Sus actuaciones no se prodigan en los medios de comunicación. Pero tienen relevancia jurídica. Son jueces y juezas que están siendo investigados por haber prevaricado. El caso de la titular del juzgado número 26 de Barcelona está siendo muy comentado estos días. Ordenó la detención de un secretario judicial, ahora llamado letrado de la administración de justicia, por no haber abonado una multa de 150 euros y encontrarse en paradero desconocido. Lo curioso del asunto, que es lo que ha motivado la investigación a la jueza, es que no hacía falta llevar a cabo muchas diligencias para ejecutar la multa ya que el letrado se encontraba muy cerca de la magistrada, unos despachos más allá del suyo nada más.
Todo comenzó cuando el secretario judicial fue condenado al pago de una multa de 150 euros por un delito leve de coacciones. Un asunto menor de conflicto vecinal que el funcionario decidió recurrir. Al mismo tiempo, comunicó al juzgado dos direcciones de correo electrónico donde debería recibir las notificaciones sobre el recurso.
Un recurso que no prosperó. Pero el fallo no fue notificado. El condenado dejó pasar el asunto sin reparar en que se estaba llevando a cabo un procedimiento extremadamente peligroso contra él. Además de los dos emails que había comunicado, su lugar de trabajo se encontraba en el mismo edificio donde se encuentra el juzgado 26, que se encargaba de la causa. Y, aún más, en cualquier caso, de ejecución de sentencias pecuniarias antes de proceder a la detención del condenado, se averigua la existencia de nóminas, cuentas bancarias y demás bienes para proceder al embargo.
En esta ocasión, la jueza ni se preocupó en dictar las oportunas diligencias. Ni siquiera en averiguar el destino de un funcionario de la administración de justicia que necesariamente debía de estar localizado. No, la jueza utilizó el camino más corto y como en la sentencia se dice que “si no pagare la multa sufrirá arresto en concepto de responsabilidad personal”, dictó un auto de orden de busca y captura, por “ignorado paradero e insolvencia”.
La policía localizó al letrado en un hotel de La Palma, en las Canarias, en el que pasaba las vacaciones junto a su familia. Lo detuvo y lo condujo a un juzgado de instrucción de la localidad de Santa Cruz de Tenerife a raíz del auto dictado por la jueza.
Ahora, el letrado ha presentado una querella contra la jueza a la que acusa de prevaricación. La querella dice que “la jueza había declarado el ignorado paradero del secretario, pese a que este había facilitado dos correos electrónicos para que le enviaran las comunicaciones relacionadas con la multa impuesta, había entregado la dirección de su domicilio habitual y trabaja en un juzgado de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, apenas a 50 metros de la oficina de la magistrada”.
La querella sostiene que las afirmaciones del auto eran "totalmente falsas": “el secretario residía en el domicilio designado en el juzgado, se le podía localizar fácilmente en el juzgado donde trabaja y mantenía abiertos los correos electrónicos, por lo que desconoce los motivos por los que no recibió las notificaciones sobre la sentencia como las anteriores diligencias. Y no se le puede considerar insolvente, porque cuenta con suficientes ingresos en sus diversas cuentas corrientes”.
Sus abogados recuerdan que para aplicar la responsabilidad penal subsidiaria, que prevé el ingreso en la cárcel de las personas que no paguen una condena a multa, es necesario agotar las vías de cobro, investigar el patrimonio y utilizar la vía de apremio y embargo de cuentas.
Lo curioso del asunto es que el secretario judicial presentó una denuncia contra la jueza al Consejo General del Poder Judicial. Su comisión disciplinaria la archivó. Ni siquiera se molestó en investigar su actuación cuando existe un expediente disciplinario contra ella que terminó con el resultado de tres años de suspensión por “una falta muy grave de desatención o retraso injustificado en la tramitación de procesos judiciales”.
Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el que se encargará de tramitar la querella por prevaricación. Un caso de esos que apenas tiene trascendencia pública pero que muestra la situación en que se encuentra la justicia en este país.