Del negocio de la seguridad

Desde finales del siglo XX y en diferentes países occidentales, el terrorismo se ha manifestado reiteradamente de forma sangrienta. Sin ánimo de ser exhaustivo, debemos citar el terrorismo secular de ETA que sembró el dolor en numerosas familias españolas de todo tipo y condición. También, se debe hacer referencia a los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Además, no se deben olvidar los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, así como los del metro de Londres del 7 de julio de 2005. A esta lista inconclusa de atentados terroristas indiscriminados habría que añadir los numerosos atentados en el Próximo Oriente, que ponen en entredicho la Alianza de Civilizaciones tan del gusto de ZP y que denotan claramente un Enfrentamiento de Civilizaciones.

Todos estos atentados han producido miles de muertos, miles de heridos y sufrimientos sin cuento. Además, han generado también un temor generalizado en todo el mundo y, en particular, en los países occidentales, lo que ha propiciado la adopción de obsesivas medidas de seguridad y la declaración de la “guerra contra el terrorismo” por parte de EE. UU. y de sus aliados. Ahora bien, estas medidas han alterado, en general, las tradicionales políticas internacionales y domésticas de seguridad y, en particular, de la seguridad aérea. En efecto, viajar en avión es hoy un calvario para los viajeros, que deben llegar al aeropuerto con mucho tiempo de antelación para pasar bajo las horcas caudinas de los arcos de seguridad, para permitir escanear sus equipajes, para ser cacheados, ellos y sus equipajes, y para dejarse incautar cualquier objeto (cortaúñas, pinzas de depilación, etc.), que pudiera ser utilizado como arma asesina, o cualquier recipiente (botella de agua, gel de afeitar, frascos de perfume, after-shave, cremas, dentífricos, etc.), que pudiera contener alguna sustancia explosiva.

Ahora bien, ¿todo esto son medidas y precauciones que velan por la seguridad de los pasajeros o hay gato encerrado y es una coartada para, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, conseguir objetivos inconfesables, que no tienen nada que ver con la seguridad? Creo, más bien, que las medidas de seguridad aeroportuarias citadas, así como las adoptadas en los edificios oficiales, tienen muy poco que ver con la seguridad y son simplemente una línea de negocio más para que ciertas personas —amigas o testaferros de algún miembro de la casta política— se forren a costa del erario público, de los viajeros y de los ciudadanos. Para ilustrar y apoyar esta aseveración, voy a relatar tres vivencias personales recientes, que llevan el agua al mismo molino: el negocio lucrativo de la seguridad, pero que no proporciona seguridad a los ciudadanos.

Informo a mis lectores que, vaya a donde vaya, siempre llevo en bandolera un bolso de cuero de vaca, que merqué en el barrio de Plaka de Atenas hace más de 25 años, al regresar de uno de mis numerosos viajes a Grecia. Es un bolso en el que llevo siempre algún libro, algunos folios y un moleskine para tomar notas, así como una agenda. En un bolsillo lateral del mismo, nunca falta un bolígrafo, algún rotulador, un lápiz y también una navaja “made in France” Opinel (cf. mensaje icónico ut supra): 7 cm. de hoja y 9 cm. de empuñadura; en total, 16 cm. de “en-verga-dura”, como hubiera dicho el delincuente Iñaki Urdangarín, el Duque Em-Palma-do.

El 6 de mayo de 2014, a las 10 de la mañana, acompañé a una amiga a la Inspección de Trabajo de Barcelona, sita en Travesera de Gracia, 2. En la entrada del edificio, un agente de seguridad privado nos invitó a depositar nuestras carteras y bolsos de mano en el tapiz del escáner, que se los tragó sin detectar la presencia de mi peligrosa navaja Opinel, al tiempo que nos hizo pasar bajo el arco de seguridad. Hechas las gestiones previstas en la Inspección de Trabajo, mi amiga me acompañó al aeropuerto de Barcelona, donde tenía que coger un avión rumbo a Valladolid, en compañía de un amigo arquitecto, Ramón Auset. De nuevo, streaptis parcial, paseo obligado bajo el arco de seguridad y escaneado de mi equipaje de mano, bajo la mirada desconsiderada, bravucona y chulesca del jefe de seguridad privada, que no tuvo empacho en privarme de la pasta de dientes, del gel de afeitar y del after-shave. En el viaje de vuelta de Valladolid, el 8 de mayo: misma liturgia e idénticos resultados. A la ida y a la vuelta, los medios humanos y técnicos de los dos aeropuertos no detectaron mi amenazadora Opinel. En fin, en la segunda quincena del mes de agosto, durante mis vacaciones en un pueblo del Bierzo Alto, Almagarinos, tuve que dirigirme a la Delegación de Castilla y León en Ponferrada para realizar unas gestiones. A la entrada de la Delegación, me encontré con el mismo escenario: vigilante de seguridad privado, arco de seguridad y escáner; y el mismo resultado: ni el uno ni los otros detectaron mi temible Opinel.

Los hechos narrados son tozudos. La reiteración de los mismos, en tan corto espacio de tiempo, pone de manifiesto que la seguridad en los aeropuertos y en los edificios de los organismos públicos tiene más agujeros que un queso gruyer. El Estado no ha habilitado ni las medidas, ni los medios técnicos operativos y eficaces para garantizar la seguridad. Y para más INRI ha hecho dejación de una de sus funciones fundamentales, al poner en manos de empresas privadas, que buscan siempre el beneficio económico, la obligación de velar por uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos: la seguridad. Además, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (aprobada el 10 de julio de 2014), se limitarán aún más las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Si yo he podido pasar tres controles, en tres lugares diferentes, con mi amenazadora Opinel, uno se pregunta si, como repite la casta política privatizadora, la empresa privada ofrece realmente una mejor seguridad y más barata. Los hechos demuestran que no. Entonces, ¿por qué la casta política gobernante o la que ha gobernado en el pasado han privatizado y siguen privatizando la gestión de la seguridad de los ciudadanos españoles?

Como he sugerido ut supra, la privatización de la seguridad (como la privatización de otros servicios o empresas estatales) es una oportunidad de negocio más, amañada entre los miembros de la casta política y sus testaferros o amigos, con el único objetivo de amasar dinero, sin prestar, en contrapartida, un servicio real y efectivo. Están, en la mente de todos, los numerosos casos de miembros de la casta política, que han hecho de la gestión de la res publica su particular modus vivendi y que toman decisiones pensando, no en el bien común, sino sólo en el beneficio de sus futuros empleadores. En efecto, éstos, gracias a la “puerta giratoria”, los van a acoger en sus empresas, al terminar sus vidas políticas, como recompensa por los servicios prestados. Ante estos hechos y comportamientos, es lógico que, en sus investigaciones sociológicas periódicas, el CIS constate que, para los españoles, la casta política no es la solución a los problemas que aquejan a España sino, después del paro-crisis económica, el problemas más importante. Por eso, como he escrito en otro lugar, “casta política delenda est”.