Indignación ha provocado la última ocurrencia de la Universidad Complutense de Madrid que a petición de la Consejería de Sanidad, hizo un llamamiento a través de las redes sociales pidiendo “titulados en Biología, Enfermería, Farmacia, Medicina, Psicología, Trabajo Social o Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM)”. Aquí tienes una oferta para trabajar “gratis” como rastreador ante el aumento de casos y de contactos de la Covid-19 en la región y, de esta manera, la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, solventar su mala gestión sanitaria para controlar los rebrotes de coronavirus en la región.
La realidad es que la Comunidad de Madrid ha incumplido de forma clara su responsabilidad como administración pública y sus compromisos en esta materia. La figura del rastreador es un eslabón clave en la lucha contra la pandemia, y como tal conlleva una responsabilidad y formación específicas, que la Comunidad pretende atender mediante voluntariado en lugar de mediante personas con unas relaciones contractuales claramente definidas.
Para CCOO resulta inadmisible que la Comunidad de Madrid, ante la escasa respuesta de su iniciativa para buscar a estos “voluntarios” entre los empleados públicos de los distintos municipios madrileños, acuda ahora a las universidades públicas madrileñas en su búsqueda.
Para Isabel Galvín, secretaria general Federación Enseñanza CCOO Madrid no puede entenderse la colaboración de las universidades en esta iniciativa, “que viene a cuestionar el tremendo esfuerzo realizado por estas instituciones y el conjunto de sus comunidades universitarias en el combate contra la pandemia”. No se puede entender como los responsables universitarios consideran “que semejante responsabilidad se puede dejar en manos de la figura del voluntariado sin la existencia de un convenio entre la Comunidad de Madrid y las universidades que garanticen las condiciones contractuales y de desarrollo de esta actividad”.
En este sentido, CCOO rechaza la petición formulada por la Universidad Complutense de Madrid y los posibles ofrecimientos futuros que se pueden plantear desde otras universidades. No puede concebir que las universidades públicas de Madrid, encargadas de la formación de los y las profesionales presentes y futuros, entienda “que dicha actividad profesional se puede prestar no mediante una relación contractual claramente definida, sino mediante la figura del voluntariado, devaluando de forma clara su propia actividad formativa y la profesionalidad y valía de sus egresados”, ha denunciado Galvín.
La universidad pública no puede contribuir y animar a la precarización de sus licenciados y egresados con ofrecimientos de esta naturaleza. No se entiende que se pueda confundir el compromiso y solidaridad de la comunidad universitaria desde el primer momento de esta crisis sanitaria y social con el fomento de la precariedad de lo que debe ser una relación laboral normalizada.
