El Consejo de Garantías Estatutarias, la más alta institución jurídico-consultiva de la Generalidad de Cataluña, declaró ayer por unanimidad que los avales a los encausados por el Tribunal de Cuentas son legales. Aunque realiza algunas recomendaciones.
Con dinero público
El Parlamento catalán esperaba el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias para someter a votación el decreto que regula el fondo subsidiario creado por el Govern. De este modo, se aprueba una partida de dinero público que servirá de garantía para la fianza de los líderes del procés en el Tribunal de Cuentas por supuesta malversación. En la votación, PSC y los comunes se han abstenido; la propuesta ha salido adelante gracias a 74 votos a favor, 19 en contra y 41 abstenciones.
Necesidad extraordinaria
El órgano consultivo ha considerado que la propuesta se ajusta al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a la Constitución Española, aunque ha recomendado modificar varios preceptos del decreto ley para «disipar» dudas. En el dictamen queda reflejado que el decreto responde a una situación de “necesidad extraordinaria y urgente” y que la Generalitat tiene competencia para crear “un instrumento de protección de sus servidores públicos”. En esa línea se manifestaba el responsable de las finanzas catalanas, Jaume Giró:
“El Fondo permitirá avalar la presunción de inocencia de los trabajadores públicos, evitar sufrimiento a las familias y mermar la sutil represión del miedo que ahoga la política”.
Sentar precedente
Una treintena de altos cargos y funcionarios catalanes han tenido que hacer frente a 5,4 millones de euros de fianza al Tribunal de Cuentas por la acción exterior del Gobierno de la Generalitat. El condenar a los líderes del Procés a hacer frente con su patrimonio podría sentar un precedente nefasto: que ningún político amparado en la legitimidad se atreviera a hacer frente al marco legal para realizar acciones políticas. Pero, finalmente, parece que el asunto tiene un desenlace que puede devolver la confianza a aquellos que se atrevan a hacer política que desafíe el statu quo.
