El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha denunciado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recopilado y difundido todas sus llamadas entrantes y salientes de los últimos diez meses, superando ampliamente el período que marcó el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, para la investigación. En su escrito, dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ortiz señala que el informe de la UCO incluye 240.000 registros de su actividad diaria y profesional, lo que considera una vulneración de su intimidad personal, familiar y laboral.
La investigación contra el fiscal general se centra en la supuesta revelación de datos confidenciales sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, quien presuntamente cometió fraude fiscal. Sin embargo, el análisis de los dispositivos de García Ortiz debía haberse acotado entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. A pesar de ello, la UCO ha incorporado en su informe una relación completa de las llamadas del fiscal desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024, incluyendo datos personales de fiscales, abogados, periodistas e incluso de su escolta.
“Se ha expuesto mi vida al completo, minuto a minuto, sin que el tribunal haya adoptado ninguna medida para impedirlo. Se trata de un quebranto irreparable para mi privacidad y un riesgo evidente para mi seguridad”, denuncia García Ortiz en su escrito. El fiscal general también ha señalado que, debido a la filtración de esta información, ha tenido que cambiar de teléfono y cerrar su cuenta de correo electrónico ante la llegada de mensajes ofensivos y amenazas.
Un ataque sin precedentes a la independencia judicial
La denuncia de García Ortiz se produce en un contexto de creciente presión contra la Fiscalía General del Estado, una de las pocas instituciones judiciales que no está bajo el control del Partido Popular y la ultraderecha. Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, la derecha ha intensificado su estrategia de judicialización de la política, con el objetivo de desestabilizar al Gobierno y tomar el control de todos los órganos del Estado.
El Tribunal Constitucional y la Fiscalía General han sido las últimas barreras de contención ante esta ofensiva, lo que explica los ataques sistemáticos a García Ortiz. Primero, se le acusó de haber filtrado el correo de González Amador en el que admitía su fraude fiscal y solicitaba un pacto para evitar el juicio. Ahora, la difusión de sus datos personales y la exposición de sus comunicaciones buscan debilitar su posición e intimidarle para que renuncie.
La gravedad de esta situación es evidente. La UCO no solo ha desbordado los límites de la investigación, sino que ha generado un precedente peligroso al convertir al fiscal general en objeto de espionaje. Este tipo de maniobras recuerdan a las técnicas utilizadas en regímenes autoritarios, donde la utilización de las fuerzas de seguridad para obtener información comprometedora sobre figuras públicas es una estrategia habitual para neutralizar a oponentes políticos.
La estrategia del PP: destruir para gobernar
La ofensiva contra García Ortiz no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de la derecha para derribar al Gobierno de coalición. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, con el apoyo inquebrantable de Isabel Díaz Ayuso, lleva meses promoviendo la crispación y erosionando la confianza en las instituciones democráticas. Incapaces de ganar en las urnas, han optado por la vía judicial para bloquear cualquier avance progresista y recuperar el control del Estado.
La situación es tan extrema que, en un acto público en el Instituto Cervantes de Madrid, donde se presentaba la biografía de Pedro Zerolo, grupos ultras irrumpieron gritando consignas golpistas y llamando a tomar las armas contra el Gobierno. La derecha no solo ha perdido el respeto por la democracia, sino que está alimentando un clima de violencia e inestabilidad sin precedentes.
Un CGPJ en manos de la derecha
La queja presentada por García Ortiz ha sido dirigida a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, quien recientemente fue impuesta por la derecha tras el bloqueo sistemático de la renovación del órgano. No hay muchas esperanzas de que el CGPJ tome medidas efectivas para frenar esta persecución, ya que desde hace años actúa como un apéndice del Partido Popular.
Por su parte, el Tribunal Supremo revisó esta semana la investigación del juez Hurtado y los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para anular el registro del despacho de García Ortiz, una diligencia clave en la instrucción. Sin embargo, la revelación de que la UCO ha recopilado datos irrelevantes para la causa plantea una nueva dimensión en este proceso, que podría derivar en una investigación por vulneración de derechos fundamentales.
Un ataque sin precedentes a la independencia judicial
Lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado es un escándalo de proporciones mayúsculas. La exposición de sus llamadas y datos personales es un ataque directo no solo contra su persona, sino contra la independencia judicial y el equilibrio de poderes en España. Si esta ofensiva tiene éxito, la derecha habrá logrado su objetivo: demostrar que ningún órgano judicial está fuera de su control.
La ciudadanía debe estar alerta ante este asalto sin precedentes al Estado de derecho. No se trata solo de la persona de García Ortiz, sino de la supervivencia de una justicia imparcial y libre de injerencias políticas. Si permitimos que esta campaña de acoso y derribo prospere, el mensaje será claro: en España, quien se enfrente a los intereses de la derecha estará condenado a la persecución y el linchamiento público.