El reciente incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, que lo sitúa en 1.184 euros mensuales, ha generado una controversia inesperada: por primera vez, los perceptores del SMI deberán tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta situación ha llevado a Pepe Álvarez , secretario general de UGT, a instar al Gobierno a reconsiderar esta medida, argumentando que penaliza a los trabajadores más vulnerables.
UGT exige una rectificación
"El Gobierno debe ser consciente de que no se pueden subir los impuestos de esta manera, especialmente a estos colectivos de personas", afirmó Álvarez en una reciente entrevista. El líder sindical propone una reforma en las tablas del IRPF que permita eximir al SMI de tributación, asegurando así una equidad fiscal. "No se trata de bajar impuestos, sino de mantenerlos en igualdad de condiciones", añadió.
El aumento del SMI, que ha pasado de 735 euros en 2018 a los actuales 1.184 euros, beneficia a aproximadamente el 11,8% de la fuerza laboral en España, es decir, cerca de dos millones de trabajadores a tiempo completo y casi medio millón a tiempo parcial. Es relevante destacar que el 65% de los beneficiarios son mujeres y una proporción significativa corresponde a jóvenes.
Hacienda no modifica el umbral exento
Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda había ajustado el límite exento del IRPF en consonancia con las subidas del SMI, evitando que estos trabajadores tuvieran que tributar. Sin embargo, en esta ocasión, Hacienda ha decidido no modificar dicho umbral, lo que implica que quienes perciban el SMI estarán sujetos al impuesto. Esta decisión ha generado discrepancias en el seno del Gobierno. Mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende la "pedagogía fiscal" y la justa contribución de todos los ciudadanos, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, critica la medida, argumentando que la justicia social debe comenzar por los de arriba.
Desde UGT, se lamenta que no se haya mantenido la exención del IRPF para las personas que perciben el SMI, quienes representan a las capas más vulnerables de la sociedad. El sindicato considera que la cantidad exenta de tributación debe actualizarse en consonancia con el SMI, hasta alcanzar las cuantías medias europeas, y, en todo caso, asegurar que esta exención se mantenga hasta que el salario mínimo alcance al menos el 60% del salario medio del país, tal como establece la Carta Social Europea.
Una medida que penaliza a los más vulnerables
La decisión de Hacienda afectará principalmente a los trabajadores solteros sin hijos, que representan aproximadamente el 20% de los perceptores del SMI, es decir, cerca de medio millón de personas. Por ejemplo, un contribuyente soltero y sin hijos que perciba el SMI pagará alrededor de 300 euros de IRPF al año. En contraste, aquellos con cargas familiares, como parejas con hijos menores de tres años, seguirán exentos de tributación debido a las deducciones aplicables.
Esta situación ha generado un debate más amplio sobre la equidad fiscal y la necesidad de una reforma tributaria que garantice una contribución justa por parte de todos los ciudadanos, sin penalizar a los más vulnerables. UGT insta al Ministerio de Hacienda a abrir un proceso de negociación que permita abordar en profundidad esta cuestión y garantizar que la fiscalidad en España sea verdaderamente progresiva y equitativa.
En conclusión, mientras el incremento del SMI es una medida positiva para mejorar las condiciones de vida de muchos trabajadores, la decisión de someterlo a tributación por primera vez ha generado críticas y pone de manifiesto la necesidad de revisar las políticas fiscales para asegurar que no se conviertan en una carga adicional para quienes menos tienen.