Desde hace años, la okupación ha sido presentada como un problema creciente en España, con imágenes de familias desalojadas de sus propios hogares por desconocidos. Algunos medios de comunicación, empresas de seguridad y discursos políticos, entre eloos los de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso han alimentado esta sensación de inseguridad, pero los datos demuestran que la okupación ilegal es un fenómeno residual.
España cuenta con un parque de 27 millones de viviendas, según el Ministerio de Vivienda. En 2023, se registraron 16.400 denuncias por allanamiento o usurpación de inmuebles, lo que supone un 0,06% del total. De estas, solo el 7% correspondían a viviendas habitadas o segundas residencias, lo que significa que la inmensa mayoría de las ocupaciones se producen en inmuebles vacíos. Además, el incremento de denuncias en la última década se debe en parte a cambios en la legislación que ampliaron el tipo de casos que se registran.
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— UGT Madrid (@UGTMadrid) March 13, 2025
🚨 Se siente la fuerza de quienes luchan por un techo digno. La vivienda no es un lujo, es un derecho. 💥 Exigimos leyes que prioricen a las personas sobre los intereses económicos‼️
📅 20 de marzo
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Una alarma social sin base estadística
A pesar de que los datos muestran que los casos de okupación en viviendas habitadas son mínimos, la percepción de inseguridad ha crecido exponencialmente. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2023 se registraron 218 condenas firmes por allanamiento de morada en toda España. La diferencia entre la percepción y la realidad se debe, en parte, a la cobertura mediática y a la difusión de casos excepcionales como si fueran habituales.
“La narrativa sobre la okupación está completamente distorsionada. Se ha convertido en una excusa para no abordar los problemas reales de la vivienda”, señala Jaime Palomera, del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. Por su parte, la abogada Elisa Barragán considera que “se ha creado una alarma social desproporcionada, generando miedo sin datos que la respalden”.
Quiénes son los okupas
Lejos de la imagen de grupos organizados apropiándose de casas ajenas, la realidad de la okupación es más compleja. La mayoría de las personas que recurren a esta práctica lo hacen por necesidad: familias con escasos recursos, jóvenes sin acceso a alquileres asequibles y personas en situación de vulnerabilidad.
“Hablar de okupas como delincuentes organizados es falso en la gran mayoría de los casos”, explican fuentes judiciales. “Se trata de gente que no tiene otra opción y que, muchas veces, ocupa pisos vacíos de bancos o fondos de inversión.”
Diferencias entre allanamiento y usurpación
Uno de los mayores problemas del debate sobre la okupación es la confusión entre delitos. La usurpación, que implica la ocupación de una vivienda vacía, es un delito leve castigado con multa. En cambio, el allanamiento de morada, que supone la entrada en una vivienda habitada, es un delito grave. Sin embargo, los casos de allanamiento son mínimos.
Las estadísticas del INE muestran que las condenas por allanamiento han disminuido un 30% en la última década, mientras que el número de casos de usurpación no ha crecido de forma alarmante.
La inquietante mentira de la “inquiokupación”
En los últimos años, algunos sectores han promovido el término “inquiokupación” para referirse a inquilinos que dejan de pagar el alquiler y siguen en la vivienda. Sin embargo, los datos desmontan esta supuesta tendencia.
En 2023, hubo más de 24.000 desahucios por impago de alquiler en España, lo que demuestra que los propietarios tienen mecanismos efectivos para protegerse. Además, el número de denuncias por okupación ilegal descendió un 8,8%, lo que contradice la idea de una crisis de ocupaciones.
Mientras el debate se centra en la okupación, el verdadero problema de la vivienda sigue sin resolverse. En la última década, los precios del alquiler han subido un 60%, mientras que los salarios solo han aumentado un 5%. España cuenta con una de las tasas más bajas de vivienda pública en Europa, con solo un 1,6% del total, frente al 20% de Países Bajos o el 16% de Francia.
“Nos están distrayendo con un problema marginal mientras el acceso a la vivienda se convierte en un privilegio”, señala Palomera. “Los fondos de inversión y los grandes propietarios están haciendo su agosto con la crisis habitacional, y el debate sobre la okupación les viene muy bien para desviar la atención”.
Soluciones que sí funcionan
Para resolver la crisis de la vivienda en España, los expertos proponen medidas concretas que han funcionado en otros países:
- Límite al número de viviendas por propietario, una propuesta que cuenta con amplio respaldo ciudadano.
- Aumento del parque de vivienda pública, con el objetivo de alcanzar al menos el 10% del total de viviendas en una década.
- Control de precios del alquiler, siguiendo modelos de regulación exitosos en Alemania o Portugal.
- Prohibición de la venta de vivienda pública a fondos de inversión, evitando que la vivienda social termine en manos especulativas.
Recuperar el derecho a la vivienda
Mientras el debate se mantenga centrado en la okupación como problema principal, la especulación seguirá siendo el verdadero enemigo del acceso a la vivienda.
Si no se toman medidas urgentes, España seguirá siendo un país donde los fondos de inversión controlan el mercado y miles de personas no pueden acceder a un hogar digno. La pregunta sigue en el aire: ¿hasta cuándo se permitirá esta situación?