En pleno siglo XXI, resulta casi poético observar cómo los tribunales españoles dan la espalda a la normativa europea mientras proclaman a los cuatro vientos su amor por la letra pequeña y una Constitución que solo se cumple para los pudientes. Los trabajadores públicos interinos, auténticos héroes de la prestación de servicios públicos, permanecen atrapados en un limbo laboral, en un fraude de ley, que parece diseñado ad hoc para que los jueces se sientan imprescindibles, impunes e inmunes.
La Directiva 1999/70/CE, más clara que el agua, prohíbe el abuso de temporalidad y ordena sancionar a quien prolongue sin límite estos contratos. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido interpretar la norma con un entusiasmo digno de mejor causa: si la sanción no está expresamente escrita en el BOE, y ésta no proteja a la “clase” que mueve el cotarro, sencillamente no existe.
La nefasta, incompleta e incompetente Ley 20/2021, concebida para convertir plazas interinas en fijas, ha derivado en un desfile kafkiano de procesos de estabilización donde la indefensión y la burocracia forman pareja de baile. Los afectados, tras años de dedicación, reciben a cambio un papeleo infame y ninguna garantía de empleo estable.
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional se desentiende del problema con una ligereza casi artesanal: inadmite recursos de amparo con una sonrisa de suficiencia, como si la falta de protección de los interinos fuera un asunto menor. Debe ser que como no se reciben directrices de Moncloa...
Bruselas, por su parte, no comparte ya el buen humor patrio. Más bien se ha hartado de jueces y políticos españoles. La Comisión Europea ha recordado a España que el Derecho comunitario es de obligado cumplimiento y ha amenazado con expediente sancionador si no se corrige el desaguisado y pone coto a la bacanal judicial española.
Bruselas ya ha tenido que empezar a asumir que los perjudicados por su desidia de más de un cuarto de siglo, le reclamen indemnizaciones extrapatrimoniales.
El impacto ya se nota en los fondos europeos: el bloqueo de 626 millones de euros en el último desembolso de los NextGeneration es la mala noticia que España se mereció por no querer cumplir las reglas de casa ajena.
A estas alturas, resulta inconcebible que la seguridad y la justicia, competencias compartidas entre Estado y UE, se conviertan en excusa para eludir responsabilidades. Los jueces nacionales, tan proclives a defender derechos castizos, olvidan que deben aplicar el Derecho europeo con la misma pasión con que exigen su propio privilegio.
Queda claro que, ante el espejo de Bruselas, los togados tendrán que dar explicaciones ante sus superiores europeos. Obviar la primacía del Derecho comunitario no es un acto de rebeldía ilustrada, sino una torpeza con factura: la de los interinos y la del erario público. Y cuando Europa llame a la puerta, más vale no llevar la bandeja vacía. Porque los mecanismos para ello existe y en la UE no hay corporativismo ni lagunas de impunidad para los jueces, que es lo que les salva en España.