La cultura libre es una de las primeras víctimas cuando el poder político quiere moldear el pensamiento social. En España, el avance institucional de la derecha y la ultraderecha está suponiendo un retroceso alarmante en derechos culturales. Lo que antes se consideraba espacio de pluralidad, hoy está siendo intervenido, censurado o directamente eliminado bajo discursos de neutralidad o moralidad.
La cultura, entendida como el reflejo crítico, simbólico y plural de una sociedad, se encuentra hoy en el centro de una pugna ideológica en España. Desde la llegada de coaliciones de derechas, formadas por el Partido Popular (PP) y Vox, a gobiernos autonómicos y municipales, se ha producido un fenómeno preocupante: la intervención política directa en contenidos culturales, en muchos casos bajo la forma de censura o veto ideológico. Este fenómeno no solo compromete la libertad de creación y expresión, sino que representa un claro retroceso democrático y cultural.
La censura no se ejerce hoy mediante prohibiciones explícitas como en el franquismo, sino a través de mecanismos más sutiles y burocráticos: cancelación de festivales, retirada de subvenciones, vetos a artistas incómodos y “desprogramación” de obras. Ejemplos recientes son alarmantes. En Huesca, la cancelación del Festival Periferias tras dos décadas de trayectoria fue justificada como una “reorientación” cultural, pero artistas e intelectuales lo identificaron como un acto de censura. En Linares, una representación de Lisístrata fue interrumpida en directo por su supuesta “radicalidad”, y en Castilla y León, Vox ha presionado para cancelar actividades relacionadas con la diversidad sexual, la memoria histórica o el feminismo.
Estos hechos muestran una clara voluntad de homogeneizar el discurso público y limitar el pensamiento crítico. La cultura, cuando se convierte en objeto de control político, deja de ser libre para convertirse en propaganda o adorno institucional. Y este vaciado no es casual, sino profundamente ideológico.
Desde ciertos sectores conservadores se concibe la cultura como un instrumento decorativo o identitario, no como un espacio de reflexión incómoda o transformación social. Para PP y Vox, la cultura legítima es la que no incomoda, la que no denuncia, la que no cuestiona. Pero esa visión ignora siglos de tradición artística en los que el arte ha sido motor de disidencia, resistencia y crítica. Silenciar obras como las de Paco Bezerra o vetar actividades LGTBI en bibliotecas públicas no es proteger sensibilidades: es eliminar voces.
Este clima genera un doble efecto devastador. Por un lado, el empobrecimiento del tejido cultural, al cerrarse espacios para propuestas críticas o experimentales. Por otro, la extensión de la autocensura, cuando muchos profesionales optan por evitar temas incómodos ante la amenaza de represalias. Ambas dinámicas conducen a una cultura más débil, más complaciente y menos comprometida con los retos sociales actuales.
Frente a esta deriva, es urgente recordar que la libertad artística no es un privilegio, sino un derecho. La Constitución española, en su artículo 20, reconoce expresamente la libertad de creación y difusión cultural. Censurar desde las instituciones es, por tanto, una forma de debilitar la democracia. Los poderes públicos no deben controlar el arte, sino garantizar su pluralidad, especialmente cuando incomoda o desafía el orden establecido.
El retroceso cultural impulsado por PP y Vox no es accidental, ni marginal. Es una estrategia calculada para rediseñar el espacio público y acallar la crítica. Defender hoy la libertad artística es defender la diversidad, la memoria y la democracia.