Ya ha empezado la guerra. Los políticos van a utilizar todas las armas a su alcance para acabar con la ofensiva que han iniciado los jueces en contra de la ley de amnistía. Primero será el Constitucional donde se espera un rápido pronunciamiento. Después, las dos instancias judiciales europeas, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero, por si todas estas actuaciones no son suficientes, se preparan querellas por prevaricación, el arma que se considera más eficaz para acabar con lo que se consideran resoluciones injustas a sabiendas por parte de algunos magistrados. El primero en recibir una notificación de este tipo es el juez número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. Los abogados de Carles Puigdemont ya han iniciado acciones contra él de las que se ha hecho cargo el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Le acusan de prevaricación y malversación. Esta es la primera de una serie de actuaciones judiciales que se irán conociendo en las próximas semanas.
Todavía no se sabe bien en que terminará esa querella. De momento, de su admisión a trámite se ha hecho cargo un magistrado del TSJC, Carlos Ramos, cuya trayectoria personal no puede dar pistas sobre el destino final de la demanda de Puigdemont y los suyos. Lo que sí parece cierto es de que existen algunas irregularidades en la pieza separada que ha abierto el juez después de que la Audiencia de Barcelona le ordenase que, o bien cerraba el asunto de la trama rusa del procés, o bien convertía ese sumario en procedimiento abreviado para la apertura de juicio oral.
Aguirre no ha hecho ni lo uno ni lo otro, ha abierto una nueva pieza. Si ha efectuado esta maniobra es que sabe lo que se hace. No es un novato. Lleva muchos años en el número 1 de Barcelona y por él han pasado causas importantes por lo que es difícil que de un paso en falso. Pero hay una cosa que sí es cierta. Sus superiores le ordenaron cerrar la causa del espionaje ruso porque había dilatado el procedimiento innecesariamente. Había pedido una prorroga de las diligencias que le rechazaron, y la propia sala de la Audiencia calificó de “sudoku procesal” las actuaciones que había llevado a cabo. Todo eso se ha de tener en cuenta a la hora de tomar en consideración la denuncia de los imputados. Aguirre ha pedido, en la nueva pieza abierta, que se impute al expresident por “alta traición”. En la querella presentada por su abogado, Gonzalo Boyé, también investigado junto a Josep Lluìs Allay, director de la oficina de Waterloo, el ex responsable de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica, Víctor Terradellas, y la ex consellera, Elsa Artadi, el letrado dice que “vemos cuál ha sido la actuación del magistrado aquí querellado, quien pergeña --solo o en compañía de otros-- un plan para incumplir el auto dictado por la Superioridad, consistente en desplazar unos hechos investigados de una pieza a otra o, dicho de otra manera, ha empleado un ilegal mecanismo de clonado desde una pieza hasta otra".
El hecho de que, en su escrito, Boyé diga que la maniobra ha sido efectuada sólo por el juez, o “en compañía de otros” da la medida del estado de ánimo de la clase política que piensa seriamente en la existencia de una conspiración por parte del poder judicial no sólo para acabar con los efectos de la ley de amnistía, sino también en otros asuntos como es la persecución contra la izquierda por parte de un sector de la derecha judicial.
Otro objetivo a corto plazo es el titular del juzgado número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Además de cuestionarse su investigación sobre la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por haber traspasado los límites establecidos por la Audiencia Provincial de Madrid y la fiscalía europea, ahora tiene que afrontar la querella del periodista Máximo Pradera quien le acusa de haber filtrado a los medios de comunicación la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias, los que verdaderamente dieron lugar a todo este galimatías. Un delito de revelación de secretos al que se puede añadir otro de prevaricación. Al juez se le ha ordenado que se limite a la parte de las ayudas públicas a Air Europa cuando la compañía aérea se encontraba prácticamente en quiebra. Las sospechas de Peinado, sustentadas en investigaciones periodísticas, tienen “escasa consistencia” según sus superiores de la provincial que le han recomendado que el otro asunto, las ayudas de Red.es a Innove Next, lo ignore porque la fiscalía europea se ha hecho cargo al existir pruebas suficientes de que esas ayudas proceden de fondos de la Unión Europea. Aun así, el magistrado insiste en mantener sus pesquisas y sólo por eso puede acabar con una querella por prevaricación.
A Manuel García Castellón “lo salvará la campana” en argot boxístico. Deja la Audiencia Nacional en septiembre, pero, aun así, habrá que ver si no tiene que volver a los juzgados para defenderse por prevaricación. Es muy probable que el asunto de Tsunami Democràtic pase a convertirse en una investigación al margen del terrorismo. No hay pruebas por mucho que el juez se empeñe en acogerse a la ley antiterrorista. No hubo muertos y la violencia de los actos que se investigan están en los límites de los disturbios de orden público recogidos en la ley de amnistía. Ni siquiera se puede probar que Carles Puigdemont fuese el líder del movimiento por lo que no habrá más remedio que retirarle la acusación que estudia el Tribunal Supremo. Y, a renglón seguido, los abogados del expresident iniciarán su ofensiva judicial. Y el titular número 6 de la Audiencia Nacional tiene todas las papeletas para recibir una notificación como imputado en una querella por prevaricación. Lo que pasa es que, aún en caso de condena, este delito implica una pena de inhabilitación. Y el juez estará, en el peor de los casos, más que jubilado.
Aquí mismo se ha dicho que van a llover demandas contra los políticos del PP de Andalucía que están criticando la actuación del Tribunal Constitucional en lo que a los ERE de Andalucía se refiere. Y va a caer más de una porque no se puede decir que los condenados están saliendo a la cárcel gracias a los miembros de la corte de garantías, tal y como ha llegado a manifestar el dirigente Elías Bendodo quien en redes sociales ha dicho que “hasta 20 jueces han dictaminado prevaricación y malversación en los ERE: 700M € robados a los parados andaluces, gastos en cocaína y uso de las tarjetas de la Junta en prostíbulos. Nadie lo ha negado porque es verdad y, ahora, Sánchez maniobra en el TC para anular las sentencias”. Esas manifestaciones son lo suficientemente graves como para que al coordinador general del PP le lluevan unas cuantas demandas judiciales y veremos como sale parado de las mismas.
La batalla contra la derecha judicial y política está servida porque lo que no se puede es dejar que se siga esparciendo la mierda, tanto en las resoluciones judiciales como en las redes sociales. Porque de seguir así se corre el riesgo de acabar con la democracia en este país.