La maniobra del PP para que el Senado reclame al Consejo General del Poder Judicial un informe sobre la ley de amnistía esconde una trampa, bien diseñada, con el objetivo de poder presentar un recurso en la sala tercera de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo donde saben que la afinidad de sus jueces asegura una sentencia desfavorable, no por el contenido de la ley, sino en contra de su tramitación. Las diferencias a dilucidar estriban en que la izquierda no considera necesario este informe porque es una proposición de ley presentada por el grupo socialista en el Congreso por lo que no son necesarios los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, mientras que el Partido Popular argumenta que sí son necesarios estos informes basándose en el artículo 561.1 de la ley orgánica del Poder Judicial que dice que “se someterán a informe los anteproyectos de ley y disposiciones generales” sobre una serie de materias relacionadas con el ámbito judicial y la actividad de los tribunales. Concretamente, el artículo establece nueve supuestos, el octavo de los cuales se refiere a “leyes penales y normas sobre régimen penitenciario”.
La derecha pretende, de esta manera, dilatar aún más el trámite parlamentario ya que si, al final, el Senado acaba por solicitar el informe al CGPJ, este organismo deberá decidir si tramita la petición. En el supuesto de que se admita, deberá ser el pleno el que elabore el informe que será negativo gracias a los vocales conservadores que ya elaboraron, hace algunas semanas, una moción criticando la ley cuando ésta todavía no había sido presentada en la cámara baja y se desconocía su contenido. Por supuesto, este trámite llevará un periodo de tiempo. Mientras tanto, el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, se negará a pronunciarse sobre el texto remitido por el Congreso. Si el trámite en la Cámara Alta se puede demorar dos meses, según el nuevo reglamento, la cosa se puede ir a los tres meses teniendo en cuenta el tiempo que se tardará en el debate y la aprobación del informe en el CGPJ. Y todavía la cosa puede ir a más si, al final, también tiene que pronunciarse el Consejo Fiscal, órgano asesor del fiscal general del Estado, al que también se va a pedir un dictamen.
La maniobra es una trampa ya que, en cualquiera de los supuestos que puedan producirse en el futuro con esta petición, podrá recurrir ante el Supremo, una de las vías que en Génova han encontrado para judicializar la amnistía a la que piensan oponerse con todas las herramientas a su alcance. Un recurso ante el Supremo en torno a la oportunidad de un dictamen de la proposición de ley lo debería resolver la sala tercera de Lo Contencioso Administrativo, una instancia muy polémica y que se presume que está controlada por la derecha conservadora próxima a Génova. Es la misma sala que, hace unos días, anuló el ascenso de Dolores Delgado como fiscala de sala.
Por lo tanto, cabe la posibilidad de que la sala tercera de lo Contencioso Administrativo falle a favor de las tesis del PP y obligue al Congreso a tramitar la ley de amnistía por la vía ordinaria debiendo someterse al dictamen del Consejo de Estado, del CGPJ, y del resto de organismos consultivos lo que demorará la entrada en vigor de la amnistía por lo menos, según señalan los expertos juristas, Hasta finales del verano o el otoño de 2024.
Está claro que el PP va a utilizar esta nueva iniciativa para judicializar la ley de amnistía. Sabe que no le van a dar la razón. En el escrito en el que piden al Senado que solicite un informe al CGPJ ya insinúan la posibilidad de que el artículo en el que basan su demanda no encaje con ella. Sobre si una proposición de ley presentada por un grupo parlamentario tiene la obligación de ser dictaminada con anterioridad por los órganos consultivos existen opiniones dispares entre los juristas. Los hay que creen que, aunque el Senado apruebe la iniciativa del Partido Popular, el CGPJ debería inadmitirla porque no cabe dictamen sobre las proposiciones de ley. “Los informes de los órganos consultivos siempre son respecto a iniciativas legislativas que tienen su origen en el Gobierno, no en proposiciones de ley”, señalan la mayoría de catedráticos de Derecho Constitucional. Pero también los hay quienes opinan que la literalidad del artículo 561.1 de la de la ley orgánica anteriormente citada habilita al Senado a solicitar informes sobre proposiciones de ley cuando se refiere a “disposiciones generales” donde perfectamente caben las iniciativas parlamentarias que no pasan por el Consejo de Ministros. Y esas diferencias entre los juristas son las que pretende aprovechar la derecha para que sean los tribunales los que las resuelvan. Por supuesto a sabiendas de que los jueces se van a inclinar por su tesis debido a sus afinidades ideológicas.
Por lo demás, el informe que puede llegar a aprobar el Consejo General del Poder Judicial será muy parecido a la moción que sacaron adelante los diez vocales conservadores en un pleno que fue calificado de ilegal por los miembros de adscripción progresista que ni siquiera asistieron a la reunión. Se le pronostica un escaso recorrido porque, en cualquier caso, los informes de los órganos consultivos no vinculan ni al ejecutivo ni al legislativo. Pero, como ya se ha comentado, lo que se pretende es ganar tiempo. Que la amnistía no se haga efectiva, a ser posible, en el transcurso del año que viene con la impaciencia que ello generará entre los independentistas catalanes que puede acabar por repercutir en las votaciones de las iniciativas presentadas por el gobierno progresista.