El juzgado de instrucción número 6 de Sevilla ha decidido archivar la instrucción de la pieza separada de los ERES de Andalucía en la que se investigaba la concesión de 16.484.159,60 euros por parte de la Junta a la cervecera Heineken entre los años 2004 y 2008. En dicha investigación figuraba como principal imputado por malversación y falsedad documental el presidente y el responsable de recursos humanos de la empresa.
Las razones del juez para decretar el “archivo provisional” de la causa se resumen en una sola: la Audiencia Provincial desestimó, en un auto del pasado mes de julio, prorrogar y ampliar el plazo de las diligencias que se estaban llevando a cabo. En realidad, la instrucción del sumario se había prorrogado varias veces desde octubre de 2017, cuando terminó el plazo que señala la Ley. Quedaban varios asuntos por resolver en una “causa compleja” tal y como la califica el magistrado de apoyo del juzgado número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que es quien ha decidido el sobreseimiento.
Al parecer, las partes personadas habían decidido volver a interrogar a los dos principales investigados, tomar testimonio de 11 personas y resolver los recursos sobre la denegación de la imputación de tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía. Desde el punto de vista judicial no se entiende que hayan transcurrido más de cinco años para llevar a cabo esos trámites. Es lógico que los plazos, al haberse dilatado tanto, hayan terminado por invalidar todas las actuaciones llevadas a cabo desde 2017 hasta ahora, “a pesar de la efectiva existencia de indicios solventes y racionales de criminalidad”, señala el juez en el auto de archivo de la causa.
Cuando ya han transcurrido casi once años de la apertura de las diligencias previas 174/2011 en el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla a cargo de la magistrada Mercedes Alaya, sólo se han celebrado dos juicios. El denominado “juicio político”, la pieza principal de la causa es el que acaba de concluir con la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre pasado que condena a la cúpula socialista de la Junta de Andalucía. El otro caso es el de las ayudas a la empresa Acyco. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla está pendiente de resolución del recurso presentado ante el Tribunal Supremo. Fueron condenados, entre otros, la presidenta de la empresa, el consejero de Empleo de la Junta y el director general de Trabajo y Seguridad Social, a varios años de cárcel.
Y nada más. Existen 40 procedimientos abreviados pendientes de señalamiento de los correspondientes juicios, y 100 piezas separadas en fase de investigación. La administración de justicia en Sevilla se encuentra prácticamente colapsada. No da más de sí. Y, además, se encuentra con un problema de logística. No existe un lugar adecuado para llevar a cabo las vistas orales de estas causas que reúnen a 300 acusados. No hay banquillos suficientes en las sedes judiciales. Se buscan recintos alternativos, pero éstos tardan en llegar. Parece como si no hubiese mucho interés en cerrar, de una vez por todas, el procedimiento judicial del que se considera el mayor caso de corrupción en España por el número de imputados y la cantidad defraudada.
Varias de esas cien piezas separadas acabarán por archivarse precisamente por el tiempo transcurrido desde el inicio de la instrucción. Muchas de las actuaciones solicitadas por las partes, fiscales, acusadores particulares y abogados defensores han quedado invalidadas por haber caducado. A pesar de contar con un magistrado de refuerzo, el juzgado número 6 no da más de sí.
Pero parece que eso no es lo importante. La “pieza política”, la que condena a Chaves, Griñán y los principales dirigentes del PSOE de Andalucía, ya está resuelta. Las otras, en las que están implicados destacados empresarios, carecen de relevancia. Parece como si fueran un estorbo. Un trámite que, de seguir así, terminará en múltiples archivos. Porque los principales objetivos, los dirigentes socialistas andaluces, ya han sido conseguidos.
