Podemos ha vuelto a la carga. La formación liderada por Ione Belarra ha lanzado un órdago al Gobierno: su apoyo a los próximos Presupuestos Generales del Estado está condicionado a dos exigencias aparentemente dispares pero profundamente conectadas en su discurso: la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y una bajada del 40 % en los alquileres. Ambas medidas reflejan la postura crítica del partido hacia lo que consideran injusticias globales y locales, pero, ¿es razonable ligar ambos asuntos? ¿Podemos realmente poner precio a la vida de los palestinos mientras intentamos atajar una crisis de vivienda sin precedentes?
El contexto de la crisis diplomática con Israel
En el contexto del conflicto israelí-palestino, Podemos ha sido uno de los actores políticos más críticos con lo que califican como un "genocidio" perpetrado por el Estado de Israel. La formación ha abogado reiteradamente por una ruptura total de relaciones diplomáticas, así como un embargo de armas a Israel. Este posicionamiento no es nuevo, pero ha adquirido mayor relevancia en medio de la escalada de violencia en los territorios palestinos.
El problema aquí no es tanto la defensa de los derechos humanos de los palestinos, algo con lo que gran parte de la sociedad puede estar de acuerdo, sino la utilización de esta crisis como una ficha de negociación política para asuntos internos. Podemos parece decidido a usar su influencia en el Congreso, donde sus cuatro diputados son fundamentales para la aprobación de los Presupuestos, para imponer esta medida que, en un escenario internacional tan complejo, podría tener implicaciones diplomáticas serias para España. ¿Es esta la mejor forma de abordar una cuestión tan delicada?
La crisis de la vivienda: un problema sin solución fácil
Al mismo tiempo, Podemos plantea una medida radical para abordar la crisis de la vivienda en España: bajar los alquileres un 40 % por ley. Este enfoque refleja el hartazgo de una parte considerable de la población que sufre el peso de alquileres desorbitados, especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, la solución propuesta no es tan simple como parece.
Es cierto que muchos grandes tenedores de vivienda y fondos de inversión han aprovechado la especulación inmobiliaria para encarecer el acceso a la vivienda, un derecho fundamental. Pero también es cierto que una parte significativa de los propietarios de inmuebles en alquiler son pequeños arrendadores, personas que dependen de esa renta para complementar sus ingresos o incluso para subsistir. La imagen del "casero millonario" que explota a sus inquilinos no es la norma en la mayoría de los casos, aunque sí es una realidad en sectores del mercado inmobiliario.
Podemos, en su intento de proteger a los inquilinos más vulnerables, corre el riesgo de pasar por alto esta distinción. Al proponer una bajada drástica de los alquileres, podría generar consecuencias no deseadas, como la retirada de viviendas del mercado de alquiler, lo que agravaría aún más la crisis. La solución, sin duda, requiere una mayor intervención pública, pero la complejidad del mercado inmobiliario exige medidas más matizadas que una simple reducción impuesta por ley.
¿Es legítimo condicionar los Presupuestos a estas demandas?
La pregunta clave es si Podemos está justificado en condicionar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a estas dos medidas tan controvertidas. Desde el punto de vista político, el partido está ejerciendo su derecho a usar su influencia para promover causas que considera justas. Sin embargo, la relación entre la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y la crisis de la vivienda parece forzada. La mezcla de temas tan distintos genera confusión y puede deslegitimar tanto una causa como la otra.
Por un lado, la vida de los palestinos no debería estar "a la venta" en una negociación presupuestaria. La defensa de los derechos humanos debe ser una prioridad constante para cualquier gobierno, no una herramienta de presión política. Ligar este tema a cuestiones internas como la vivienda puede diluir su importancia y generar rechazo en sectores de la sociedad que, aunque apoyan la causa palestina, ven con escepticismo la instrumentalización política de la misma.
Por otro lado, la crisis de la vivienda es un problema real y urgente, pero su solución no pasa necesariamente por medidas tan extremas como una reducción del 40 % en los alquileres. Lo que se necesita es una estrategia a largo plazo que incluya la promoción de vivienda pública, incentivos para pequeños propietarios y un control más estricto de los grandes tenedores de viviendas. Abordar este problema con medidas simplistas podría llevar a consecuencias imprevistas que terminen perjudicando a los propios inquilinos.
Las bases decidirán
Podemos ha anunciado que consultará a sus bases sobre estas dos condiciones. La votación se llevará a cabo durante varios días, y los resultados serán decisivos para la postura final del partido. Sin embargo, esta consulta plantea otra cuestión importante: ¿hasta qué punto los militantes de Podemos están preparados para decidir sobre asuntos tan complejos como las relaciones internacionales o las políticas de vivienda? La democracia interna es uno de los pilares del partido, pero es legítimo preguntarse si este tipo de decisiones no deberían recaer en expertos o en un debate más amplio dentro de la sociedad.