Un día, uno se dedica a hurgar entre los montones de escritos que se encuentran perdidos en la sala de prensa de la Audiencia Nacional y se puede encontrar con sorpresas. Y eso es lo que ocurrió recientemente con el que firma los análisis judiciales en este medio. Entre esos montones de papeles había uno que llama especialmente la atención. Es un auto de la sala de Lo Penal en el que se rechaza un recurso de los abogados de una de las piezas separadas de las muchas que hay sobre las andanzas del excomisario de policía, José Manuel Villarejo, en el que se pide la imputación de Juan Luis Cebrián, exconsejero delegado de Prisa, y conocido periodista, además de empresario y amigo de políticos cualificados entre ellos Felipe González, por un viejo asunto, lo que se podría llamar “segunda parte del Caso Sogecable”.
Para los que desconocen esta historia, decir que, a finales del siglo pasado, un exjuez, entonces titular del juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez de Liaño, llevó a cabo una investigación contra los directivos de Sogecable, la sociedad propietaria de Canal+, a los que se les acusó de haberse apropiado 138 millones de euros de las fianzas de los abonados por la utilización del decodificador para poder acceder al canal de pago. Gómez de Liaño llegó a imputar al presidente del grupo, Jesús de Polanco, y al consejero delegado, Juan Luis Cebrián, entre otros. Gente muy poderosa. Tanto que, según la versión de Gómez de Liaño que acabó por ser juzgado por el Supremo y condenado por prevaricación, se urdió una conspiración para cargárselo en la que participaron los abogados Matías Cortés y Horacio Oliva, prestigiosos penalistas, el periodista y consejero de PRISA, Antonio Navalón, y Txiqui Benegas, secretario de organización del PSOE enviado por Felipe González.
La cosa no habría ido a mayores. Habría quedado en el anecdotario de personas que se consideran víctimas de injusticias, de no ser porque la teoría conspiratoria fue confirmada desde la cárcel de Estremera por José Manuel Villarejo quien envió un escrito a la Audiencia Nacional afirmando conocer esa conspiración porque los implicados le habían encargado el espionaje de los movimientos de Gómez de Liaño y de su pareja, hoy ya esposa, la exfiscala de la Audiencia Nacional y abogada del despacho de su marido, Dolores Delgado. Incluso se aportaron algunas pruebas como son unos correos electrónicos en los que unos ciudadanos residentes en Marbella señalan al exjuez por haber cobrado una factura en negro a un conocido miembro de la mafia de la Costa del Sol.
El juez Manuel García Castellón, que se encargaba de investigar todos los asuntos en los que está implicado Villarejo, decidió abrir una pieza separada sobre este asunto. En principio, rechazó incluir a Gómez de Liaño como perjudicado, pero, al final, la sala de Lo Penal se lo ordenó. A partir de ahí, el exjuez empieza a aportar una serie de indicios que demostrarían esa conspiración de la que habla. Implica a un catedrático, Manuel Lozano, al que, según su versión, se le encargó ponerse en contacto con el titular del juzgado número 5, Baltasar Garzón, amigo suyo, para que se hiciese cargo del Caso Sogecable una vez se hubiese logrado la separación de Gómez de Liaño de la Audiencia Nacional. Garzón, según los que conocen bien las circunstancias que rodearon este feo asunto, rechazó la propuesta. Aunque, al final, se hizo cargo del sumario, no sin antes romper su vieja amistad con Gómez de Liaño. Además, hay que esclarecer si es verdad que hubo un pago a Lozano de 5 millones que, según la versión de los acusadores, habrían ido a parar a Garzón, también apartado de la judicatura condenado por prevaricación.
Asimismo, habría que aclarar si se llegó a pagar 12 millones de las antiguas pesetas al magistrado del Supremo, Enrique Bacigalupo, que fue el ponente de la sentencia condenatoria a Gómez de Liaño, y si en el espionaje que se atribuye Villarejo también colaboró un conocido abogado, José Aliste, implicado en algunos casos de corrupción investigados por la Audiencia Nacional, entre otros el de José Luis Moreno.
Después de todo el escándalo judicial que se montó en torno al Caso Sogecable, lo cierto es que los miembros del consejo de administración de Prisa, procesados por Gómez de Liaño, quedaron absueltos y el juez acabó siendo inhabilitado y apartado de la Audiencia Nacional. En el año 2000, el gobierno de José María Aznar le indultó con la condición de no incorporarse a la AN durante 25 años.
Un plazo, por cierto, que está a punto de concluir por lo que Gómez de Liaño, si así lo quiere, podrá solicitar su reingreso en la carrera judicial. Pero el que también fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP quiere más. Si logra una sentencia favorable en la causa en la que se ha personado, y demuestra que hubo confabulación para echarle por sus diligencias judiciales en el Caso Sogecable, podrá presentar recurso de revisión ante el Tribunal Supremo. Y con muchas probabilidades de lograr la anulación de la sentencia con las consiguientes percepciones de importantes indemnizaciones y parabienes por parte de los poderes públicos.
Lo que pasa es que la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional no está por la labor de que se investigue en profundidad sobre este asunto. Nada de imputar a Juan Luis Cebrián. Los magistrados creen que no hay indicios suficientes en el procedimiento como para citar como investigado a Cebrián y otras personas a las que el propio Villarejo implicó en el caso Sogecable. De hecho, en relación con la denuncia del comisario jubilado en la que desvelaba estos hechos, los magistrados explican que pudo ser fruto del «resentimiento» porque la redactó desde la prisión.
Así pues, no parece que la causa vaya a tener mucho recorrido y que Gómez de Liaño no logrará su objetivo de recuperar su reputación, aunque, como juez, en 2025 estará en condiciones de exigir su readmisión en la Audiencia Nacional. Veremos si lo hace y lo que le contestan. Seria un nuevo objeto de controversia judicial en un país en que las carreras jurídicas se encuentran muy polarizadas
