Pedro Sánchez tiene abiertos dos grandes frentes judiciales que, además, están relacionados con la comisión de supuestos delitos de corrupción. Por un lado, el Caso Begoña Gómez, en el que su esposa está imputada por un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Por otra parte, el Caso Koldo.
En ambas causas existe la posibilidad de que se utilizaran fondos europeos. Además, podría existir un presunto nexo de unión entre ambas causas: el rescate a Air Europa concedido por el gobierno de Sánchez.
Más allá de todos los análisis e informaciones publicadas por Diario16+ y el resto de los medios de comunicación, hay un hecho clave: el pánico a que la Fiscalía Europea se hiciera cargo de las dos investigaciones. Ya lo está haciendo con el rescate de Air Europa, pero el Caso Koldo es otra cuestión que a Sánchez le puede hacer mucho daño.
Para entender la importancia de la Fiscalía Europea y por qué se creó hay que tener en cuenta que los países de la UE perdieron en un año más de 130.000 millones de euros de ingresos en concepto de impuesto sobre el valor añadido (IVA) como consecuencia del fraude transnacional. Esa cifra podría haberse disparado a causa de la pandemia. En el año 2015 se utilizaron indebidamente unos 638 millones de euros de los fondos estructurales de la UE.
Antes de que la Fiscalía Europea entrara en funcionamiento, las autoridades nacionales tenían competencia exclusiva para la investigación de este tipo de delitos, pero los medios de que disponían a tal fin eran limitados, ya que sus competencias se detienen en las fronteras nacionales.
A su vez, los órganos de la UE que precedieron a la Fiscalía Europea en este ámbito —la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust)— no podían iniciar diligencias de investigación penal ni incoar procedimientos penales en los Estados miembros. La Fiscalía Europea se creó para corregir estas carencias y contribuir por tanto a combatir los delitos que afectan al presupuesto de la UE.
El cometido de la Fiscalía Europea es combatir el fraude contra las finanzas de la UE y tiene la facultad para investigar los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE y para ejercer la acción penal al respecto.
Por tanto, la entrada de la Fiscalía Europea en esos casos de presunta corrupción complica mucho el argumentario victimista y conspiranoico del sanchismo, porque el órgano judicial de la Unión Europea actúa sólo cuando los indicios son evidentes. La Fiscalía Europea, a la menor duda, archiva las actuaciones. El hecho de ordenar registros a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es la demostración de que puede haber materia más sensible que va mucho más allá de las actuaciones, por ejemplo, del juez Peinado.
Sánchez y el sanchismo no pueden calificar de «extraña» la actuación de la Fiscalía Europea, como vienen haciendo con otras causas judiciales, puesto que aquélla funciona con unos tiempos muy distintos de los de la agenda política nacional del país miembro que sea. No hay cabida para ningún tipo de teoría de la conspiración ni la recurrente apelación a un supuesto lawfare.
Es necesario insistir en el hecho de que la Fiscalía Europea no mueve un dedo si no hay indicios claros de la presunta comisión de delitos contra los intereses de la Unión Europea. Y, sobre todo, no actúa en base a recortes de prensa, sólo con indicios fehacientes.
Respecto al Caso Koldo, Sánchez se encontró con un aliado inesperado: los jueces a los que tanto vilipendia. Hace menos de un mes, la presidenta de la Fiscalía Europea puso el Caso Koldo como el paradigma del «caso de corrupción con dinero público» de la Unión Europea. El gobierno de Sánchez ha logrado que en la UE seamos ejemplo en algo, aunque sea de lo negativo.
Sin embargo, la propia Laura Kovesi señaló esta causa como el ejemplo de que, en muchos casos, se hace muy difícil de repartir con los sistemas de justicia de los estados miembro.
Esto fue afirmado durante una comparecencia en la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo. La máxima dirigente de la Fiscalía Europea se quejó amargamente de que el Supremo español hubiera excluido al organismo de justicia europeo de la investigación del Caso Koldo, porque, según el Alto Tribunal, no afectaba a los intereses de la UE, a pesar de que se ha reconocido que se utilizaron más de 100 millones de fondos europeos para, entre otras cosas, comprar las mascarillas de la presunta trama.
La Fiscalía Anticorrupción se opuso frontalmente a que la causa fuera trasladada a Europa con el argumento de que los intereses nacionales eran superiores a los de la UE.
Este es un caso más en el que la Justicia española se enfrenta a la comunitaria. El choque entre los jueces y las instituciones europeas es constante, dado que, incluso, se incumplen de manera recurrente los preceptos emanados del TJUE. Lo mismo se puede decir de los distintos gobiernos centrales que retrasan al máximo la trasposición de las directivas aprobadas por la Comisión y el Consejo.