El 24 de junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciaba: “El Reino de España ha incumplido sus obligaciones” al “no haber tenido en cuenta (en el Plan Hidrológico 2015-2021) las extracciones de agua ilegales y las extracciones de agua para el abastecimiento urbano [del núcleo turístico de Matalascañas] en la estimación de las extracciones de la comarca de Doñana” y “al no haber previsto (…) ninguna medida para evitar la alteración de los tipos de hábitats protegidos (…)”.
Según Greenpeace, fue un basta ya de Europa, aún sin sanciones, a décadas de daños al Parque Nacional anunciados y denunciados. Una larga historia de impunidad en la que, junto al regadío legal, prosperó otro completamente ilegal basado en el arranque sistemático de árboles de zonas forestales para plantar fresa en invernadero (luego mora, arándano…) para cuyo riego se abrían pozos igualmente ilegales, se construían balsas, se modificaban cauces y tendían canalizaciones kilométricas que iban esquilmando el agua subterránea, sumadas a extracciones ilegales para el riego de arroz, maíz, remolacha… El fruto rojo era (es) altamente rentable. Y nadie lo paró. La Junta de Andalucía lo subvencionaba, ayuntamientos como el de Almonte cedían fincas forestales públicas para el cultivo, políticos en gobiernos y oposición lo han apoyado, según la organización ecologista.
La sequía no es la causa de la destrucción de Doñana
A estas alturas de la catástrofe, quedan pocas alternativas para salvar lo que queda del parque nacional. La solución pasa, inevitablemente, por reducir a la mitad las extracciones de los acuíferos y pozos de aguas subterráneas. Es decir, frenar la sobreexplotación. No es la sequía ni la falta de lluvia: el origen del problema de los acuíferos de Doñana es la extracción excesiva para atender las demandas de regadío desde hace más de cuatro décadas, informa La Sexta.
Un estudio del Instituto Geográfico y Minero, dirigido por el investigador José Manuel Morillo, ha analizado la evolución de las precipitaciones en el parque nacional desde 1975 hasta 2017 y concluye que no ha habido una disminución relevante de la lluvia que pueda explicar la agonía de los corrientes de agua subterránea. “El principal problema es el exceso de extracción de agua para el regadío. Es muy elevado”, asegura el autor del estudio. El bombeo de agua descontrolado para regar las áreas dedicadas a la agricultura es la principal causa de que Doñana se esté secando.
El estudio también concluye que para salvar la biodiversidad de Doñana habría que reducir hasta la mitad las extracciones subterráneas del agua. Esto significa no retirar los más de 110 hectómetros cúbicos que cada año se absorben del subsuelo de Doñana. “Habría que reducirlo unos 60 o 65 hectómetros cúbicos al año”, concluye Morillo.
Reducir la extracción de agua
El técnico de SEO Birdlife, Carlos Molina, encargado de entregar las casi 150.000 firmas que se han registrado en el Parlamento de Andalucía en contra de los planes de la Junta para Doñana, recuerda que no es una advertencia nueva y que ya en los años setenta se alertó de los peligros de un uso excesivo de agua para el riego: “Hace ya más de 40 años se alertaba de que las extracciones de agua de la época pondrían en riesgo Doñana”.
El Gobierno comparte diagnóstico con el Instituto Geográfico y Minero. “Debemos reducir de forma muy importante la extracción de agua del acuífero si queremos dar una oportunidad a Doñana y que pueda seguir siendo el tesoro que todos queremos que sea”, asegura la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Entre las medidas que el ministerio va a poner en marcha están el cierre de pozos ilegales, la compra de terrenos con derechos de extracción y sustituir sistemas de regadío de aguas subterráneas por aguas de superficie. De hecho, desde 2020 hasta el pasado mes de abril, ya se han cerrado o están en trámite de ser cerrados más de 1.300 pozos ilegales.