Banco Santander, Villarejo y la corrupción judicial

Mucho se ha escrito en estas páginas respecto al poder que tiene el Santander ante los Tribunales. No es sólo el Caso Popular, sino que multitud de causas en las que las pruebas eran absolutamente contrarias a los intereses del banco cántabro, siempre han tenido como resultado la absolución de la entidad o de sus más importantes directivos.

Ni todos los jueces, ni todos los fiscales, ni todos los periodistas, ni todos los medios de comunicación, ni todos los partidos, ni todos los políticos son iguales. Sin embargo, el Santander tiene las influencias necesarias para controlar a la Administración de Justicia.

Lo peor es que en el banco presidido por Ana Patricia Botín no se esconden, alardean de ello y lo utilizan como elemento coactivo para que los grandes litigios se resuelvan a su favor. Eso es algo que, según afirmó el banquero italiano Andrea Orcel, Jaime Pérez Renovales, secretario general del Consejo de Administración del Santander, presuntamente dejó bien claro: «no perdemos un caso en los tribunales españoles, si no queremos».

Las cesiones de crédito y la Doctrina Botín, el archivo del fraude fiscal de los 2.000 millones de euros ocultos en el HSBC de Suiza, el presunto cohecho del pago de los cursos de Baltasar Garzón coetáneos con el archivo de la querella de Rafael Pérez Escolar, el indulto de Alfredo Sáenz Abad, o el escándalo de BANIF Inmobiliario, son algunos de los muchos escándalos judiciales protagonizados por el Santander en los últimos años y que, en principio, podrían estar relacionados con el poder de influencia que pudieran tener los abogados del despacho Uría y Menéndez.

Sin embargo, hay algo más. En muchas de estas decisiones tuvo que ver un círculo de amistades entre importantes miembros de la Justicia y José Manuel Villarejo. En uno de los registros policiales realizados en el domicilio del excomisario, se encontraron las siguientes notas en una libreta:

Como se puede comprobar, aparece el nombre del abogado Manuel Medina que, casualmente, es un punto de unión con personas muy importantes dentro de la Administración de Justicia en España: Baltasar Garzón, Fernando Andreu, Santiago Pedraz y la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, a quien sus amigos la llaman «Lola» y a quien Villarejo también llama «Lola».

Este círculo no dudó en acudir a la presentación del libro de Medina, Se vende banco por un euro, una publicación claramente pro-Banco Santander, un libro que fue presentado por Ángel Corcóstegui, un hombre al que Emilio Botín benefició con más de 100 millones de euros de indemnización tras la fusión con el Central Hispano.

Manuel Medina, tal y como publicamos en Diario16, ha trabajado como asesor e intermediario para Banco Santander. En concreto, en el caso de la constructora Inversión Hogar, Manuel Medina se presentó ante sus administradores para ofrecer sus servicios de mediación con el Santander con el fin de intentar llegar a un acuerdo. Fuentes de la constructora confirmaron a este medio que el abogado con despacho en la calle Hermanos Bécquer de Madrid «se ofreció para mediar con el Santander por sus amistades en el banco, entre ellas, supuestamente, con Emilio Botín». Incluso llegó a enviar a la constructora ejemplares de sus libros firmados.

En uno de esos títulos, El Éxito de la Humildad, Medina dedica capítulos exclusivos a Baltasar Garzón, Fernando Andreu y Dolores «Lola» Delgado. La amistad de este abogado con el exjuez viene de largo, lo mismo que las relaciones entre Garzón y el Santander. No hay más que recordar las cartas dirigidas a Emilio Botín que empezaban con un familiar «Querido Emilio» para lograr la financiación para los cursos de Garzón en Estados Unidos.

Un año después de que Baltasar Garzón se marchara a Estados Unidos a impartir sus cursos, archivó la querella interpuesta por Rafael Pérez Escolar contra el Santander por las irregularidades cometidas en la adquisición de Banesto.

