Tres han sido las denuncias presentadas contra Bulgaria relacionadas con el fracaso de la campaña de vacunación y con la respuesta de las autoridades durante la pandemia del Covid-19. El país, que ha hecho frente a las tasas más elevadas de mortalidad vinculadas al Covid en la UE, deberá dar respuesta por vía judicial.
Las denuncias buscan la responsabilidad del Estado por no haber vacunado a las personas más vulnerables ante el Covid-19.
Una denuncia ha sido presentada ante los tribunales nacionales y otra ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa. La tercera hace referencia a la decisión de cerrar escuelas mientras ya estaba disponible el acceso a la vacunación.
La razón de estas denuncias se sustenta en que miles de búlgaros con enfermedades asociadas (cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias, nefrológicas o cáncer), así como personas mayores de 60 años, podrían, según los denunciantes, haber evitado casos graves y la muerte si hubieran sido vacunados a tiempo, siguiendo las afirmaciones realizadas por el Gobierno.
El actual gobierno deberá responder ante estas denuncias, aunque la responsabilidad apunta al gobierno anterior.
«Bulgaria no garantizó el acceso prioritario a las vacunas para estos grupos durante el periodo en el que el acceso a las vacunas estuvo restringido, entre diciembre de 2020 y mayo de 2021», señala uno de los escritos presentado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por la Oficina Búlgara de Sociedad Abierta.
Recoge Euractiv que, según el plan nacional de vacunación adoptado por el gobierno de Boyko Borisov el 7 de diciembre 2020, las personas mayores y los enfermos crónicos fueron incluidos en la última fase, la cuarta, de vacunación posible. Se colocaron después de casi todos los funcionarios públicos, del personal médico y fueron designados «mediante listas preparadas previamente».
«La vaga redacción utilizada por el Plan Nacional de Vacunación permitió vacunar a todo tipo de personas antes de las vulnerables», señala Adela Kachaunova, directora del programa de protección jurídica del Comité Búlgaro de Kelsinki, que ha sido una de las impulsoras de las denuncias.
Señalan que, como resultado de esta campaña de vacunación fallida, entre enero y mayo de 2021, 8.813 personas de 60 años o más, murieron a causa de la Covid-19 en Bulgaria, lo que representa más del 80% de todas las muertes relacionadas con el virus durante ese período. La denuncia afirma que Bulgaria ha violado el derecho a la vida de estas personas vulnerables.
«Bulgaria no ha cumplido su obligación de informar y educar adecuadamente a las personas, especialmente a las más vulnerables, sobre la importancia de la vacunación contra el Covid-19 como medida de protección», se puede leer en la denuncia.
Dos procesos ganados por vacunación equivocada
Euractiv también recoge los dos procesos legales en los cuales, dos niños búlgaros demandaron al Ministerio de Sanidad por vacunas administradas de manera incorrecta.
«El error cometido al vacunar a las dos niñas muestra una vez más, el caótico proceso de vacunación, así como el completo abandono de los niños durante este período», señala Kachaunova.
El padre llevó a sus dos hijas, de 13 y 17 años, a vacunar en diciembre de 2021. Estaba convencido de los beneficios de las vacunas. Les administraron la vacuna de Janssen, que solamente necesitaba una dosis de administración.
Sin embargo, después de haberles inoculado la vacuna, el médico se dió cuenta de que esta vacuna no estaba indicada para niños, por lo que en el certificado de vacunación cambió la información para señalar que habían recibido la primera dosis de Pfizer. Una falsedad documental que, además, ocasionó un problema, puesto que las niñas no podían recibir la dosis de la segunda inoculación de Pfizer, puesto que ya habían recibido la de Janssen. Está prohibido mezclar estas dos inoculaciones.
Las niñas aparecieron en los sistemas informáticos como no vacunadas a todos los efectos, después de eliminarse la referencia a una vacuna que no habían recibido, y al no querer reconocer la que sí se les había administrado.
Finalmente, la justicia búlgara condenó al Estado por haber restringido los derechos de las niñas a su libre circulación, estando realmente vacunadas.
