Tal y como publicamos ayer en Diario16+, Sumar, de la mano de Félix Alonso Cantorné, presentó una Proposición de Ley histórica en favor de los consumidores y de los afectados por los abusos bancarios. Ahora la pelota está en el lado del PSOE de Pedro Sánchez, sin cuyos votos será imposible su aprobación. La lógica política indica que ese apoyo debería estar garantizado. Sin embargo, el historial de los socialistas no es muy halagüeño en este asunto.
Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno ha tenido muchas oportunidades de posicionarse en favor de las víctimas de las cláusulas abusivas o de los abusos bancarios.
No obstante, no lo ha hecho. No ha retirado a la Abogacía del Estado en la defensa de los intereses de la banca. En el Caso Banco Popular, por ejemplo, se llegaron a presentar escritos ante los tribunales europeos en los que se justificaba la violación de derechos fundamentales para salvaguardar un supuesto interés general que sólo beneficia a los grandes bancos.
Respecto al IRPH, la Abogacía del Estado mantuvo una posición hostil hacia los afectados y en la primera vista celebrada en marzo de 2019 fue más probanca que los propios abogados de la entidad. Por otro lado, en 2022, en el nuevo procedimiento de IRPH en el TJUE, la Abogacía del Estado retorció tanto la ley para favorecer al Santander que dio argumentos para anular el índice, tal y como publicamos en exclusiva en Diario16+.
También en referencia al IRPH, el PSOE se unió a PP, Vox y Ciudadanos para defender los intereses de la banca frente a una Proposición No de Ley presentada por EH-Bildu en la que se instaba al Gobierno a que se persone a la Abogacía del Estado para defender los intereses de las familias afectadas o, en todo caso, adoptar una postura neutral.
El entonces diputado Manuel Gabriel González Ramos excusó su posicionamiento en contra de los intereses de 1,3 millones de familias, trabajadoras en su inmensa mayoría (los ricos no necesitan hipotecarse), en una verborrea procedimental y recordando que la personación de la Abogacía de Estado en 2018 fue una herencia que recibieron del Gobierno de Rajoy. Eso era cierto, sin embargo, el hecho de mantener a los letrados del Estado sí fue una responsabilidad del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez porque, incluso, se presentó una proposición firmada por varios grupos parlamentarios para que la retirara. No lo hizo.
Proposición de Ley de Sumar
Ahora se ha presentado la Proposición de Ley de Sumar. La importancia de la aprobación de este texto se verifica en la Exposición de Motivos del documento registrado en el Congreso de los Diputados, al que Diario16+ ha tenido acceso.
Tras hacer una referencia a diferentes elementos legales y jurisprudenciales, el texto firmado por los diputados Félix Alonso, Enrique Santiago y Aina Vidal, señala con claridad que «a pesar de este esfuerzo normativo, se padece en la actualidad de una situación jurídica altamente insegura, pues no existe unicidad de criterios en la aplicación de sentencias judiciales, emitiéndose fallos en un sentido o en otro según el tribunal que puede conocer el caso, en temas tan fundamentales como es la propiedad de la vivienda unifamiliar y su pérdida, en el marco de las ejecuciones hipotecarias».
Esto es cierto y no hay más que hacer una revisión de sentencias en el CENDOJ para entender la emergencia que se vive en España sobre todo cuando está en juego un derecho fundamental reconocido en el artículo 47 de la Constitución: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
La Proposición de Ley de Sumar señala que, jurídicamente, hay elementos y criterios suficientes para determinar el carácter abusivo o la corrección de los contratos hipotecarios. «Estos criterios son ya claros, con la aplicación de diferentes métodos matemático-financieros. Por lo tanto, es necesario desarrollar nuevas herramientas para detectar si el clausulado de los contratos goza de transparencia o, por el contrario, esconde abusos o informaciones sesgadas que perjudican al cliente o le llevan a tomar, sin pleno conocimiento, decisiones perjudiciales para su economía», señala el documento.
