Las abundantes precipitaciones de 2024 y 2025 han ofrecido un alivio temporal tras años de sequía, pero no resuelven los desequilibrios profundos del sistema hídrico español. Infraestructuras envejecidas, gobernanza fragmentada y una explotación intensiva del recurso mantienen al país en una situación de vulnerabilidad creciente frente al cambio climático.
Tras varios años de sequía severa y estrés hídrico en amplias zonas del país, las lluvias registradas desde finales de 2023 han elevado el nivel medio de los embalses por encima del 75% de su capacidad total, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Algunas cuencas, como las internas de Cataluña, que se encontraban por debajo del 25% hace apenas un año, han superado ya el umbral del 70%, saliendo del estado de emergencia.
No obstante, esta recuperación aparente no resuelve los desequilibrios estructurales. España mantiene una alta dependencia de un régimen de precipitaciones cada vez más irregular y concentrado. Según el sistema Copernicus de la Unión Europea, el país sigue afectado por una sequía hidrológica crónica en diversas regiones, con déficits en el caudal ecológico y una sobreexplotación persistente de acuíferos.
Infraestructuras obsoletas, gobernanza fragmentada
Uno de los principales cuellos de botella del sistema hídrico español es la obsolescencia de sus infraestructuras. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estima que, en promedio, más del 24% del agua que circula por las redes urbanas se pierde antes de llegar al consumidor. En algunos municipios, esta cifra supera el 40%. Estas pérdidas se deben a la antigüedad de las redes, muchas sin renovar desde hace décadas, y a la dispersión competencial municipal, que limita la inversión sostenida y la planificación conjunta.
En el ámbito agrícola, responsable de cerca del 80% del consumo nacional de agua, persisten modelos productivos poco eficientes, especialmente en zonas áridas donde se han expandido cultivos de alto requerimiento hídrico. Aunque se han incorporado sistemas de riego tecnificado en algunas áreas, siguen dominando los esquemas de gestión basados en disponibilidades teóricas más que en capacidades reales del territorio.
A este cuadro se suma una gobernanza fragmentada entre el Estado, las comunidades autónomas, las confederaciones hidrográficas y los entes locales. Esta dispersión complica la coordinación entre planes de cuenca, medidas de emergencia y políticas de largo plazo, obstaculizando una visión integral del recurso.
Hidroeléctricas: energía limpia, gestión opaca
En este contexto, las centrales hidroeléctricas representan un punto crítico en el debate sobre la sostenibilidad del modelo hídrico español. Si bien estas instalaciones cumplen una doble función, producción de energía renovable y regulación de caudales, , su funcionamiento ha sido objeto de un escrutinio creciente por su impacto en la gestión global del agua.
La lógica operacional de muchas hidroeléctricas prioriza la generación de electricidad en momentos de alta demanda y precio, incluso en detrimento de la seguridad hídrica o el equilibrio ecológico de los ríos. En periodos recientes de escasez, diversas organizaciones y autoridades locales han denunciado desembalses masivos con fines energéticos que redujeron de forma abrupta los niveles de almacenamiento en embalses estratégicos, dificultando el abastecimiento urbano y agrícola.
A pesar de que muchas de estas infraestructuras están ubicadas en embalses de titularidad pública, su gestión recae en concesiones privadas de larga duración, muchas de ellas concedidas en el siglo XX bajo marcos jurídicos hoy superados. Estas concesiones no siempre incluyen cláusulas claras sobre caudales ecológicos obligatorios ni mecanismos eficaces de control público. La opacidad en la información sobre cuándo, cómo y por qué se libera agua para generación eléctrica limita la transparencia y la rendición de cuentas.
Desde una perspectiva crítica, el problema no se reduce a las hidroeléctricas como tecnología, sino a su gobernanza. Subordinar un bien común como el agua a intereses energéticos privados sin supervisión adecuada pone en riesgo los objetivos de sostenibilidad, equidad y resiliencia climática. Numerosas voces del ámbito académico y social, como la Fundación Nueva Cultura del Agua, exigen una revisión del régimen concesional, el establecimiento de prioridades claras de uso y una planificación hídrica que subordine la generación hidroeléctrica al interés general y los límites ecológicos.
Las lluvias recientes han permitido una recuperación parcial de los embalses, pero no resuelven los problemas estructurales que aquejan al sistema hídrico español. Sin una reforma profunda en planificación, eficiencia, gobernanza y control sobre infraestructuras estratégicas como las hidroeléctricas, el país seguirá siendo vulnerable a futuras crisis.
La gestión del agua no puede depender del azar meteorológico ni de incentivos de mercado: exige decisión política, justicia ambiental y planificación pública con visión de futuro.