Errores en los informes encargados por los jueces están poniendo en cuestión la labor de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como policía judicial, y, sobre todo, en causas relevantes como son los sumarios sobre Begoña Gómez, José Luis Ábalos, Koldo García, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los defensores del exministro de Transportes han recurrido las investigaciones policiales porque, según ellos, “son tendenciosas” y no se limitan a los hechos que se le imputan, sino que van mucho más lejos examinando su patrimonio de hace diez años. De hecho, hay un apartado que se dedica a las aportaciones efectuadas por Ábalos a la fundación Fiadelso, Fundación Internacional al Desarrollo Local y Social. El informe trata a esa fundación, sin ánimo de lucro, como si fuese una sociedad mercantil. La Guardia Civil asegura que el exministro recibió retribución como presidente cuando fue al contrario: Ábalos efectuaba aportaciones para el sostenimiento de la organización que cesó su actividad sin dejar expedientes de reintegro o irregularidades contables. Todos los proyectos financiados se justificaron debidamente ante las administraciones competentes. La fundación participó en convocatorias públicas en régimen de concurrencia competitiva, como cualquier otra entidad del tercer sector según los defensores de Ábalos. Pero lo que, sin lugar a duda, ha sido lo más comentado es el informe económico-patrimonial del exdirigente socialista en el que señalan que adquirió un inmueble en Colombia valorado en 2,5 millones de dólares. Al final, la propia unidad tuvo que rectificar. El valor de la casa es de 2,5 millones, sí, pero de pesos colombianos, al cambio unos 750 euros.
La UCO tampoco ha salido muy bien parada en las investigaciones que ha llevado a cabo a los soportes digitales de los dos investigados por el juez del Supremo, Ángel Hurtado, por un delito de revelación de secretos. El juez autorizó el acceso a los datos de los teléfonos móviles de los días anteriores y posteriores a la fecha de autos, el 13 de marzo de 2024. Pero la Guardia Civil ha ido más lejos y ha incluido los registros de la actividad telefónica durante un periodo de diez meses, muy superior al autorizado por el magistrado. Además, esos registros han acabado filtrándose y en ellos figuran datos personales de periodistas, escoltas, un fiscal del Supremo y otros particulares. Esos datos, en formato Excel, han sido puestos a disposición de las acusaciones personadas en el sumario algunas de las cuales son asociaciones vinculadas a la extrema derecha. García Ortiz y Pilar Rodríguez interpusieron una queja, primero ante Hurtado y, posteriormente, en el Consejo General del Poder Judicial hasta el momento con resultado opuesto al esperado. El juez dedujo testimonio y lo trasladó al decanato de los juzgados de Madrid. La instructora que se ha hecho cargo de las diligencias ha acusado a tres periodistas por revelación de secretos.
En la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, también tiene problemas. La defensa del principal imputado, Koldo García, ha interpuesto una denuncia contra la UCO por filtraciones a la prensa de datos personales y causas secretas. En concreto, se refiere a la información sobre una supuesta denuncia por maltrato a su exmujer, que, pese a estar bajo secreto judicial, fue publicada en varios medios. Y no es la primera. Koldo García ya ha denunciado a la UCO por, supuestamente, haber filtrado datos de su agenda personal. Acusa a los agentes que le están investigando, de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos.
El último informe de la UCO también es polémico. Habla de una conversación telefónica de uno de los investigados en el caso Koldo, Víctor de Aldama, en el cual el empresario muestra su preocupación por la situación de quiebra técnica del grupo Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa. Según Aldama, el CEO del holding, Javier Hidalgo, le habría comentado que pensaba llamar a Begoña Gómez para pedir la intervención del gobierno.
Y, aunque el informe es impecable, ha suscitado polémica porque el juez Peinado lo reclama para su instrucción a pesar de que sus superiores le han vetado la posibilidad de investigar el asunto del rescate de la compañía aérea. De momento, la documentación está en manos del juez del Supremo que investiga a Ábalos, Leopoldo Puente, pero Peinado insiste en que se le remita a su juzgado para incorporarlo al sumario que instruye
Los cuerpos policiales están siendo señalados por excederse en su función investigadora para alimentar titulares de prensa y fomentar el desgaste público de figuras políticas. Cabría preguntarse si ha sido la misma UCO la que ha intervenido en los casos mencionados. Hay que decir que sí. Incluso si los investigadores hubieran sido distintos, lo habrán hecho utilizando los mismos medios y criterios y bajo la misma supervisión del organismo. Es verdad que los resultados de estos informes son diferentes. En el caso Begoña Gómez los investigadores policiales no parecen encontrar indicios suficientes de delito en las actividades privadas de la esposa del presidente. Otra cosa diferente son los que se refieren a Koldo, Ábalos y García Ortiz. Sobre este último se atreven a concluir que el fiscal general del Estado debió tener “una participación preeminente” en el filtrado de los datos personales de González Amador un argumento que el juez está teniendo muy en cuenta a la hora de establecer sus conclusiones.
Los dos organismos encargados de las investigaciones judiciales en este país son el cuerpo nacional de policía y la Guardia Civil. Últimamente los jueces se inclinan por esta última institución a la hora de designar a sus miembros como policía judicial encargada de las investigaciones de las diligencias que recaen en sus instancias. Hasta ahora, la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la policía nacional, se había llevado el mayor número de esas investigaciones, pero últimamente los jueces se han inclinado por la Unidad Central Operativa.
Son los magistrados los que deben evaluar los informes que les trasladan, pero, habitualmente, son los principales argumentos en los que se basan a la hora de proceder a las oportunas imputaciones. Lo que ocurre es que los casos que nos ocupan son de gran relevancia pública y cualquier averiguación que acabe por constar en los escritos pueden ser, (de hecho, lo son), utilizadas políticamente. De ahí que se examinen con lupa los resultados de las indagaciones policiales. Y, ahora mismo, algunos de estos informes contienen errores que acaban por cuestionar la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.