Surgen dudas sobre la aplicación de la ley de eficiencia del servicio público de justicia que supondrá toda una revolución en los juzgados. El ministro, Félix Bolaños, se ha comprometido a que los tribunales de instancia estén operativos el 1 de julio. Y en ellos se contempla el incremento en un 50% de la plantilla de jueces de violencia de género. En este punto es donde se centran las dudas. Los expertos creen que no es posible la viabilidad de estas secciones a corto plazo y las imprevisibles consecuencias que podría implicar para el sistema judicial y los recursos asociados. Sobre todo porque se requiere cierta especialización para poder aplicar jurídicamente toda la tipología de delitos machistas, garantizando entornos más seguros y una mayor protección para las víctimas. tal y como señala la ley, muy difícil de llevar a cabo en los cinco meses de plazo contemplados en la norma.
A partir del 3 de octubre, en los tribunales de instancia deberán funcionar las secciones de violencia de género que asumirán todas las competencias en la materia, los delitos contra la libertad sexual cuya víctima sea una mujer, de los que se encargaban, hasta ahora, los juzgados de instrucción. Delitos que van desde agresiones sexuales, abusos, acoso sexual, mutilación genital femenina, matrimonios forzados y acoso con connotación sexual, una conducta que sin llegar a ser agresión física sí crea un entorno intimidatorio o humillante de naturaleza sexual. Se va a poner en funcionamiento un sistema de formación para especializar a los magistrados que vayan a ocupar las plazas. No se sabe todavía, pero la idea que manejan en el ministerio es incorporar a los actuales jueces sustitutos para cubrir las vacantes.
El problema es que todas las asociaciones judiciales se oponen al ingreso en la carrera de este colectivo “por la puerta de atrás”. Llegan a señalar, incluso, que es inconstitucional. Pero lo cierto es que si se opta por esta alternativa se podrá cubrir sobradamente ese 50% de nuevas plazas que pretende la administración. En la actualidad hay 212 juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, 314 juzgados compatibles y 22 juzgados comarcalizados. La pregunta que se hacen los expertos juristas es cómo se distribuirá ese 50% adicional.
La respuesta, en este caso, es sencilla. Cada uno de los tribunales de instancia que se constituirán el 1 de julio deberán tener una sección exclusiva para instruir y juzgar los delitos descritos en materia de violencia sobre la mujer. Las demarcaciones que tengan, actualmente, juzgados exclusivos, compatibles o comarcalizados, podrán asumir la competencia siempre que sus titulares hayan impartido la formación correspondiente. En esas secciones se integrarán los actuales funcionarios, abogados, fiscales, forenses y el personal de oficinas de atención a víctimas que prestan sus servicios. Hechas las cuentas, se ha podido constatar que, aun poniendo en marcha esta operación, harán falta jueces y personal para cubrir el excedente de plazas. La otra duda es que, hasta ahora, los casos de violencia de género han sido asumidos por los jueces de guardia que, por tal motivo, han recibido una compensación económica. La pregunta es si se van a mantener esas compensaciones económicas en las nuevas secciones sobre violencia contra la mujer porque esa es una competencia que, salvo en las comunidades de Murcia y Castilla y León, depende de las administraciones territoriales.
Y a estas alturas no se sabe si se están manteniendo negociaciones con las consejerías que tienen las competencias de esos servicios. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las CCAA están controladas por el Partido Popular y que en Génova rechazan la pretensión del gobierno de agrupar en una sola instancia judicial todos los delitos de violencia machista. Y se duda de que comunidades como la de Madrid, por poner un ejemplo, vayan a asumir la nueva forma de organización si, a cambio, la reforma no se acompaña con suficiente financiación. Porque, y esa es otra, todavía se desconoce quien se va a hacer cargo de ese 50% de nuevas plazas porque ni siquiera se conocen los territorios que se van a beneficiar.
En los próximos días, van a comenzar las reuniones para ir concretando todo este nuevo sistema. La primera de ellas será entre los representantes de magistrados titulares de juzgados con la delegada del gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, y se está a la espera de una convocatoria con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo. Se espera que en el transcurso de esos encuentros se desvelen cuales son las soluciones que plantea el gobierno para resolver todas estas lagunas, sobre todo las referidas a las secciones dedicadas a juzgar la totalidad de los delitos machistas.
Para los jueces implicados, es una buena noticia la del incremento de la plantilla, pero siempre y cuando se aclaren todas esas dudas que han surgido y que deberán estar resueltas antes del 1 de octubre, cuando se pongan en marcha las nuevas instancias. Porque lo que tienen claro los titulares de esos juzgados es de que hay que buscar una solución a la actual situación que se encuentra al borde del colapso.