Se tenía la remota esperanza de que Sánchez y Núñez Feijóo acordaran, en la reunión que mantuvieron este lunes, la renovación del CGPJ. Y no ha sido posible por lo que el PSOE ha puesto en marcha, inmediatamente, su plan B. Habrá renovación exprés modificando la ley orgánica 6/1985 que regula el Poder Judicial. Y se hará mediante una proposición de ley que presentarán los grupos que apoyen a los socialistas en la investidura para evitar tener que someter la reforma a los dictámenes del propio órgano de gobierno de los jueces y del Consejo de Estado con el fin de ganar tiempo. Se hará por la vía de urgencia por lo que el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, deberá pronunciarse en un plazo no superior a veinte días evitando, así, dilaciones indebidas. Se presentará una lista única de candidatos muy parecida a la última que no se llegó a aprobar porque el Partido Popular la vetó en protesta por la reforma del código penal que suprimió el delito de sedición y redujo las penas de malversación de caudales. Y si no se aprueba por los tres quintos de la cámara, como ha sido hasta ahora, se hará por mayoría absoluta del Congreso.
De esta forma se quiere acabar con el bloqueo que mantiene el Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La reforma ya se propuso al mismo tiempo que la de la elección de los magistrados de Tribunal Constitucional, aquella famosa que la anterior Corte de Garantías, de mayoría conservadora, suspendió aplicando una medida “cautelarisima” muy cuestionada porque supuso una evidente injerencia en la soberanía del Parlamento. El gobierno, al final, retiró la propuesta porque también hubo miedo a lo que podía decir Bruselas. Ahora ya no ocurre lo mismo. Se ha hablado con el comisario de Justicia, Didier Reynders, quien ha vuelto a manifestar la idea que se tiene en la Comisión Europea: que se renueve como sea el órgano de gobierno de los jueces y, posteriormente, en un debate más riguroso y sosegado, se busque una fórmula para que sean los jueces los que elijan directamente a los vocales del CGPJ. Reynders parece aceptar, en principio, la fórmula urgente que proponen los socialistas y que contará con el apoyo de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y, probablemente, la diputada de Coalición Canaria, aunque esta última aún no se ha pronunciado.
Todos estos grupos suman mayoría absoluta. La suficiente como para que la ley salga adelante. Lo que todavía se desconoce es si la proposición de ley se presentará antes o después de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Los socialistas prefieren que sea antes, con carácter de urgencia, con el fin de terminar con este asunto antes de que concluya la presidencia española de la UE, el 31 de diciembre, algo muy difícil ya que los plazos están muy ajustados.
Es uno de los puntos que se está tratando en las negociaciones que se llevan a cabo para la investidura de Pedro Sánchez. El PSOE quiere un acuerdo de legislatura que incluya no sólo la amnistía para los líderes independentistas catalanes sino también los presupuestos del Estado y proposiciones de ley como la de la renovación del CGPJ. Incluso está dispuesto a aceptar la inclusión en la lista de candidatos propuestos por las formaciones con las que se mantienen encuentros, de tal manera que el Consejo podría contar con vocales propuestos por catalanes y vascos, como viene siendo costumbre, pero también de Sumar, siempre respetando la proporcionalidad de los grupos representados en la Cámara.
Sánchez habló con Núñez Feijóo de la posibilidad de sacar adelante esta reforma si no aceptan desbloquear la actual situación. Y le ofreció la posibilidad de pactar nombres entre los que se encontrarán, casi con toda seguridad, algunos de los que presentaron la demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que sentenció a su favor. Los llamados “vitorinos” por su pertenencia a la asociación judicial Francisco de Vitoria son Juan Luis Lorenzo, Manuel María Jaén, Mónica García de Yzaguirre, Rafael Estévez, María Tardón y José Antonio Baena.
Sería la solución mas justa que acabaría por satisfacer a todos y supondría la renovación de un órgano que va camino de cumplir cinco años con mandato caducado. De llevarse a buen fin esta iniciativa, el nuevo CGPJ podría cubrir, con carácter de urgencia. las 22 vacantes del Tribunal Supremo y las 71 en los tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales acabando, de esta manera, con la situación anómala que viven las instituciones judiciales. Y todo ello se podría llevar a cabo antes de la primavera próxima.
El PP no va a apoyar esta iniciativa y, a cambio, propone modificar la ley orgánica en el sentido de que sean los propios jueces los que elijan directamente a los vocales del Consejo General del Poder Judicial a través de sus asociaciones representativas lo que las daría un formidable poder pero que iría contra la potestad exclusiva que tiene el Parlamento en esta materia, y que está contemplada en la Constitución. Cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ mediante el sistema de cuotas de las asociaciones podría ser inconstitucional.
El trámite que propone el PP y la incertidumbre en torno a su constitucionalidad puede acabar por retrasar un proceso, el de la renovación del CGPJ, que es prioritario. No sólo porque lo exige Bruselas sino también porque la situación en las instancias judiciales superiores y, en especial, en el Supremo ha pasado de ser preocupante a dramática con salas que no cuentan con los medios humanos suficientes como para sacar adelante todas las sentencias demandadas.