Muchos de ellos ni siquiera llegarán a ser “ministrables”. Pero aspiran a promocionarse si la derecha llega al poder y están trabajando para ello: directores generales, vocales de instituciones públicas, o, simplemente, ascensos en las instancias donde prestan servicios. Son los jueces y fiscales que mantienen estrechas relaciones con Génova y, hasta que las urnas decidan si el PP alcanza el poder, intentan desgastar de la manera que pueden al gobierno progresista con la intención secreta de que Pedro Sánchez acabe por arrojar la toalla y convoque anticipadamente comicios que, están convencidos, van a ganar los suyos. Trabajan para ello desde los juzgados más modestos hasta las instancias superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo incluidos. Y si hace falta desde las asociaciones profesionales que controlan. Son los miembros mas destacados de la llamada “derecha judicial” que utilizan las herramientas que la ciudadanía les han cedido para fines políticos. Unos están agazapados sin apenas significarse. Y otros no dudan en pronunciarse públicamente.
Enrique López es magistrado de la Audiencia Nacional tras haber sido consejero de Justicia y Presidencia de la Comunidad Autónoma. Está destinado en la sala de Apelación donde tiene como compañero un exmilitante del PP, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia de la Generalitat valenciana hasta 2003 cuando fue destituido por el consejero de Eduardo Zaplana, Víctor Campos, por sus desavenencias políticas con el secretario del departamento, Fernando de Rosa, también del Partido Popular. López dejó su cargo porque se lo pidió la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, y solicitó el reingreso en la judicatura, pero, desde entonces, no ha dejado de significarse públicamente a favor del PP siempre en defensa de sus compañeros. “Es una anomalía ver como se insulta a los jueces en el Congreso”, ha sido su última manifestación pública. Intentó hacerse con la presidencia de la AN, pero no lo consiguió. Ha sido magistrado del Tribunal Constitucional y ahora aspira a hacerse con un ministerio si Núñez Feijóo o quien designe el Partido se hace con el poder y para ello está trabajando.
Una de sus compañeras que más le admira es Concepción Espejel, actual magistrada del TC, que le llegó a llamar “el Georges Cluny” de la judicatura española. Espejel trabaja, junto a sus compañeros, César Tolosa y José María Macias, para neutralizar “la mayoría progresista” de la corte de garantías. Cuando concluya su mandato, los tres aspiran a entrar en la lista de ministrables del Partido Popular. Por su cercanía a esta formación, la jueza fue recusada en el juicio de la Gürtel, algo parecido a lo que ocurrió con Ángel Hurtado, el magistrado que instruye la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Supremo, y que también aspira a algo mayor.
En la corte suprema hay varios candidatos a ocupar cargos relevantes si la derecha alcanza el poder. Manuel Marchena, el que fue presidente de la sala segunda de Lo Penal, se significa por su ideología conservadora que le ha llevado a enfrentarse al gobierno progresista. Fue el que dirigió el juicio contra los líderes independentistas catalanes, se opuso tajantemente a la ley de amnistía logrando bloquearla gracias a que impuso su doctrina sobre la malversación y últimamente se dice que ha sido el inspirador del auto que desestima la reapertura de la causa penal contra Juan Carlos de Borbón por el uso de las fundaciones Zagatlka y Lucum. Ha declarado públicamente que “la sociedad no puede sobrevivir sin confiar en sus jueces, los cuales estamos llamados a revolver los conflictos sociales. Y a hacerlo con plena sujeción al principio de legalidad.” En la judicatura consideran que sus decisiones, a veces controvertidas, no le han quemado por lo que puede ser un importante activo para la derecha si alcanza el poder.
Carlos Lesmes fue presidente del Consejo General del Poder Judicial, pero dimitió cuando los partidos políticos no se pusieron de acuerdo en su renovación. Actualmente está destinado en la sala tercera de Lo Contencioso Administrativo del Supremo. Ya ocupó un cargo político como director general de Relaciones con la Administración de Justicia en un gobierno de José María Aznar y ahora aspira a algo más. Mantiene un perfil bajo sin significarse políticamente, pero los que conocen la máxima instancia judicial aseguran que mantiene muy buenas relaciones con Génova.
María Jesús del Barco es presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura y decana de los juzgados de Madrid. En la campaña electoral de 2023 mantuvo contactos con Núñez Feijóo quien se comprometió con ella a cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para que fuesen las asociaciones las que los designasen indirectamente. Pero, según aseguran en fuentes de su entorno, quiere llegar más lejos: dejar la APM en una posición privilegiada y participar en la política activa.
En la carrera fiscal también hay quien aspira a ocupar un relevante cargo si el PP llega a ganar las elecciones. En el grupo de “los fiscales rebeldes” del Tribunal Supremo, que se opone frontalmente a las consignas de sus superiores, Javier Zaragoza se postula para sustituir a García Ortiz. Sus compañeros, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal buscan, también, una promoción, y el presidente de la minoritaria Asociación Profesional Independiente de Fiscales, APIF, Salvador Viada, libra una batalla judicial contra sus superiores de la que espera obtener una recompensa.
Hay otros jueces y fiscales que están ahí y esperan su momento en el supuesto de que la derecha retorne a La Moncloa. No hay que olvidar las ramificaciones familiares del juez Peinado, y la escasa actividad del jubilado Manuel García Castellón. A todos ellos no les importaría ser titulares de un ministerio, que bien puede ser el de Interior, (el antecedente es el de su compañero Grande Marlaska), Justicia o Presidencia. Pero también pueden acabar en una dirección general o en vocalías de organismos bastante apetecibles como puede ser el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado. Están llevando a cabo una guerra para desgastar al gobierno progresista y, llegado el momento, exigirán su recompensa. Lo que habrá que ver es si hay para todos.