Los cuatro magistrados discrepantes de la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parcialmente la condena por prevaricación a la exconsejera andaluza, Magdalena Álvarez, en la causa de los ERES consideran que se suplanta la función del Tribunal Supremo como “máximo intérprete de la ley” y no llevan razón en este planteamiento. Cada una de las dos instituciones tienen delimitadas sus funciones en la Carta Magna y la corte de garantías lo único que ha hecho es acudir a los principios de la ley fundamental para manifestar que hay actos políticos como la aprobación de anteproyectos y proyectos de ley, así como modificaciones presupuestarias amparadas por la norma, que no se pueden calificar como resoluciones injustas en el ámbito administrativo.
El TC entiende que elaborar anteproyectos y proyectos de ley, en este caso de presupuestos, no puede ser prevaricación: “ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía”. Por lo tanto, no hay conflicto institucional tal y como pretende hacer ver la derecha. El Constitucional no es una instancia para enmendar las resoluciones del Supremo sino para que éstas se adecuen a la Constitución.
La sentencia del TC viene a decir lo que aquí ya se planteó. Que los actos políticos derivados de un debate y aprobación parlamentaria no se pueden reprochar penalmente. De todas maneras, para los que dudan de la imparcialidad de la institución hay que recordar que el TC obliga a la elaboración de una nueva sentencia donde no se tengan en cuenta los actos parlamentarios, pero deja la puerta abierta a que algunas modificaciones presupuestarias efectuadas en los años 2000 y 2001 sean sancionadas porque “se adoptaron con infracción de la normativa presupuestaria” vigente en ese momento.
El Constitucional vuelve a estar en el punto de mira de los ataques de la derecha. El “siete a cuatro”, como lo llaman en Génova por la composición de la mayoría progresista, ha propinado, en una semana, dos importantes varapalos a la derecha conservadora. La anulación parcial del delito de prevaricación a Magdalena Álvarez es sólo el principio de las próximas resoluciones sobre las solicitudes de amparo de los otros 15 condenados. Sólo a uno, al exconsejero José Antonio Viera, se le ha rechazado este amparo, y además ha sido por unanimidad de los magistrados. Pero es que su recurso estuvo mal enfocado técnicamente, por expresar sus quejas “en términos genéricos”. El pleno ni llegó a entrar en el fondo del asunto.
En Génova ya se temían algo parecido a lo que ha ocurrido con la sentencia de Magdalena Álvarez que no ha dolido tanto como la dictada hace unos días declarando constitucional la reforma de la ley del aborto que permite a las menores de 16 y 17 años interrumpir el embarazo sin contar con el permiso de sus padres. Un diputado del Partido Popular comentó “otra vez Conde Pumpido, otra vez el siete a cuatro”. Y dijo algo así como que “si un tribunal dicta una sentencia contraria a mi ideología es que hay algo podrido en él”. Y eso que el recurso rechazado no es de su formación sino de Vox cuando los de Abascal podían recurrir por tener el mínimo de diputados requerido.
Que la actual composición de la corte de garantías no gusta a Feijóo y los suyos es algo archiconocido. Pero habría que recordar a Génova que lo del “siete a cuatro” es así porque ellos quieren. Dentro del empecinamiento de la derecha por mantener las instituciones en un continuo bloqueo como es el caso del Consejo General del Poder Judicial, hay una circunstancia singular. El Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, tiene que designar la vacante dejada por Alfredo Montoya quien renunció por enfermedad, que lo situaría en una composición más equilibrada: siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores. Por supuesto no se modificará la mayoría, pero un gesto como puede ser unas recusaciones o la abstención de algunos de los magistrados equilibraría las fuerzas. Es algo que se viene insistiendo sobre todo cuando hay que debatir la ley de amnistía donde Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y la catedrática de Derecho Constitucional, Laura Díez, pueden llegar a abstenerse tal y como han pedido los conservadores. Por lo tanto, esas posiciones tendentes a desautorizar la institución no tienen mucho sentido.
Y menos las manifestaciones efectuadas por los dirigentes andaluces. El portavoz parlamentario de la formación que preside Juan Manuel Moreno, Toni Martín, se queja de que, unos días antes de conocerse la sentencia, Magdalena Álvarez se había sentado en primera fila en un acto electoral en Benalmádena: “es escandaloso que el adelanto de la sentencia se produjera en un mitin de Pedro Sánchez”, dice Martín quien adelanta que “esto es el inicio del indulto a todos los condenados de los ERE”, al mismo tiempo que asume el argumento empleado por los magistrados discrepantes con la sentencia: “ atenta contra la credibilidad de la justicia, es un atentado contra la separación de poderes y contra la independencia judicial. Y sin independencia judicial no hay democracia”.
Lo que no dice Martín es que el día en que Álvarez estuvo presente en el mitin de los socialistas andaluces ya se conocía el sentido de la ponencia sobre su recurso de amparo. En cuanto a la colisión con la sentencia del Supremo, que los dirigentes del Partido Popular quieren hacer ver como un “atentado contra la separación de poderes”, insistir en lo dicho en el principio: la Constitución delimita diáfanamente las atribuciones de cada uno de los estamentos jurídicos de este país y delimita las competencias de la corte de garantías.
El PP está abusando, y mucho, del “atentado” contra la separación de los poderes del Estado. Y va siendo hora de que, al respecto, cambie su discurso porque, al final, lo que va a pasar es que ellos mismos se van a cargar la democracia con tanto utilizarla para sus propios intereses.