En este asunto de los cursos, es importante reseñar el auto del magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena por la causa del modo en que Garzón financió esos cursos y en el que el exjuez estaba acusado de cohecho impropio. «Cuando el querellado [por Baltasar Garzón) asumió la investigación de los hechos imputados en la querella presentada por D. Rafael Pérez Escolar contra D. Emilio Botín y otros directivos del BSCH, nadie cuestionó que la competencia para la investigación correspondía a los Juzgados Centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Es cierto que D. Baltasar Garzón no se abstuvo del conocimiento de aquella querella. Ese hecho tiene un significado jurídico incuestionable. Es la mejor muestra de que el deber de abstención que le incumbía fue conscientemente infringido en gratitud por la generosa respuesta que el BSCH había realizado a su petición de ayuda económica. Cuando el imputado, debiendo abstenerse del conocimiento de esa querella, consideró oportuno ocultar al Fiscal y a las partes la concurrencia de una causa que podría perturbar su imparcialidad estaba demostrando que el deber de agradecimiento generado por la dádiva interfería ya el ejercicio íntegro de su función jurisdiccional.

» En efecto, de lo investigado ha quedado suficientemente acreditado –siempre en el plano indiciario– que el dinero entregado a petición del querellado e ingresado en las cuentas de la Universidad de Nueva York, lo fue en consideración al cargo jurisdiccional de D. Baltasar Garzón. Es evidente que la utilización de un sobre con membrete oficial proporcionado por el querellado encaja perfectamente en la metodología recaudatoria puesta en marcha por D. Baltasar Garzón. Ese sobre habla por sí solo de quién pedía el dinero y en atención a quién se concedían los fondos».

Garzón contactó con empresas que, según el auto, habían sido objeto de investigación por hechos por los que se imputó a importantes directivos de BBVA, CEPSA y, por supuesto BSCH (Santander).

La amistad de Garzón con Villarejo es notoria y el exjuez ha aparecido en múltiples grabaciones de las que destaca la siguiente:

Por otro lado, dentro del grupo del abogado pro-Santander están también Fernando Andreu, que confirmó a Diario16 que Medina era su amigo, y Dolores «Lola» Delgado. Ambos también han tomado decisiones, directa o indirectamente, favorables al banco presidido por Ana Patricia Botín. El magistrado, que ahora está destinado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, archivó la causa por los 2.000 millones de euros que la familia Botín tenía ocultos en el HSBC de Suiza desde la Guerra Civil, según se reconoció en la Lista Falciani.

Por otro lado, recientemente la Fiscalía protagonizó un escándalo mayúsculo cuando solicitó al juez Santiago Pedraz, otro amigo de Medina, el archivo de la causa abierta contra diferentes directivos del Santander, a pesar de la existencia de un informe del Banco de España que revela la colaboración entre el banco presidido por Ana Patricia Botín y el HSBC para el blanqueo y evasión de capitales de varias decenas de españoles que movieron fondos opacos en la sucursal de Ginebra del banco británico sin que Hacienda pudiera localizar ni a los emisores ni a los receptores de las transferencias.

La Fiscalía española, a pesar de reconocer que existían claras evidencias del blanqueo, reclamó a la Audiencia Nacional que se archivara la causa:  «informes de los peritos judiciales y la documentación incorporada a las actuaciones han puesto de manifiesto graves irregularidades llevadas a cabo por parte de las dos entidades españolas objeto de investigación y en el periodo de autos, en la valoración del alto riesgo conjunto que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse, la concreta operativa desarrollada, y el país donde desarrollaba sus actividades, Suiza», afirma el escrito de Fiscalía que depende de Dolores Delgado en su calidad de Fiscal General del Estado.

Y luego está Villarejo, cuyos servicios fueron contratados por el Santander, según se puede comprobar la factura publicada por El Independiente:

Además, hay que recordar cómo Villarejo, según publicó el digital Moncloa.com, entregó un informe que contenía la transcripción de una llamada telefónica entre Ignacio Rupérez, jefe del Servicio de Estudios del Santander, con Miguel Sebastián en el que el entonces ministro pasó el teléfono a María Teresa Fernández de la Vega en la que ésta afirmó que «Me cuenta Miguel [Sebastián] que Emilio está preocupado por su tema […] Transmítele que ya está hablado y no habrá problemas [inaudible] aunque ya sabes cómo son en ese ministerio». El tema no era otra cosa que el caso de las cesiones de crédito que provocó la creación de la Doctrina Botín.

Todas estas relaciones entre Villarejo, Manuel Medina, Baltasar Garzón, Dolores «Lola» Delgado y Fernando Andreu muestran una interconexión directa con Banco Santander y, tal vez, estas conexiones sean la respuesta a muchas preguntas que el pueblo se hace respecto a la impunidad del banco presidido por Ana Patricia Botín ante los tribunales españoles.