El Consejo de ministros ha aprobado la propuesta de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, un paso que el Gobierno considera esencial para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y modernizar el mercado laboral español. Sin embargo, el proyecto se enfrenta a obstáculos significativos en el Parlamento, donde no cuenta con el apoyo suficiente para garantizar su aprobación.
El contenido de la propuesta
La reducción de jornada es la medida estrella del Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, y busca cambiar el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores. Desde 1983, la jornada laboral máxima en España es de 40 horas semanales, pero con la nueva ley, se pretende reducir ese límite a 37,5 horas sin afectar al salario de los trabajadores. La iniciativa beneficiará a alrededor de 12,5 millones de empleados en todo el país, según los cálculos del Ejecutivo.
A pesar de que el acuerdo fue respaldado por los sindicatos, la propuesta ha generado fuertes rechazos por parte de la patronal, que argumenta que esta medida no cuenta con el respaldo de los empresarios y podría perjudicar a las pequeñas y medianas empresas (pymes). En este sentido, los sectores más críticos con la reducción de jornada aseguran que la medida afectará especialmente a sectores como la hostelería, la agricultura y el comercio, donde la flexibilidad y la carga laboral son mayores.
¿Un cambio positivo o un desafío para las empresas?
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió la medida como un avance crucial para mejorar el bienestar de los trabajadores. En una rueda de prensa posterior a la aprobación del proyecto, Díaz destacó que esta medida no solo es un paso hacia la modernización del mercado laboral, sino también una forma de "practicar justicia" al repartir mejor la productividad de las empresas.
Sin embargo, la aplicación de esta norma no será sencilla. La flexibilidad en los plazos de implementación, especialmente para las pymes, ha sido una de las principales demandas del Gobierno para conseguir el apoyo de los partidos políticos. Díaz abrió la puerta a negociar los plazos y adaptar la norma a las necesidades específicas de cada sector, pero dejó claro que el objetivo es que la reducción de jornada llegue a todos los trabajadores en el menor tiempo posible.
Los retos parlamentarios: resistencia y negociación
El proyecto de ley no tiene asegurado su apoyo en el Congreso, donde partidos como Junts y el Partido Popular (PP) han expresado su rechazo a la medida. Junts, por ejemplo, presentó una enmienda a la totalidad del texto, argumentando que la propuesta "ataca frontalmente" a las pymes y a los autónomos, especialmente en Cataluña. A pesar de esto, el Gobierno mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo con el partido catalán, al que Díaz instó a negociar.
Por su parte, el PP ha sido particularmente crítico con el proyecto. Yolanda Díaz no dudó en cuestionar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre si planea "tumbar la reducción de jornada", como ya hizo con la reforma laboral en 2021. La ministra resaltó que los últimos datos de empleo, que muestran un récord de afiliación, demuestran que las reformas laborales están funcionando, y que lo mismo ocurrirá con la reducción de jornada.
La importancia de los plazos: ¿flexibilidad o dilación?
Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es el plazo para su implementación. Aunque el Gobierno se comprometió a que la reducción de jornada debería estar en vigor para todos los trabajadores a partir de 2025, Díaz reconoció que existe un "margen de negociación" para flexibilizar esa fecha en ciertos casos. Este enfoque ha generado críticas de algunos sectores que consideran que un aplazamiento podría diluir los beneficios de la medida.
Además, el texto aprobado introduce cambios en el sistema de registro horario, que pasará a ser obligatorio de forma digital, facilitando el acceso de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la jornada laboral. También se prevé un endurecimiento de las sanciones por incumplimiento, que podrán alcanzar hasta los 10.000 euros por trabajador afectado, lo que podría generar aún más resistencia en el sector empresarial.
El derecho a la desconexión digital y otros avances
Otra novedad importante del proyecto es la inclusión del derecho a la desconexión digital, lo que garantizaría que los trabajadores no puedan ser contactados fuera de su jornada laboral. Esta medida ha sido bien recibida por los sindicatos, que la consideran un avance en la protección de los derechos laborales en un mundo cada vez más digitalizado.
Díaz destacó que esta medida contribuirá a una mayor "felicidad" de los trabajadores, asegurando que muchos empleados, especialmente en sectores como el comercio y la hostelería, podrán disfrutar de más tiempo con sus familias y en su vida personal, sin la presión de estar siempre disponibles para sus empleadores.
El futuro de la ley: un debate clave para el país
A medida que el proyecto avanza hacia el Congreso, el debate sobre la reducción de jornada laboral se perfila como uno de los más importantes de la legislatura. Para el Gobierno, se trata de una medida que "cambiará la vida de la gente", pero para sus detractores, representa un riesgo para la estabilidad económica de las empresas y la competitividad de la economía española.
El desafío ahora está en convencer a los partidos políticos de que este cambio es necesario para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y, al mismo tiempo, modernizar el mercado laboral. Con un escenario de incertidumbre en el Congreso y con la presión de la opinión pública a favor de la reducción de jornada, será crucial cómo se desarrollen las negociaciones en los próximos meses.