Varios periodistas están desfilando estos días ante el juez Hurtado, instructor del Tribunal Supremo, para rendir cuentas sobre la filtración de los supuestos delitos fiscales del novio de la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso. El magistrado quiere saber quién facilitó la información para después apuntar hacia Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, y a Pedro Sánchez, a quienes Ayuso señala como filtradores finales del expediente de Hacienda que afecta a su compañero sentimental. Sin embargo, ninguno de los reporteros, tal como era de esperar, ha echado un cable a la parejita madrileña que está en boca de todos.
Lo que está ocurriendo en España es una auténtica caza de brujas impulsada por el jefe de gabinete de la lideresa, Miguel Ángel Rodríguez, contra políticos, profesionales de la judicatura y periodistas, y todo para salvarle el pellejo, como suele decirse coloquialmente, a Alberto González Amador, compañero de la lideresa madrileña. En un mundo normal, las instituciones democráticas tendrían que estar sometiendo a exhaustiva fiscalización a Ayuso y a su novio, su patrimonio común o separado, sus contactos e intermediaciones con la empresa privada, pero ya no vivimos en un mundo normal, sino en el “mundo al revés” creado por la derecha más reaccionaria marcada por el nuevo estilo trumpista, un escenario extraño donde quienes terminan en el juzgado no son quienes presuntamente obtienen comisiones o defraudan a Hacienda, sino quienes lo denuncian en las tribunas políticas, quienes lo investigan en la Fiscalía y quienes lo cuentan en los periódicos, televisiones y radios. Esa es la realidad trumpista, surrealista, etílica, que ha construido Miguel Ángel Rodríguez.
En esa enloquecida persecución ideada por Ayuso y su fiel consejero político, periodistas que solo cumplían con su función de informar han tenido que desfilar por el juzgado, el gran plató para este burdo vodevil diseñado por MAR (con apoyo de grupos ultraderechistas) para tratar de salvar al soldado Ryan Amador. Los periodistas que han sido llamados a declarar son Esteban Urreiztieta (El Mundo) –el primero en informar del pacto entre el abogado del novio de Ayuso y la Fiscalía, aunque atribuyendo la iniciativa del acuerdo al fiscal del caso, Julián Salto, lo cual no es cierto, ya que fue al revés, la propuesta partió del bufete de la defensa–; Alfonso Pérez Medina (de La Sexta), que informó del comunicado original que el letrado de la pareja de Ayuso remitió a una dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid; Miguel Ángel Campos (de la Cadena Ser); Marcos Pinheiro y José Precedo (Eldiario.es); Cynthia Coiduras (El Plural); Olivia Moya González (Libertad Digital); y el redactor de la noticia, o en su defecto el redactor jefe de Vozpopuli en relación con la información que publicó este medio a las 23.000 horas del pasado 13 de marzo.
Como es lógico, ninguno de ellos revelará fuente de información alguna y todos se acogerán a su derecho al secreto profesional que les asiste constitucionalmente y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los últimos cuarenta años. Si lo que pretendía la Justicia próxima al Partido Popular, MAR y Ayuso, era asustar o amedrentar a los periodistas involucrados en el affaire para que les temblaran las piernas, se vinieran abajo y declararan que la filtración había partido de la Fiscalía General del Estado, o de Moncloa, es que están más lejos de la realidad de lo que parece. Los jueces conservadores, Ayuso y su asesor han construido un mundo tan de mentiras, tan irreal, que son capaces de creer que la prensa libre de este país se doblegará ante el chantaje y la extorsión propia de países totalitarios, propia del franquismo sociológico que aún parece anidar, enquistado, en un amplio sector del PP y de la judicatura española.
Tal como era de esperar, ninguno de los reporteros/testigos del caso ha confesado que la filtración provenía del fiscal general del Estado. Al contrario, el tiro le salió por la culata al ayusismo, ya que al menos dos de los redactores sometidos al “tercer grado” del Supremo han declarado ante el juez instructor que accedieron al polémico correo electrónico del letrado defensor del novio de la lideresa mucho antes de que lo tuviera el propio fiscal general Álvaro García Ortiz, al que se investiga por la divulgación de ese email confidencial. Ese par de reporteros son Miguel Ángel Campos y José Precedo, director adjunto de Eldiario.es. La declaración de ambos, lógicamente, exonera al máximo responsable de la Fiscalía española de cualquier tipo de responsabilidad en la filtración del dosier Amador.
El testimonio como testigo de Campos ha sido clave para acreditar que el fiscal general del Estado no filtró nada a la SER y refuerza más si cabe que fue MAR quien difundió un inmenso bulo para proteger a la pareja de la lideresa de Madrid. En efecto, a preguntas de la Abogacía del Estado, Miguel Ángel Campos ha confirmado que el 13 de marzo de 2024 a las 15.45 horas, la SER ya comprobó en persona la existencia de ese correo. “El periodista se desplazó en taxi hasta el despacho de su fuente para comprobar personalmente el contenido de ese mail que confirmaba que fue el abogado del novio de la presidenta madrileña quien propuso a la Fiscalía un acuerdo para asumir dos delitos fiscales con el objetivo de reducir su pena”, informa la SER. Ese mismo mail fue el que recibió en su correo personal el fiscal general del Estado esa misma noche, pero mucho más tarde, a las 21.59 horas, según recoge el análisis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La SER logró el permiso de su fuente (cuya identidad no ha revelado Campos en su comparecencia de ayer ante el juez Hurtado) para hacer público el contenido de ese correo del abogado del comisionista Alberto González Amador a las 23 horas de ese 13 de marzo, una vez que el diario El Mundo ya había publicado el bulo fabricado por Miguel Ángel Rodríguez en el que se omitía que fue el novio de Isabel Díaz Ayuso quien ofreció a la Fiscalía un acuerdo de conformidad, y no al revés, como se informó, comprando sin contrastar la versión remitida desde la Puerta del Sol. Que Amador pidiera pacto al Ministerio Público es trascendental, ya que supondría tanto como la confesión de facto de que es un defraudador.
Durante los treinta minutos que duró la declaración, Miguel Ángel Campos protegió el anonimato de su fuente invocando al secreto profesional recogido en el artículo 20 de la Constitución. A ese mismo derecho se han acogido los periodistas de eldiario.es, que fueron los primeros en informar de la investigación abierta contra la pareja de la presidenta madrileña por un supuesto fraude fiscal. Una vez más, los periodistas han estado a la altura frente a las prácticas pseudomafiosas de algunos políticos empeñados en enterrar u ocultar la verdad. La última palabra la tendrá la titular del Juzgado número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, que investiga a Alberto González Amador por dos delitos fiscales y falsedad en documento (un fraude a Hacienda de 350.000 euros en dos ejercicios fiscales).