La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) critica que el gobierno no convierta en un derecho la sepultura digna para las víctimas del franquismo con el establecimiento de un techo presupuestario que limita la búsqueda de los desaparecidos de la dictadura sea un derecho universal.
“Los acuerdos con Naciones unidas obligan a España a ayudar a las familias con urgencia e impedir que miles de familiares sigan muriendo sin enterrar a sus seres queridos”, recuerda ARMH en un comunicado al que ha tenido acceso Diario16.
La Asociación se pregunta, de manera retórica, si hay un límite económico a partir del cual el Estado deja de investigar un crimen o, si puede ocurrir que en un atentado el dinero se acabe antes de que el Estado indemnice a todas las víctimas.
En este sentido a la ARMH se le plantea un interrogante: ¿Por qué hay una partida limitada para ayudar a los familiares de los desaparecidos por la represión franquista? “Si dar sepultura digna a un ser querido es un derecho, no puede existir un techo presupuestario a lo que hay que añadir que el Estado se niega a atender a las víctimas de la dictadora, como si no fueran víctimas, como si fueran inferiores a otras víctimas como las del terrorismo”, afirman.
La previsión del Gobierno de los presupuestos para el año 2021 de una partida de 11 millones de euros destinados a políticas de memoria, de los cuales sólo se dedicará un porcentaje a la búsqueda de personas desaparecidas, no cumple con los criterios de Naciones Unidas con respecto a los derechos de las víctimas del franquismo
Para la ARMH se trata de un techo económico que limita el número de personas que pueden ejercer el derecho a exigirle al Estado la búsqueda de un ser querido y que por lo tanto discrimina a las que puedan acceder a esos recursos limitados frente a las que no puedan hacerlo.
A todo lo anterior, la ARMH añade en su comunicado, que “el Gobierno pretende delegar en las asociaciones de la memoria la responsabilidad de atender a los familiares, algo que no ocurre con víctimas de otras violencias, como las del terrorismo, que son atendidas directa y urgentemente por el Estado”.
“El Gobierno de Pedro Sánchez prometió en octubre de 2019 una partida de 15,2 millones de euros destinada a la memoria y ahora el nuevo Gobierno de coalición la reduce esa partida en casi un 30%”, afirman. “Ninguna de las dos garantiza el derecho de las familias de todas las familias, de los 114.226 desaparecidos del franquismo, a exigirle al Estado que busque, identifique y ayude a enterrar dignamente a los desaparecidos que se opusieron y no colaboraron con la construcción de una dictadura que durante cuatro décadas secuestró las libertades en este país”.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró en la rueda de prensa tras la presentación del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que no se podía perder un minuto en ayudar a las familias pero el límite presupuestario y el recorte en la partida propuesta hace un año ralentizará la búsqueda de personas desaparecidas y condenará a muchos familiares a seguir muriendo sin recibir la ayuda de un Estado que se comprometió a resolver todos y cada uno de los casos, sin dosificarlos, cuando ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, afirman desde ARMH.
La vicepresidenta repitió en varias ocasiones que el Gobierno pretendía cumplir con los criterios de Naciones Unidas y esto es lo que dicen en las cuestiones relativas a las personas desaparecidas (Artículo 12 de la convención): “Cada Estado Parte velará por que toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes”. Y añade: “Siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades a las que hace referencia el párrafo 1 (el Estado) iniciarán una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal”.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentará una protesta formal ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU por el incumplimiento de sus deberes por parte del Gobierno.
