Una mujer ha sido asesinada a manos de su pareja en la localidad malagueña de Benalmádena. Unos días antes, una jueza había denegado a la víctima una orden de alejamiento para su agresor. El presidente del Tribunal Superior de Andalucía, Lorenzo del Río, justifica la decisión de la magistrada porque “no concurrían los presupuestos exigidos en la ley de Enjuiciamiento Criminal para estos casos”.
Al parecer, la víctima había interpuesto una denuncia en la que no constaba agresión física alguna. Por tal motivo se la incluyó en el sistema VioGen, el de seguimiento de las víctimas de violencia machista, con un nivel de riesgo medio. Y apenas dos semanas después se produjo un juicio rápido en el que tanto ella como la policía solicitaron medidas de protección que la jueza consideró que no procedían.
Según el literal de la ley a la jueza no se la puede reprochar nada. Lo que conocía sobre el caso, la declaración de la mujer asesinada y ese “riesgo medio” de la valoración policial, no requería la apertura de diligencias previas o de un proceso sumarial y por eso, finalmente, se tramitó como un juicio rápido. Tampoco nada que objetar para a ese buen número de magistrados que, en 2024, dejaron a las mujeres víctimas de la violencia machista a merced de sus agresores. El problema que surge es el que se ha repetido hasta la saciedad. Es necesario, de una vez por todas, constituir la jurisdicción especial de violencia de género con profesionales, desde jueces y magistrados hasta fiscales, especializados en este tipo de delitos. Parece ser que ese será uno de las prioridades del nuevo pacto de Estado contra la violencia de género que han suscrito todos los grupos políticos a excepción de Vox.
La recientemente aprobada ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia contempla, dentro de los tribunales de instancia, la creación de los juzgados especializados en violencia de género a través de los cuales se pretende reprimir de una manera más contundente, este tipo de delitos. Porque, en la actualidad, son los juzgados de primera instancia los que se encargan de la lucha contra la violencia de género y, a pesar de que se ha avanzado mucho en esta materia en los últimos años, todavía no se han conseguido los resultados previstos.
Las órdenes de alejamiento son incumplidas y el sistema VioGen falla en ocasiones. De ahí que se haya decidido sustituirlo por un nuevo protocolo, el VioGen2, que incorpora nuevos indicadores en los formularios de valoración del riesgo y una mejor calibración de los algoritmos que determinan dichos niveles, lo que reduce el riesgo de error en la valoración realizada. Con el llamado “Protocolo 2025” desaparece el nivel de riesgo “no apreciado”, por lo que los casos se distribuyen en cuatro niveles de riesgo: “bajo, medio, alto y extremo”.
Pero la cosa debe de ir mucho más allá de la prevención policial. Sólo en Andalucía hay 73 juzgados que compatibilizan las actuaciones ordinarias con las referidas a la violencia de género. Madrid es la comunidad autónoma que dispone de más juzgados exclusivos, 23, el 74,19% de los cuales se dedican sólo a los delitos de violencia doméstica. La ley orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género obliga a que todos los partidos judiciales del territorio cuenten con, al menos, un juzgado especializado en este tipo de delitos. Pero los resultados demuestran que, hasta la fecha, ese objetivo se ha quedado corto. En comunidades como Castilla La Mancha y Extremadura sólo existe un juzgado especializado. Lo mismo ocurre en Navarra, La Rioja y Cantabria sólo que la extensión territorial de estas últimas es infinitamente menor a las citadas al principio.
Los abogados especialistas en este tipo de delitos dicen que mientras no entre en vigor el nuevo sistema de tribunales de instancia poco o nada se puede hacer. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de 2023 indican que el número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó un 12,1% respecto al periodo anterior, hasta 36.582. La tasa de mujeres víctimas de violencia de género fue de 1,7 por cada 1.000 mujeres de 14 y más años. El número de condenas judiciales fue ligeramente superior, 37.161, ello se debe a que algunos de esos procesos se refieren a actos delictivos cometidos en ejercicios anteriores de ahí su incremento.
Aún así queda mucho por hacer porque las sentencias no revisten la dureza suficiente salvo casos de extrema gravedad por lo que el agresor acaba por quedar en libertad y reincide. Lo que es escalofriante es que desde el 1 de enero de 2003 hasta la fecha han muerto a manos de sus parejas o exparejas 1.294 mujeres si contamos con las 2 de este año.
El observatorio de violencia contra la mujer del Consejo General del Poder Judicial tiene una importante labor en este terreno porque debería ser la institución encargada de formar a las juezas y jueces que ocuparán las secciones contra la violencia de género de los tribunales de instancia. Muchos profesionales ya se han ido formando, aunque tienen que compatibilizar estas actuaciones con las ordinarias de un juzgado de primera instancia. Y los expertos tienen claro que deben deslindarse centrándose sólo en la violencia contra la mujer. Porque, encima, este delito tiene muchas variables. No sólo está la violencia física sino también la psicológica y la económica. Y todas tienen el mismo camino para un fatídico final. Y luego está otro tipo de violencia que cada día cobra más fuerza en esta sociedad, que es la violencia vicaria, los hijos que son utilizados la mayoría de las veces con resultados aciagos. Los profesionales que se dediquen a juzgar casos de violencia de género deberán aprender toda esta tipología y, además, ser conscientes de las consecuencias en casos extremos como es la situación de los hijos menores cuando los hay.
En el 20 aniversario sobre la ley contra la Violencia de Género es el momento, también, de adaptar la normativa a las nuevas situaciones. Todo es poco con tal de acabar con esta lacra social que tanto daño está haciendo al país. Veremos cuales son los resultados de este importante pacto de estado y su aplicación en los tribunales de justicia.