La titular del juzgado número 20 de Madrid, Nieves Medrano, ha imputado a cuatro periodistas de El País, El Mundo y 20Minutos por las filtraciones del informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el teléfono móvil de la fiscala jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, investigada en la causa que instruye Ángel Hurtado contra ella y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. Rodríguez se quejó al magistrado por la difusión de sus datos personales y éste decidió deducir testimonio de los hechos y enviarlos al decanato madrileño. Las consecuencias son éstas. Y, cuidado, que puede no terminar ahí. Puede haber más informadores que acaben por ser investigados.
Una cosa está clara. Los jueces han decidido que en este país no hay secreto profesional ni clausula de conciencia, que se saltan a la torera esos derechos reconocidos en la Constitución y van a por ellos. El primero fue el juez Hurtado cuando despreció los testimonios de los periodistas a los que citó para que declarasen sobre las circunstancias en las que habían recibido el famoso correo de Alberto González Amador objeto de la denuncia contra el FGE. Les tomó declaración y, a pesar de que estos negaron haber recibido la filtración desde la sede de la fiscalía, en Fortuny, en sus autos y providencias ni siquiera les menciona. Más claro, el agua.
La reacción de los compañeros que ejercen su trabajo en los tribunales no se ha hecho esperar. Más de medio centenar de ellos han enviado una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, y a la decana de los juzgados madrileños, María Jesús del Barco. En ella dicen que “si los periodistas que se han limitado a cumplir con su deber constitucional de difundir informaciones debidamente contrastadas en un asunto de indudable interés público se ven sometidos a investigaciones penales por ejercer su oficio, amparado por el artículo 20 de la Constitución, tanto ellos como sus fuentes de información padecerán el efecto disuasorio(chilling effect) que los tribunales internacionales, europeos y españoles han considerado extremadamente perjudicial para las sociedades democráticas”.
Así de contundente es la defensa de esos profesionales por parte de sus compañeros. Una vez lo dicho, es necesario ser pesimista sobre el resultado de la protesta escrita. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, se encuentra atada de pies y manos tanto por la bipolarización del organismo de la que es titular como por la situación del Tribunal Supremo que preside donde es evidente el dominio de los jueces conservadores partidarios de “dar un escarmiento a la prensa”. Tampoco cabe duda la opinión que sobre la prensa tienen los otros dos destinatarios del escrito. El presidente del TSJM, Celso Rodríguez, ha dado muestras de su apoyo a los jueces conservadores tales como Juan Carlos Peinado, el titular número 41 que instruye el caso de Begoña Gómez de una manera un tanto peculiar por no decirlo de otra manera. Y qué decir de la decana, María Jesús del Barco. Presidenta de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, sus opiniones sobre la política, el estado de derecho y la justicia son de sobra conocidas. Por lo tanto, ninguno de los tres destinatarios de la protesta va a hacer nada y los periodistas tendrán que declarar el próximo 19 de junio.
Es muy grave esto que está ocurriendo en la justicia. Por mucho que la instructora les impute un delito de revelación de secretos castigado en el artículo 199 del Código Penal, los periodistas se van a acoger al secreto profesional. Y, entonces, ¿qué hará la magistrada? Porque, además, sobre este juzgado han recaído otras denuncias: la de Álvaro García Ortiz en la misma línea que la de su compañera, Pilar Rodríguez, y otra que llama poderosamente la atención: Alberto González Amador también se ha sumado a la cacería.
Porque no es otra cosa que una cacería. Las quejas de Rodríguez y García Ortiz no iban dirigidas contra los periodistas que habían publicado el informe de la UCO sino contra algunas de las partes personadas que se están limitando a difundir las partes de la instrucción del juez Hurtado que les convienen. Y en toda la profesión se sabe que estas asociaciones que actúan como partes acusadoras sólo tienen un objetivo político. Lo hacen en este sumario y también en el del juez Peinado sobre Begoña Gómez.
Y hay que volver a lo mismo que se viene repitiendo desde hace unas semanas. Es necesario limitar la acción popular en las causas judiciales porque las ultimas personaciones no quieren el esclarecimiento de los hechos tal y como se regula en el artículo 125 de la Constitución, sino que buscan acorralar a la izquierda y al gobierno progresista contando con la complicidad de algunos jueces y de la llamada caverna mediática, los medios de comunicación afines. Por eso no se entiende que las asociaciones judiciales hayan puesto el grito en el cielo por la pretensión del ministerio de Justicia de reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar el acceso a la acción popular en los juzgados. Puede traspasar la línea roja de lo estipulado en la carta magna. O no. Ya se comprobará cuando se presente el texto definitivo que reforma la norma.
Pero lo que está claro es que la cosa no puede seguir así porque, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, los jueces han decidido iniciar una cacería contra los periodistas. Los compañeros de los imputados destacan “la independencia, profesionalidad y honestidad de los investigados y de los que pudieran verse en la misma situación en fechas futuras, dado que son múltiples los medios que vienen publicando de igual forma el contenido” de la causa abierta contra el fiscal general entre los que se cuenta esta publicación.
Atacar a los profesionales que lo único que hacen es transmitir lo que está sucediendo en los tribunales va en contra del Estado de Derecho. Ese que los jueces dicen defender a capa y espada porque, según algunos de ellos, está en peligro. Y claro que está en peligro porque ellos mismos se están encargando de vulnerarlo.