Para entender el sindiós que están provocando muchos jueces españoles para favorecer los intereses de los bancos, hay que empezar imaginándose que en un contrato hipotecario la fórmula de las cuotas es inaplicable, por incorrecta, equivocada hasta en cuatro sitios diferentes.
También hay que imaginarse que el banco no tenía ningún interés en que el cliente se diera cuenta. El director iba a lo suyo: a vender hipotecas y cobrar los incentivos. Mejor si el cliente no entendía a qué se exponía, no fuera que no firmara. Cuando el cliente no pudo pagar cuotas demasiado altas se quejó ante los tribunales. No le habían explicado (y, de hecho, era imposible que se lo explicaran) cómo podía saber cuánto pagaría de hipoteca cuando el Euribor subiera.
El periplo judicial de este cliente empezó bien, pues hubo un juez justo que se dio cuenta del abuso y le dio la razón en primera instancia. La sentencia describía lo obvio: “ha quedado acreditado que la fórmula pactada para determinar el importe de las cuotas mixtas es errónea, lo que conlleva que el acta notarial de acreditación de saldo también es erróneo, al ser elaborado en aplicación de la fórmula contractualmente pactada”.
Sin embargo, este cliente es posible que no supiera que el verdadero calvario para la ciudadanía española comienza a partir de la segunda instancia, donde una importante mayoría de los jueces de las audiencias provinciales no tienen piedad para favorecer los intereses de los poderosos.
En este caso, la Audiencia Provincial sostuvo que el error no era para tanto, puesto que era fácil, según los tres jueces que firmaban el auto, deducir la fórmula corregida. ¡El problema es que la fórmula que pone la Audiencia también era totalmente incorrecta! Además, la supuesta “fórmula correcta” comete el error garrafal de cambiar la “i” del tipo de interés por un “1”, demostrando una total ignorancia u otra cosa... ¿Se imaginan si en todas las fórmulas, al revisar el tipo de interés, en vez de introducir el valor, pusiéramos un “1” y listos? Pues este sinsentido es el fundamento para que le quiten su casa a este afectado por los abusos de los bancos.
Los afectados reaccionan
Primero fueron los afectados de Baleares quienes denunciaron estas aberraciones ante la Administración de Justicia y la de Consumo. La Audiencia de Mallorca falló al respecto con una sentencia ejemplar, la referida al iter matemático, que es tanto como decir que el hipotecado tiene que poder calcular lo que tendrá que pagar cada mes (si no, sería un “contrato ciego”). Por otra parte, Félix Alonso, entonces Director General de Consumo de Baleares, sancionó a una entidad por presentar fórmulas erróneas e incomprensibles.
Ahora son los afectados de Canarias quienes toman la palabra, a través de la asociación AHINOR, que es un referente en una comunidad donde, debido a la cantidad de espacio protegido, el problema de la vivienda es acuciante. Esta asociación realizó un análisis de 30 contratos hipotecarios, siguiendo el informe REDAL del Gobierno Balear y detectó que 29 de ellos eran incorrectos, con errores de calado, que hacían que el prestatario no pudiera aplicar nunca las fórmulas ni mucho menos entender las consecuencias económicas de lo que firmaba.
“No estamos hablando de abusos numéricos como los redondeos o la cláusula 365/360”, señala Francisco Santana, Presidente de AHINOR, “tenemos entre manos el mayor escándalo financiero del que se haya tenido noticia jamás en España”. No le falta razón puesto que, como ya apuntó Consumo de Baleares, estamos hablando de millones (sí, millones) de contratos afectados. ¿Por qué? Pues porque la banca se creía impune en los años 1990-2011 y sistemáticamente contrataba hipotecas sin ningún tipo de control, sin informar adecuadamente de la carga económica al prestatario y con prisas para que firmase el contrato. El problema para la banca es que las pruebas se obtienen, simplemente, leyendo la escritura por parte de un experto: los pactos numéricos que contiene son absurdos.
AHINOR cuenta con el apoyo de la Diputación del Cabildo (Defensor del Pueblo de Canarias) que se ha hecho eco de semejante despropósito financiero. Hace tres años, precisamente, fue otro defensor del pueblo autonómico, el Síndic de Greuges de Cataluña, que ya advirtió en su resolución sobre el IRPH que los jueces no disponían de la formación financiera necesaria para juzgar estos casos.
La administración está obligada a escuchar a los defensores del pueblo, ya sean autonómicos o el estatal, pero parece que es dura de oído. Veremos si a la administración de justicia, el Consejo General del Poder Judicial en particular, le preocupa que se cree una colección jurisprudencial absurda (con las consecuencias sobre la ciudadanía que ello conlleva) o, por el contrario, haga lo mismo que la Agencia Catalana de Consumo, que ha ignorado todas las denuncias, con el agravante de tener sobre las mesa las peticiones del Síndic de Greuges.
Una petición sensata y necesaria
Francisco Santana, Presidente de AHINOR, quiere dejar constancia de que, precisamente, determinados jueces se esfuerzan y protegen de los abusos del sistema bancario. “La situación ideal sería que tuvieran medios personales y materiales escuchar a las partes con sosiego y prudencia, pues son temas bancarios complejos, y particularmente las pruebas periciales de economistas o matemáticos”, apunta, por lo que considera que su petición es totalmente sensata y necesaria.
Parece ser que la postura de algunos jueces de primera instancia, que realizan tareas de actualización (como estar al corriente de las sentencias del TJUE) o esforzarse por entender los razonamientos financieros, choca con algunas Audiencias provinciales o el Tribunal Supremo. Éste último no sale nada bien parado después de los errores financieros que se señalan en el informe sobre el IRPH del Ministerio de Consumo, que Diario16 publicó en exclusiva la semana pasada.