de toda clase de instrumentos para acabar con el terrorismo y el crimen organizado y España no es una excepción. Se terminó con ETA utilizando el Estado de Derecho, pero quedaron muchas interrogantes sobre las acciones policiales que se llevaron a cabo contra los dirigentes de la organización. Todavía están por esclarecer operaciones del sur de Francia que, a pesar de las investigaciones judiciales, casi todas quedaron archivadas. Sólo los juicios de los GAL, celebrados en los noventa del siglo pasado, intentaron esclarecer lo que ocurrió en la llamada guerra sucia sin que se llegase a un pronunciamiento claro en los tribunales.
Solamente se conocen las intervenciones de los jueces en los ochenta. Todo se inició gracias a las informaciones periodísticas del rotativo vasco Deia y de Diario16 en las que se destaparon las actividades de los GAL que concluyeron con sentencias condenatorias a altos cargos del ministerio de Interior, un exministro, un secretario de Estado, un director general de Seguridad y un director de la policía, cuyas penas sumaron un total de 100 años de cárcel. Durante la dictadura franquista y la primera etapa de la transición, con los gobiernos de UCD, existieron diversas organizaciones que utilizaron prácticas terroristas para enfrentarse a ETA, como la Triple A, el Batallón Vasco Español, (BVE), los Comandos Antimarxistas, los Grupos Armados Españoles y Antiterrorismo ETA, (ATE). Algunos actuaban por libre, simplemente tolerados, mientras que otros tenían apoyos por parte de altas instancias de los gobiernos de turno. También existían grupos que actuaban supuestamente integrando a algunos miembros del aparato de los cuerpos y fuerzas de seguridad que coordinaban las acciones y aleccionaban en las tácticas y el manejo de armas, funcionando como auténticos comandos antiterroristas de gran movilidad con colaboración de grupos armados internacionales.
Salvo en la etapa de los gobiernos de Felipe González, los tribunales de justicia apenas investigaron estas actividades que quedaron reservadas a los periodistas de la época que, además, sufrieron fuertes presiones y amenazas. De todos los atentados perpetrados por los GAL durante los años ochenta, el más sangriento fue el ocurrido en el bar Monbar de Bayona, en el que murieron tiroteados cuatro militantes de ETA y un ciudadano francés resultó herido. Otra acción fue el asesinato de Mikel Elorriaga Goicoetxea, uno de los más importantes miembros que ha tenido la banda. La justicia española justificó el archivo de las investigaciones porque los actos cometidos estaban fuera de la jurisdicción de este país.
Hay alguna excepción. En enero de 1988, la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional encontró indicios delictivos en la actuación del subcomisario, José Amedo, quien había sido implicado en los asesinatos del GAL en un juicio celebrado en Lisboa por unos mercenarios portugueses que aseguraban haber sido contratados por el policía para atentar contra etarras en el sur de Francia. El juez Baltasar Garzón se hizo cargo de las investigaciones descubriendo un informe del ministerio de Interior en el cual se señalaba que los viajes de Amedo a Portugal en 1986 fueron de carácter oficial y pagados con fondos reservados del Estado. En julio del mismo año, Garzón dictó prisión incondicional para Amedo y el inspector Michel Domínguez como presuntos organizadores de los GAL, quienes fueron procesados en junio de 1989 por la Audiencia Nacional y condenados, el 20 de septiembre del mismo año, a 17 años, y 4 meses de prisión por cada uno de los seis asesinatos frustrados en los que participaron como inductores en atentados contra activistas etarras. Pero en la sentencia no se pudo demostrar jurídicamente una vinculación con banda terrorista. Se les atribuyó un delito de asociación ilícita.
El caso del atentado contra Antonio Cubillo, dirigente del grupo independentista de las islas Canarias MPAIAC, en 1978, imputó a agentes de la policía con el apoyo directo del ministerio de Interior. Otra causa esclarecida judicialmente fue la del secuestro, tortura y simulación de ejecución del director del semanario Doblón, José Antonio Martínez Soler, en marzo de 1976, en la cual se acusaron a fuerzas relacionadas con el aparato de represión del Estado.
Y poco más. Quedan muchas incógnitas sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo en este país que no han sido esclarecidas. El llamado “caso Faisán” fue investigado, primero por Baltasar Garzón y, posteriormente por Pablo Ruz. En mayo de 2006, Joseba Elosua, propietario del bar Faisán al que se vincula con el aparato de extorsión de la banda terrorista, recibió un chivatazo sobre una redada contra dirigentes etarras que iba a llevar a cabo la policía. Se acusó al entonces director general de la policía, Víctor García Hidalgo, de haber sido autor de la filtración. Fueron procesados el exjefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros. La Audiencia Nacional sólo les condenó a año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación a cada uno por revelación de secretos.
Y nada más. Nunca más, ni judicial ni policialmente se ha vuelto a hablar de las relaciones que mantuvieron miembros de los cuerpos de seguridad con los aparatos de las organizaciones terroristas. Nadie ha intentado esclarecer la procedencia de un grupo tan sospechoso como era el GRAPO. Ni siquiera ha aparecido el cuerpo del empresario Publio Cordón, secuestrado y asesinado por los terroristas del grupo de extrema izquierda, aunque sus detenciones y desarticulaciones se las atribuyeron expolicías de la Brigada Político Social franquista, como fue el excomisario Roberto Conesa que sobrevivió profesionalmente a la muerte del dictador.
Sobre las relaciones de la policía con los grupos terroristas que han actuado en este país parece existir un pacto de silencio. Su actividad ha quedado enterrada y, como dicen por ahí, es mejor no mover la mierda.