JF pertenece a esta generación de españoles que trabajaron duro toda su vida, que levantaron un país y conquistaron una democracia con su esfuerzo, que tuvieron la oportunidad de cotizar por tener sueldos decentes y, finalmente, gozar de una pensión que permita vivir con dignidad. Sería un cuento con final feliz si no fuera por la actuación presuntamente irregular de una entidad en un momento delicado de su vida.
En la actualidad JF es un hombre con hijos y muchos nietos. Ayuda financieramente por aquí y por allá a toda la familia. Lo que sorprende es que se trata de una persona apreciada y esencialmente optimista. Siempre ha sido un buen cliente de las entidades financieras. Sin embargo, en el año 2016 pasó por un momento de apuro y la entidad, lejos de pactar una ampliación de su préstamo, le obligó a realizar una cancelación con obertura de un nuevo contrato (con intereses mucho más elevados, 10.000 euros extra de gastos, etc.).
Hay que recordar que en España, los préstamos, tanto hipotecarios como personales, a los que acceden las familias de clase media y trabajadora son «contratos de adhesión». No existe posibilidad ninguna de negociar con las entidades. Es un «o lo tomas o lo dejas» de manual. Y eso es lo que le sucedió a JF.
La vida de este jubilado sevillano ya no volvió a ser la misma y en los últimos años decidió tomar medidas. Se podría afirmar que es el caso de las películas donde dicen «se metieron con el tipo equivocado» puesto que este hombre, de carácter siempre conciliador, tiene sobrados recursos cuando se trata de defender sus derechos. Y el primero de ellos es que es un lector incansable, por lo que nos confiesa que se pasó meses navegando por internet «hasta que di con el informe Redito Ad Libitum del Gobierno Balear y me atreví a enviar un mensaje a su autor, Guillem Bou».
Lo que sucede cuando un contrato no tiene fórmula de las cuotas
Diversos economistas y matemáticos miraron los contratos y encontraron irregularidades graves, como las relativas a los intereses pero, en especial, sobre la ausencia de fórmula para el cálculo de las cuotas. Según han confirmado a Diario16+, Bou le sugirió un enfoque para dirigirse al Servicio de Atención al Cliente (SAC) y la sorpresa vino después, cuando llegó la carta del banco, la Caja de Ingenieros, la entidad que hace años ocupó la actualidad tras la concesión de la hipoteca a los líderes de Podemos, Pablo Iglesias e Irene Montero, para la compra del chalet de Galapagar.
Uno de los puntos fundamentales de los litigios en derecho es la remisión al momento de la firma. Eso lo han sufrido especialmente los afectados de IRPH que, aun siendo obvio que sus contratos eran más caros que los Euribor (cuando se vendieron como hipotecas «estables») el Tribunal Supremo siempre les ha rechazado este hecho. Siempre les han exigido que probasen que en el momento de la firma un experto podía saber que había un sobreprecio y que, de haberlo sabido, el consumidor no hubiera firmado.
Pues bien, el enfoque de la reclamación al SAC fue precisamente este: pedir cómo en el momento de la firma el consumidor podía saber qué obligaciones contraía, dado que no había fórmula financiera para calcular las cuotas mensuales ni referencia a método de amortización alguno. Es más, al respecto, el contrato contiene tan solo una perogrullada, a saber, que las cuotas variarán cuando se modifique el interés variable del contrato.
Pues bien, todo lo que tiene que decir al respecto el SAC de Caja de Ingenieros, según la respuesta recibida por JF y a la que Diario16+ ha tenido acceso, es que el cliente sabe lo que tiene que pagar porque se le comunica en cada revisión de intereses (sic). Es decir, que el cliente conoce la carga económica del contrato al cabo de un año de haber firmado, cuando varía el tipo de interés, y además solo conoce lo que pagará durante ese año, no lo que pasará cuando vuelva a variar.
“Preguntado y contestado”, nos dice JF mientras sonríe.