"Vivir en Madrid se ha convertido en un privilegio". Con estas palabras, Susana Huertas, secretaria general de UGT Madrid, pone el foco en una de las grandes crisis sociales de la Comunidad: la vivienda. Lejos de ser una necesidad cubierta, el acceso a una casa digna y asequible se ha transformado en una quimera para miles de personas, especialmente jóvenes y trabajadores con salarios bajos.
Una definición clara y realista de 'vivienda digna'
El sindicato denuncia que el concepto legal de "vivienda digna" es, hoy por hoy, una ficción. "No puede considerarse digna una habitación de 11 metros cuadrados con baño compartido", afirma Huertas. Por ello, exigen que se defina legalmente qué condiciones debe cumplir una vivienda para ser considerada adecuada: espacio mínimo, acceso a servicios, eficiencia energética, y un precio proporcional a los ingresos.
Desde el sindicato se ha presentado una hoja de ruta que incluye medidas claras y viables:
Crear un parque público de vivienda no descalificable que represente al menos el 30% del total.
Permitir que los ayuntamientos declaren zonas tensionadas sin depender de la Comunidad.
Aprobar un plan autonómico de rehabilitación a cinco años, financiado con fondos europeos y autonómicos, para mejorar la eficiencia de los edificios antiguos.
La vivienda como negocio
El encarecimiento del alquiler y la falta de regulación efectiva sobre los grandes propietarios están dejando fuera del mercado a miles de familias. El auge de los pisos turísticos y la especulación inmobiliaria están expulsando a los residentes de sus barrios y encareciendo todo el entorno urbano.
"Los jóvenes ya no pueden emanciparse o lo hacen en condiciones lamentables", denuncia Huertas. Para el sindicato, esta situación no solo ahoga económicamente a una generación entera, sino que pone en riesgo el futuro de la sociedad. El sobreesfuerzo que hacen muchos hogares para pagar el alquiler está generando pobreza, incluso entre quienes tienen ingresos medios.
El derecho a vivir con dignidad, en juego
"Vivir en Madrid se ha convertido en un privilegio". Con estas palabras, distintas voces alertan sobre una de las grandes crisis sociales de la Comunidad: la vivienda. Lejos de ser una necesidad cubierta, el acceso a una casa digna y asequible se ha transformado en una quimera para miles de personas, especialmente jóvenes y trabajadores con salarios bajos.
Diversos colectivos ciudadanos y expertos urbanistas coinciden en la necesidad de redefinir qué entendemos por vivienda digna. Se propone establecer estándares legales sobre espacio mínimo habitable, acceso a servicios esenciales, eficiencia energética y adecuación del precio al nivel de ingresos del hogar. Estas condiciones deberían ser exigibles tanto en el mercado libre como en la vivienda protegida.
Otras propuestas desde distintos frentes
El exalcalde de Barcelona y exdirector de ONU-Hábitat, Joan Clos, propone reforzar el parque público de vivienda como parte fundamental del Estado del bienestar. Para él, resulta imprescindible blindar una parte del mercado inmobiliario que quede fuera de la lógica especulativa, construyendo viviendas protegidas en zonas de alta demanda y evitando su desclasificación a futuro.
Desde el ámbito académico, el investigador Jaime Palomera alerta del riesgo de una sociedad fracturada por la vivienda: propietarios cada vez más ricos frente a inquilinos empobrecidos. Su propuesta incluye imponer impuestos progresivos a partir de la segunda propiedad y recuperar los inmuebles vacíos para ponerlos en alquiler social.
Por su parte, Javier Burón, experto en políticas urbanas, aboga por una planificación a largo plazo que combine el control de precios con la promoción de viviendas asequibles mediante colaboraciones público-privadas. Burón sostiene que es esencial contar con un marco estable de financiación y competencias claras entre administraciones para garantizar el éxito.
Desde el Ministerio de Vivienda, se insiste en que la política estatal pivota sobre tres ejes: más vivienda, más ayudas y mejor regulación. Entre las medidas anunciadas destaca el refuerzo del bono joven para el alquiler, la financiación de promociones públicas de vivienda asequible y la creación de un registro obligatorio de contratos de arrendamiento temporal y de habitaciones para evitar abusos.
La Federación de Municipios y Provincias también ha pedido al Gobierno que dote a los ayuntamientos de mayores competencias para regular el alquiler turístico, que en muchas ciudades está desplazando a la población residente. Reclaman poder limitar el número de licencias y aplicar recargos fiscales a quienes mantengan viviendas vacías sin causa justificada.
La vivienda como negocio
El encarecimiento del alquiler y la falta de regulación efectiva sobre los grandes propietarios están dejando fuera del mercado a miles de familias. El auge de los pisos turísticos y la especulación inmobiliaria están expulsando a los residentes de sus barrios y encareciendo todo el entorno urbano.
Los jóvenes ya no pueden emanciparse o lo hacen en condiciones lamentables. Esta situación no solo ahoga económicamente a una generación entera, sino que pone en riesgo el futuro de la sociedad. El sobreesfuerzo que hacen muchos hogares para pagar el alquiler está generando pobreza, incluso entre quienes tienen ingresos medios.
Una emergencia habitacional
La situación no es exclusiva de Madrid, pero en la Comunidad se agudiza por la falta de intervención autonómica y la escasa voluntad de declarar zonas tensionadas. Mientras tanto, los precios siguen creciendo por encima de la inflación y la construcción de vivienda pública sigue sin despegar.
Desde distintos ámbitos se apuesta también por una rehabilitación masiva del parque de viviendas antiguo para garantizar que todas las casas sean seguras, cómodas y energéticamente sostenibles. Una vivienda que obliga a gastar en calefacción más de lo razonable está precarizando a quien la habita.
Numerosos expertos coinciden en que es imprescindible que las administraciones públicas actúen de forma coordinada y decidida. El reto de la vivienda no se resolverá con medidas aisladas ni con promesas vagas. Hace falta inversión, voluntad política y una visión a largo plazo que ponga a las personas en el centro.
No hay tiempo que perder
Para organizaciones sociales, sindicatos y movimientos vecinales, el tiempo se agota. Si no se toman decisiones valientes y coordinadas, el acceso a la vivienda seguirá siendo una barrera insalvable para miles de personas. La vivienda no puede seguir siendo el negocio de unos pocos a costa del bienestar de la mayoría. Convertir la indignación social en cambios reales exige compromiso, urgencia y valentía.