UGT ha lanzado una seria advertencia sobre los riesgos que plantea el Pacto Industrial Limpio impulsado por la Unión Europea. La organización sindical denuncia que esta iniciativa, que busca agilizar la transición ecológica mediante una simplificación administrativa para las empresas, podría derivar en la precarización del empleo y una rebaja en los estándares medioambientales.
La preocupación de UGT se centra en que la flexibilización de normas para acelerar proyectos industriales verdes podría traducirse en una reducción de derechos laborales y una menor supervisión sobre las condiciones de trabajo. Además, el sindicato alerta de que las empresas podrían beneficiarse de ayudas públicas sin asumir compromisos concretos en materia de empleo o sostenibilidad.
Los riesgos de una transición sin garantías
El Pacto Industrial Limpio es una estrategia de la Comisión Europea que busca eliminar trabas burocráticas para que las industrias adopten tecnologías limpias y reduzcan su impacto ambiental. Sin embargo, desde UGT advierten que esta simplificación administrativa no debe convertirse en un cheque en blanco para las empresas.
Uno de los puntos más conflictivos, según el sindicato, es la posibilidad de reducir los controles sobre las condiciones laborales y ambientales, lo que abriría la puerta a:
Menos inspecciones laborales, facilitando la explotación y el empleo precario.
Deslocalización de empresas a países con regulaciones más laxas, dejando a miles de personas sin trabajo.
Reducción de la inversión en formación y reciclaje profesional para los trabajadores afectados por la transición verde.
Disminución de los requisitos ambientales, permitiendo que industrias contaminantes se beneficien de incentivos sin hacer esfuerzos reales por reducir su impacto.
Las exigencias de UGT
Ante este escenario, UGT ha planteado una serie de demandas urgentes para garantizar que la transición ecológica no se convierta en un pretexto para recortar derechos. Entre sus principales exigencias destacan:
Condicionalidad social y laboral en las ayudas: las empresas que reciban financiación pública deben comprometerse a mantener el empleo y mejorar las condiciones laborales.
Participación sindical en la política industrial europea: las decisiones sobre el futuro del empleo no pueden tomarse sin la voz de los trabajadores.
Mantenimiento de los estándares ambientales: la simplificación administrativa no debe significar menos controles ni permisividad con la contaminación.
Protección del empleo y formación profesional: es imprescindible un marco europeo que garantice la reubicación y capacitación de los trabajadores afectados por el cambio industrial.
“No podemos permitir que la transición ecológica se haga a costa de los trabajadores”, ha insistido Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien ha subrayado que el sindicato seguirá presionando para que la dimensión social y laboral sea clave en el desarrollo industrial de la UE.
La jornada de 37,5 horas: otra prioridad para UGT
En un contexto donde el empleo está en el centro del debate, Pepe Álvarez también ha reafirmado la importancia de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial. Durante la clausura del 14º Congreso Regional de UGT Galicia, el líder sindical ha insistido en que este objetivo es “esencial para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y para repartir mejor el empleo”.
Álvarez ha destacado que la reducción de jornada no solo es viable, sino que se ha demostrado efectiva en otros países europeos: “Trabajar menos horas no significa producir menos, sino trabajar mejor”.
Además, el secretario general de UGT ha aprovechado su intervención para criticar las políticas laborales y económicas impulsadas por sectores ultraconservadores en Estados Unidos y Europa. “Frente a los que quieren retroceder en derechos, debemos seguir avanzando. Europa nos abrió la puerta a la libertad y en ella vamos a seguir luchando”, ha afirmado.
Un llamamiento a la solidaridad con los menores migrantes
Álvarez también ha abordado la crisis migratoria, denunciando la falta de respuesta política ante la situación de los menores no acompañados en Canarias, Ceuta y Melilla. “Es miserable e indigno que haya miles de niños abandonados a su suerte y que parezca que no los podemos acoger”, ha lamentado.
UGT insiste en que la solución pasa por una política migratoria europea más justa y solidaria, que garantice la integración y los derechos de estos menores. “Europa no puede seguir mirando hacia otro lado”, ha concluido.
El sindicato reafirma su compromiso con la justicia social, el empleo digno y la sostenibilidad, advirtiendo que no permitirá que la transición verde se convierta en una excusa para precarizar el mercado laboral.