Dicen que todo empezó en Gran Bretaña. Los bulos difundidos por la extrema derecha de Nigel Farage sobre el asesinato de tres niñas han traído como consecuencia serios disturbios en las calles inglesas recogidos con gran profusión por los medios de comunicación de todo el mundo que hablan de una violencia sin precedentes. Pero no es así. Las actividades de los llamados “profesionales del odio” que fomentan el racismo y la xenofobia están muy enraizadas en Alemania, Italia, y, sobre todo, en España donde la reciente muerte de Mateo, un niño de once años, a manos de un joven que, al parecer, tiene disminuidas sus facultades mentales, originó una campaña de bulos y mentiras: que si cerca del lugar de los hechos hay una mezquita, que el autor era de origen magrebí, que en el pueblo toledano de Mocejón no se puede vivir desde que llegaron 50 africanos en un autobús y les alojaron en un hotel local, incluso que el portavoz de la familia de Mateo, el periodista Asell Sánchez, había recibido amenazas de muerte al mismo tiempo que se difundían fotos suyas en África señalando que “tenía las manos manchadas de sangre”. Y todo porque Asell, que trabaja para medios como la COPE y Trece TV nada sospechosos de concomitancias con la izquierda, había pedido “prudencia y respeto”. La campaña xenófoba no ha concluido con la detención del presunto asesino. Y ahora apunta hacia otros lugares. Se ha difundido que hubo una pelea en un centro de menores del distrito madrileño de Ciudad Lineal, con el resultado de varios heridos, y varias refriegas en Catalunya. Los ciberbulos y mensajes de odio que vinculan la inmigración irregular con la delincuencia no han remitido a pesar de que el fiscal ha abierto una investigación. Porque los autores de las fake news saben que, si llegan a ser imputados en los tribunales, los jueces les van a absolver. Alvise Pérez, el líder de Se Acabó la Fiesta, ha sido absuelto en varias ocasiones por el Tribunal Supremo.
La digitalización ha supuesto muchos beneficios para la sociedad. De eso nadie lo duda. Pero también consecuencias nefastas. Las redes, y en especial la X de Elon Musk, antes Twitter, se han convertido en el refugio de personas que lanzan mensajes de odio mediante bulos y falsas noticias que acaban por hacer mella en los usuarios de internet más incautos. Y ese es, en gran medida, el origen del rechazo de parte de la ciudadanía hacia los inmigrantes irregulares, el objetivo de estos profesionales del odio, simpatizantes y militantes de la extrema derecha pertenecientes a Vox o al partido de Alvise Pérez, pero, también, a grupos neonazis y anarcoliberales. Los autores de estos mensajes actúan con total impunidad. En ocasiones, como ha ocurrido tras los sucesos que han rodeado el asesinato del niño Mateo, acaban por borrarlos para no ser identificados, pero muchos no sólo no se echan atrás, sino que insisten y relacionan la inmigración con la delincuencia.
No es la primera vez que la fiscalía abre una investigación sobre los perfiles de esos mensajes de odio que están identificados por las unidades de ciberdelincuencia de la policía nacional y Guardia Civil. En otras ocasiones, el ministerio público ha denunciado en los juzgados a los autores de esos bulos. De nada sirve. Los jueces de primera instancia argumentan el derecho a la libertad de expresión para archivar las causas que llegan a sus manos porque, además, las pruebas que se presentan lo único que indican es la publicación en las redes sociales que, finalmente, acaban siendo recogidas por los medios de comunicación. Nada relevante, penalmente hablando, para la judicatura.
Curiosa contradicción. El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, admitió a trámite una denuncia del seudosindicato de extrema derecha Manos Limpias, basadas en publicaciones de medios digitales algunas de las cuales sus autores, en sede judicial, reconocieron su inconsistencia. De nuevo, bulos y fake news, pero, en esta ocasión, el juez sigue adelante con la instrucción a pesar de que la policía judicial le ha manifestado la inexistencia de indicios de delitos. Manos Limpias, Hazte Oír y, por supuesto Vox, basan casi todas sus denuncias en mensajes aparecidos en las redes sociales, así como informaciones publicadas en digitales algunos de dudosa reputación.
En cambio, las opiniones y bulos vertidos en redes como X tienen escaso recorrido judicial. El eurodiputado Alvise Pérez y su reducido grupo de colaboradores han pasado, en varias ocasiones, por los juzgados con final positivo para sus defensas. El último ha sido el fallo del Tribunal Supremo a su favor y en contra del recurso presentado por la periodista Ana Pastor por los daños y perjuicios ocasionados por los comentarios en las redes sociales que, según la demandante, vulneraban su derecho al honor. Un litigio que ha durado 4 años y en el que la Audiencia de Madrid condenó, en primera instancia, a Alvise Pérez a indemnizar a la periodista de La Sexta con 10.000 euros, una condena anulada por la corte suprema.
Un documento confidencial del ministerio de Interior para luchar contra la ciberdelincuencia sitúa las noticias falsas en internet como una de las diez principales ciberamenazas a las que se enfrenta España. En el informe se reconoce la existencia de lagunas legales para luchar contra este fenómeno: “conforme a la normativa actual española en materia penal, estas conductas no siempre son delictivas, tan solo algunas de sus manifestaciones, en consonancia con lo recogido en la Constitución en su artículo 20, que reconoce el derecho a comunicar o recibir información veraz por cualquier medio de difusión”.
El ministerio de Grande Marlaska reconoce que la desinformación “ha cobrado especial importancia en los últimos tiempos como medio para menoscabar la confianza en las instituciones del Estado, pudiendo formar parte de una amenaza híbrida (ataques de todo tipo para desestabilizar un país) más completa que impida o dificulte el avance de España”.
Está claro que las autoridades reconocen la necesidad de reformar el Código Penal para endurecer este tipo de conductas y, al mismo tiempo, dotar de medios materiales y humanos a jueces y policías para luchar contra este tipo de ciberdelincuencia. Pero, de todas maneras, ya que hay titulares de juzgados muy escrupulosos a la hora de interpretar la ley, no estaría de más que también lo fueran para luchar contra esta lacra que puede acabar por convertirse en un grave problema para la sociedad.