Los tertulianos mediáticos, y en este caso también los de la izquierda, están siendo benévolos con la gran metedura de pata del juez número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, tras conocerse sus interrogatorios a Juan José Güemes, CEO del Instituto de Empresa, y a su directora de recursos humanos, Soledad Gil. En su interrogatorio ésta nunca llegó a decir que el directivo contrató a la mujer del presidente Sánchez por su condición, y a Güemes le preguntó si ordenó a Gil contratar a Begoña Gómez por ser la esposa del presidente del Gobierno porque, según el juez, así lo había asegurado previamente su subordinada, cuando en realidad ella no había dicho nada al respecto, sino que tal afirmación procedía de la abogada de Vox, que ejerce la acusación popular.
Un gesto de este tipo por parte de un instructor puede ser utilizado por las defensas para pedir su recusación. Incluso para volver a denunciarle por prevaricación. Demasiado grave, aunque, como siempre, la caverna mediática intenta quitar hierro al asunto. Y no se puede argumentar, como han dicho por ahí que es que Peinado está al borde de la jubilación y tiene “lagunas mentales”. El magistrado debería ser inhabilitado para seguir instruyendo esta causa porque está clara su animadversión hacia la principal investigada del caso, Begoña Gómez.
Pero hay otra cosa que también es evidente: si las defensas presentan recurso, o incluso piden la recusación del juez, la Audiencia Provincial de Madrid la rechazará y avalará su actuación. Ya lo ha hecho en otras ocasiones con evidentes signos de parcialidad. Y si se intenta llegar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid denunciando una nueva prevaricación ya habrá otro juez Goyena encargado de rechazarla porque lo que está claro es que a la derecha judicial le interesa mantener este estado de cosas. El objetivo es desgastar a Pedro Sánchez cueste lo que cueste. Lo han ordenado desde Génova y los magistrados están dispuestos a obedecer. Y, por si alguien lo duda, ahí está el caso de su hermano, donde hasta el banco en donde dicen que tiene millones de euros en acciones, ha certificado que no es para tanto. La cantidad no llega a los 50.000. Encima, el informe correspondiente de la UCO de la Guardia Civil no aprecia irregularidad alguna en su trabajo en la Diputación de Badajoz. Pero la jueza insiste en mantener el sumario abierto.
Todo con tal de que la caverna mediática siga publicando barbaridades contra el entorno familiar del presidente Sánchez. Es lo que dijo Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los diputados: “señor Sánchez usted se sentará en la cena de nochebuena con dos imputados judiciales”. Se olvida el presidente del Partido Popular de que su hermana está siendo investigada por malversación y que sobre él circula la célebre fotografía en el barco de un conocido narcotraficante gallego.
La ultima ocurrencia del juez Peinado ha sido la de abrir una pieza separada para investigar posibles delitos cometidos por las acusaciones particulares, Vox, Hazte Oír y Manos Limpias, por las filtraciones de los interrogatorios a la prensa, dice el magistrado, “en los alrededores del juzgado”. Juan Carlos Peinado parece desconocer cómo funciona el mundillo de la información de tribunales, y mucho menos del periodismo en general.
Es cierto que es “alérgico” a los medios de comunicación, pero esa misma predisposición es lo que hizo pensar, en un principio, que iba a rechazar una denuncia basada en recortes de prensa y no lo hizo. Además han transcurrido, ya, algunos meses desde que inició la instrucción y no había dado nunca ese paso a pesar de que en los aledaños de los juzgados de la plaza de Castilla el espectáculo en torno al caso Begoña Gómez se ha convertido en un circo digno del mejor divertimento de los ciudadanos madrileños, con manifestantes todos los días pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y cometiendo el peor delito de todos: sentenciando a su mujer como culpable de corrupción negándole la presunción de inocencia.
Juan Carlos Peinado lo ha permitido. No lo puede negar. Presuntamente, cometió un supuesto acto prevaricador, aunque sus superiores se lo hayan avalado. Se fue a Moncloa a interrogar al presidente del Gobierno cuando éste tiene la potestad de poder declarar por escrito. El magistrado se lo negó y, acto seguido, toda esa gente que está en la puerta de su juzgado, se trasladó hasta la verja del palacio presidencial. Y no fue más lejos porque la fuerza pública se lo impidió. Eso sí. Los abogados presentes en ese simulacro de interrogatorio hicieron declaraciones a la salida porque eso es lo que buscan con esta causa cuya única salida, después de todo lo que se ha visto, es el archivo.
El juez se ha dado cuenta demasiado tarde del enredo en que se ha metido. Va a salir muy mal parado de este circo que ha montado por mucho que ahora intente encontrar responsabilidades penales. Todos los testigos que han pasado por su despacho han manifestado la inexistencia de actitud delictiva en los imputados. No sólo de Begoña Gómez sino del resto: un conocido dirigente del Partido Popular ahora metido a gestor de un centro educativo, otro significado simpatizante de la derecha conservadora, rector de la Universidad Complutense, y un empresario delicado de salud que ha tenido que soportar, incluso, el registro de sus domicilios particular y empresarial, y al que se presiona porque se cree que recibió algún trato de favor por parte de Pedro Sánchez, algo que no se ha podido probar. Como tampoco ninguna actuación irregular del resto de los investigados, incluida Begoña Gómez, el principal objetivo del juez.
Porque, por mucho que digan los tertulianos, incluidos los más próximos a la izquierda, Juan Carlos Peinado no está actuando así por un problema de edad, sino por su animadversión hacia Pedro Sánchez y su entorno. La misma que tienen todos esos magistrados, fiscales y LEAJs que forman parte de la derecha judicial y que tiene como objetivo acabar con los que ganaron legítimamente el gobierno en el Parlamento.