En España, el empleo público ha sido históricamente un símbolo de estabilidad y mérito. Sin embargo, durante las últimas décadas, el mercado laboral en la administración se ha visto sacudido por una anomalía creciente basada en el abuso y el fraude de ley: la masiva presencia de interinos que, lejos de ser una solución temporal, se ha convertido en un fenómeno estructural.
Según los últimos datos oficiales, más de un 30% del personal de las administraciones estatales y autonómicas ocupa puestos interinos, muchos de ellos durante más de una década. La promesa de estabilidad y de oportunidades de desarrollo profesional se ha tornado en incertidumbre crónica y frustración acumulada.
El Gobierno de Pedro Sánchez, pese a comprometerse en diversas ocasiones a reducir la temporalidad y estabilizar a los trabajadores interinos, ha fallado de manera sistemática. La lentitud en la convocatoria de oposiciones, la complejidad administrativa de los procesos y los continuos cambios normativos han generado un limbo laboral que afecta no solo a los empleados, sino también al funcionamiento de los servicios públicos que dependen de ellos. La consecuencia es doble: una administración menos eficiente y un colectivo de trabajadores atrapados en la precariedad, con repercusiones directas sobre su bienestar, su economía doméstica y su salud mental.
El impacto social de esta inoperancia es profundo. Familias que dependen de un salario público se enfrentan a dificultades para planificar a largo plazo: desde la compra de una vivienda hasta la educación de sus hijos, pasando por la estabilidad emocional que proporciona un empleo seguro. La incertidumbre laboral se traduce en ansiedad, estrés y, en casos extremos, en problemas de salud física y mental. Las largas décadas de temporalidad han convertido lo que debería ser un recurso público confiable en una fuente de desigualdad y exclusión social.
El sistema de interinos también genera tensiones internas en la propia administración. Los empleados permanentes perciben desigualdades y desequilibrios, mientras que los interinos se sienten marginados y desmotivados, lo que repercute en la calidad de los servicios públicos. Desde sanidad y educación hasta justicia y administración local, la carencia de estabilidad en el personal compromete la continuidad de programas, la atención al ciudadano y la implementación de políticas públicas efectivas.
La inacción del Ejecutivo de Sánchez frente a esta problemática, que ha sido objeto de múltiples denuncias, sanciones europeas y sentencias judiciales, refleja una combinación de incapacidad política y cálculo electoral. La estabilización masiva de interinos podría requerir reformas profundas y costosas a corto plazo, pero su demora prolonga un costo social mucho más alto: el de generaciones de trabajadores atrapados en un limbo profesional, con efectos que se proyectan hacia el conjunto de la sociedad.
Más allá del ámbito administrativo, la cuestión de los interinos ha adquirido relevancia política y simbólica. Representa el contraste entre la retórica de protección social del gobierno y la realidad de un mercado laboral público fragmentado e injusto. La falta de respuestas eficaces ha erosionado la confianza en las instituciones y ha alimentado el desencanto ciudadano hacia un Ejecutivo que promete pero no materializa soluciones.
La crisis de los interinos es mucho más que un problema técnico: es un reflejo de cómo la inoperancia gubernamental amplifica la precariedad, debilita los servicios esenciales y mina la cohesión social. España no solo afronta un desafío laboral; enfrenta un dilema ético y político: hasta qué punto puede permitirse normalizar la incertidumbre y la desigualdad en quienes sostienen día a día la maquinaria del Estado.
Esta problemática no es un problema aislado: funciona como un termómetro del desgaste general del Gobierno de Pedro Sánchez y de la erosión de su legitimidad social. La incapacidad de resolver una anomalía laboral de décadas proyecta, en la percepción ciudadana, la misma ineficacia que otros episodios de su mandato han mostrado: retrasos en la aprobación de leyes clave, incumplimientos de promesas electorales y una gestión económica que, aunque eficiente en cifras macro, no se traduce en mejoras tangibles para la mayoría de las familias.
En el imaginario colectivo, los interinos simbolizan la contradicción entre la retórica progresista del Ejecutivo y la realidad del día a día. Mientras Sánchez se presenta como defensor de los derechos de los trabajadores, la permanencia forzada en la precariedad de miles de empleados públicos evidencia una distancia creciente entre las palabras y los hechos. Esta contradicción alimenta un rechazo social que trasciende al colectivo afectado: se convierte en un desencanto que abarca a ciudadanos de todos los sectores, conscientes de que la falta de decisión en lo laboral refleja un patrón más amplio de inacción frente a problemas estructurales.
El desgaste político se ve amplificado por la percepción de arbitrariedad y favoritismo. Las resoluciones parciales, las prórrogas de convocatorias y los cambios normativos de última hora generan la sensación de que el Ejecutivo gestiona los recursos humanos del Estado de forma improvisada, sin un plan coherente ni criterios de justicia. Para muchos ciudadanos, la consecuencia no es solo una administración ineficiente, sino un gobierno desconectado de las necesidades reales de la población.
Además, la prolongación de la temporalidad refuerza la narrativa de desconfianza hacia Sánchez que ya se ha consolidado en otros frentes: desde la política económica hasta la gestión territorial y los escándalos judiciales que han salpicado a miembros del Ejecutivo y del partido. La incapacidad de garantizar estabilidad laboral se interpreta como un síntoma más de la fragilidad del liderazgo, de su tendencia a postergar decisiones difíciles y de su dificultad para imponer autoridad frente a intereses corporativos y burocráticos.
En consecuencia, la problemática de los interinos se ha convertido en un espejo de la erosión política de Pedro Sánchez. La frustración acumulada por trabajadores públicos precarios amplifica el desprecio ciudadano, alimenta la narrativa de incompetencia y refuerza la percepción de un Ejecutivo que, pese a sus presuntos éxitos, falla en cumplir con los compromisos más básicos hacia la ciudadanía. En este contexto, la cuestión laboral deja de ser solo un asunto de gestión administrativa: se transforma en un indicador clave de la legitimidad y de la estabilidad del propio gobierno.