La promulgación de esta ley está justificada, entre otras razónes, para evitar una judicialización excesiva (que ya ha sido condenada por el Tribunal Supremo) de la banca contra los consumidores víctimas de las cláusulas abusivas, además de por uniformizar las sentencias y garantizar el principio de efectividad del Derecho de la Unión Europea, aspecto en el que los jueces españoles ya han demostrado que están dispuestos a rebelarse.
«Por otra parte, cabe un refuerzo de la actividad de las entidades y administraciones de defensa de los intereses de los clientes financieros, dado que, en los aspectos financieros, los clientes se encuentran, a menudo, con la imposibilidad de reclamar incumplimientos de la normativa cuando son cometidas por las entidades financieras. Por tanto, el consumidor español se enfrenta a la dificultad o, incluso, imposibilidad de tramitar reclamaciones por infracciones de consumo en el ámbito de los servicios financieros. En consecuencia, se opta por un mecanismo conocido por nuestro corpus normativo, permitiendo que los usuarios de los servicios financieros puedan hacer valer sus derechos de forma análoga al establecido en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo», afirma la Proposición de Ley.
Contratos de cuota creciente
En la Exposición de Motivos se hace referencia directa a las hipotecas de cuota creciente, ya sea revisable o estricta. En 2006 el Banco de España advirtió con claridad a los bancos de los elevados riesgos que conllevaba el aplazamiento del pago en el capital principal «indicando que la excesiva competitividad por la comercialización de contratos hipotecarios no podía dirigirse a poner en riesgo a la clientela más joven […] tanto el Banco de España, como el Ministerio de Sanidad y Consumo, como la propia Asociación Hipotecaria Española indicaron en numerosos informes los inconvenientes de la subamortización y que aquellos contratos que la pusieran en práctica, siendo inferior a la amortización mayoritaria del sistema francés, debían indicarlo explícitamente. Estas advertencias sobre la subamortización y, en definitiva, que el cliente paga una cantidad global de intereses más alta que el sistema francés, han sido reiteradas en la Guía Hipotecaria del Banco de España, en sus versiones de 2013 y 2016», señala la Proposición de Ley.
La realidad es que los afectados por las hipotecas de cuota creciente es que ahora, veinte años después, descubren sorpresivamente que sus préstamos, a pesar de haber pagado religiosamente las cuotas mensuales, esconden una trampa financiera doble: por una parte, han desperdiciado dos décadas amortizando poco, por lo que tienen una deuda viva enorme y, por otra parte, dado que el tiempo de vida del contrato se ha reducido a la mitad (ya están en la mitad del plazo para devolver el capital), a partir de ahora van a enfrentar cuotas de importes muy elevados.
«Así pues, se hace necesario un marco legislativo que proteja a los consumidores tanto de la subamortización encubierta (es decir, aquella que se pacta en el contrato, pero de la que no se explican las consecuencias económicas) como los métodos matemáticos engañosos reconocidos por la comunidad científica. Al respecto, hay que señalar que los países del entorno occidental tienen legislación al respecto, puesto que el Premio Nobel de economía del año 2002 recayó sobre los economistas Daniel Kahneman y Amos Tversky, precisamente por su trabajo sobre el “sesgo en la definición financiera”, es decir, cómo se provoca que aceptemos pactos financieros perjudiciales si se nos presentan de la forma adecuada».
Así pues, ante esta situación, el PSOE de Pedro Sánchez sólo debería tener un camino: apoyar la Proposición de Ley registrada por Sumar. Sin embargo, los antecedentes no son muy halagüeños.
El carnet de militante del PSOE lleva impresa una frase de Pablo Iglesias Posse que muchos y muchas de las que ahora representan esas siglas han olvidado: «Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes». Sin embargo, la actitud del PSOE cuando se tratan temas relacionados con la banca y su apoyo recurrente a los intereses del sector financiero no son más que el reflejo de la absoluta incoherencia ideológica de un partido que nació para defender a la clase obrera y que se está convirtiendo en el muro de contención que, además, entrega a la banca el aval ético que necesitan para seguir consiguiendo beneficios a costa de la venta de productos tóxicos que contienen cláusulas contrarias a la ley.