El debate sobre la okupación en España ha sido un tema recurrente en los últimos años, con declaraciones políticas y titulares alarmantes que han llevado a la población a creer que cualquier vivienda puede ser ocupada en cualquier momento. Sin embargo, los datos reales muestran una realidad muy distinta. Según las cifras del Ministerio del Interior, la okupación ilegal afecta a menos del 0,06% de las viviendas en el país, mientras que las encuestas revelan que muchos ciudadanos creen que el problema es casi mil veces mayor de lo que realmente es.
Una percepción distorsionada por la propaganda
Según una encuesta de 40dB para la Cadena SER y El País, el 51,3% de los españoles cree que la okupación es un problema que afecta a la mitad de la población, cuando en realidad solo impacta a 5,7 personas por cada 10.000 habitantes. Además, un 18% de los encuestados piensa que "nadie está a salvo de sufrir una ocupación". Esta percepción inflada es el resultado de una intensa campaña mediática y política que ha exagerado la magnitud del problema.
El fenómeno de la okupación ha sido utilizado como herramienta política, especialmente por partidos de derecha, que han insistido en la necesidad de medidas más duras para frenar esta práctica. Sin embargo, los datos indican que las denuncias por okupación han disminuido en los últimos tres años. En 2021 se registraron 17.274 denuncias, mientras que en 2023 la cifra cayó a 15.289, lo que representa una reducción del 8,8% en un año.
La okupación no es allanamiento de morada
Uno de los principales miedos que se han extendido entre los ciudadanos es la idea de que pueden salir de casa un día y encontrar su vivienda ocupada por extraños sin posibilidad de recuperarla. Sin embargo, esto no es así. La ley distingue entre allanamiento de morada, que es cuando una persona entra ilegalmente en una vivienda habitada, y la usurpación, que ocurre en inmuebles vacíos o deshabitados. El allanamiento de morada es un delito grave y la policía puede actuar de inmediato para desalojar a los ocupantes. En cambio, la usurpación requiere un proceso judicial, lo que prolonga los tiempos de resolución.
Además, las cifras muestran que la mayoría de las denuncias por okupación corresponden a la usurpación de viviendas vacías o en desuso, muchas de ellas propiedad de bancos o grandes fondos de inversión, y no a la ocupación de viviendas habituales.
La verdadera crisis: los desahucios por impago
Mientras la alarma social por la okupación sigue creciendo, otro problema relacionado con la vivienda recibe mucha menos atención mediática: los desahucios. En 2023, se produjeron 26.659 desahucios en España, de los cuales el 75% fueron por impago de alquiler. Esto significa que la problemática de los "inquiokupas", inquilinos que dejan de pagar el alquiler y no abandonan la vivienda, es mayor que la de la okupación ilegal. Sin embargo, este fenómeno no se trata como un problema de seguridad, sino como una consecuencia de la crisis de la vivienda y de la precariedad económica.
El problema de fondo no es la okupación, sino la dificultad para acceder a una vivienda digna. Los precios del alquiler han subido en los últimos años, y la oferta de vivienda pública es insuficiente. Ante este escenario, una parte de la población se ve obligada a ocupar viviendas vacías como última opción para tener un techo.
Reformas legislativas para agilizar los desalojos
A pesar de que los datos indican una disminución de las okupaciones, el Congreso ha aprobado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los desalojos. Esta enmienda, impulsada por el PNV y apoyada por el PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, Bildu y ERC, establece que los casos de okupación sean juzgados en un plazo máximo de quince días. De este modo, se pretende reducir los plazos para recuperar los inmuebles ocupados ilegalmente.
Sin embargo, esta medida no aborda el problema de la vivienda en su conjunto. Mientras que la desinformación sobre la okupación sigue extendiéndose, miles de personas continúan enfrentándose a desahucios y a un mercado inmobiliario que excluye a los más vulnerables.
Un problema sobredimensionado
El miedo a la okupación ha sido alimentado por una narrativa que no se corresponde con la realidad. Si bien existen casos de okupación ilegal que afectan a propietarios particulares, la mayoría de las viviendas ocupadas pertenecen a grandes propietarios o se encuentran en desuso. Los datos demuestran que el problema está lejos de ser una crisis generalizada, pero la desinformación ha llevado a muchos ciudadanos a creer que cualquier persona está en riesgo de perder su vivienda de un día para otro.
La verdadera crisis de la vivienda en España no está en la okupación, sino en los desahucios, la falta de vivienda pública y la especulación inmobiliaria. En lugar de centrarse en endurecer las leyes contra la okupación, las políticas públicas deberían enfocarse en garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible para todos.